No hace ni dos años que Laura Borràs dio el salto a la política institucional. Profesora universitaria y directora de la Institució de les Lletres Catalanes entre enero de 2013 y enero de 2018, a raíz de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 se convirtió en diputada y, medio año después, en la primera consellera de Cultura del Govern presidido por Quim Torra. La etapa fue corta, ya que unos meses más tarde pasaba a ser la número dos por Barcelona de la candidatura de JxCat al Congreso, liderada por Jordi Sànchez. La condena del Tribunal Supremo ha inhabilitado al también expresidente de la ANC, por lo que Borràs se estrena ahora como cabeza de lista y con un mensaje inequívoco de crítica a Pedro Sánchez.

Defiende la necesidad de diálogo para encontrar una solución política al conflicto y plantea la opción de un mediador (o relator) internacional, a pesar de la negativa actual del PSOE. Critica también con la actuación de los antidisturbios de los Mossos y con la respuesta política a las condenas del Supremo, al mismo tiempo que celebra el estallido de movilización popular que han supuesto. Aspira a que la campaña le sirva para revertir los malos pronósticos que las encuestas dan a JxCat, que lo tendría difícil para mantener los siete diputados actuales.

Parece que habrá algunas diferencias con relación a la campaña de abril, en la que no todos los mensajes de JxCat cerraban la puerta a invertir Pedro Sánchez. Ahora sí que lo hacen.

Ahora podemos afirmar que Pedro Sánchez se ha revelado tan inflexible como ya imaginamos y ya percibía. Yo ya decía que no podíamos apoyar a alguien que nos desprecia, nos ignora y no quiere sentarse a hablar con nosotros, pero en cambio continuaremos abiertos al diálogo. La firmeza y la coherencia es la misma que en abril, pero la diferencia es que ahora mucha gente ve lo que nosotros ya vimos entonces. Pero, reitero, sigue siendo la oferta de sentarse a hablar, dialogar y aproximar posiciones, que es lo que debería ser la política. Si no, no estaríamos. No hay que cerrarse en banda porque el otro lo hace, porque entonces te pones a su altura. Seguimos teniendo un conflicto político y el gobierno español dejó su resolución a los jueces y se ha visto que la sentencia no lo ha solucionado, sino que ha incrementado el problema. Por lo tanto, aún tenemos más autoridad moral para reivindicar que el conflicto debe volver al espacio político, de donde no debería haber salido nunca. Lo que tenemos es un interlocutor que ha dimitido de sus funciones y de su obligación política.

¿Qué papel jugarán los presos en la campaña?

El Estado español los quiere invisibles y por eso los ha puesto en la cárcel, pero nosotros les daremos voz, estarán. Están siempre, los vamos a visitar en la prisión, siguen la actualidad, les preocupa lo que pasa y nos hacen llegar de manera permanente todo lo que piensan y que puede contribuir a mejorar la campaña. Y los escuchamos, como no puede ser de otra manera.

¿Para qué debe servir la presencia de Junts per Catalunya en Madrid? ¿Debe de ser un altavoz para reclamar determinadas cuestiones y denunciar otras?

Básicamente debe ser un altavoz para que se den cuenta que Catalunya está y no dejará de estar. Y, por tanto, las reivindicaciones legítimas de una parte muy mayoritaria de Catalunya no desaparecerán porque ellos repriman. En Madrid hay un espacio político, y todo aquel espacio político que no ocupamos nosotros para Catalunya, se ocupará contra Catalunya. Por lo tanto, es muy importante estar allí. Y estar allí de una manera determinante, con fuerza y para transmitir que se despertaron y el dinosaurio seguía allí, como en el cuento de Monterroso. Continuaremos estando y pedimos fuerza para que esta voz sea más relevante, más importante y condicione la manera de hacer política en Madrid y no puedan hacer oídos sordos a lo que nosotros planteamos. Que es una resolución política del conflicto. Como el problema lo tenemos con el Estado español, tenemos que ir a dialogar, forzarle a sentarse en la mesa y hacerle ver hasta qué punto han preferido bloquearse ellos políticamente antes de querer desbloquear el problema.

¿Habrá algún tipo de actuación coordinada entre los partidos soberanistas? Al fin y al cabo, están de acuerdo en cuestiones como el referéndum o la liberación de los presos.

La coordinación a la que aspirábamos era la máxima, que quería decir concurrir en una lista unitaria, porque es la forma más efectiva, directa y contundente de cara al Estado de mostrar la situación de excepcionalidad democrática que tenemos. Pero algunos partidos no consideran que la unidad sea tan importante como lo hacemos nosotros. Los clásicos dicen 'divide y vencerás' y la sabiduría popular, 'la unión hace la fuerza'. Desatender a los clásicos y a la cultura popular es temerario en una situación de emergencia democrática como la que vivimos. Dicho esto, cada vez que hemos planteado cosas en Madrid que nos parecía necesario hacer conjuntamente, yo no he tenido ningún problema en descolgar el teléfono y decirle "Gabriel [Rufián], lo presentamos conjuntamente". Veremos qué pasará después de las elecciones y si estos puntos en común nos podrán permitir una política conjunta.

JxCat plantea una mediación internacional para conseguir una negociación con el gobierno español. ¿Cómo se consigue?

Se consigue con valentía por parte de quien debe aceptar hacer política y, por tanto, si Sánchez no está totalmente seguro de cómo debe defender estas posiciones, la figura de un mediador o un relator lo puede facilitar y es lo que ya planteaba el Govern de la Generalitat en las conversaciones de Pedralbes. Es un punto de una lógica bastante abrumadora en cómo se han resuelto muchos conflictos en el mundo.

En aquel momento el Gobierno español hablaba de conflicto político, mientras que ahora lo hace de problema de convivencia.

Exacto. Y en ese momento se levantó de la mesa porque al día siguiente había una manifestación que debía ser el "no va más" y al final acudieron 45.000 personas. Y ahora vemos como el PSOE se manifiesta en Barcelona de la mano de los participantes [PP, Cs y Vox] en aquella manifestación. Es evidente que es un PSOE que modifica su discurso, porque no asume que tiene una responsabilidad política. Y eso significa sentarse y aproximar posiciones, negociar. La figura de un relator, de alguien que ayude a acercar las posiciones, implica ser conscientes de que tienes un problema, pero querer ser parte de la solución. El estado español, de momento, despreciando y no cogiendo el teléfono, persiste en ser parte del problema.

¿Qué necesidad tiene el Estado de aceptar una negociación? Hasta ahora no lo ha hecho y no se está hundiendo. Parece que pueda ir tirando.

No se demuestra que pueda ir tirando. Ahora vivirá las cuartas elecciones en cuatro años. Esto es no poder gobernar. Entendemos que este ir tirando los está bloqueando a ellos mismos, porque es evidente que continúan sin un gobierno pleno y abocados a procesos electorales, que lo que hace es paralizar la vida política. ¿Por qué deberían hacerlo? ¿El respeto a las minorías no debería ser una de las bases de un sistema democrático? Negar la existencia y la capacidad de reivindicación de las minorías no es propio de las democracias.

¿Sin afrontar la cuestión catalana, España es ingobernable?

Así lo pienso. Se ha visto que la ineptitud de Pedro Sánchez para gobernar pasa por su incapacidad para sentarse a hablar. No lo ha conseguido ni con su alianza natural ideológica, que es Unidas Podemos. Ha preferido hacer un guiño a Ciudadanos o al PP. Esto indica una debilidad o una incapacidad muy grande de alguien que aspira a ser presidente del gobierno. No puedes ir repitiendo elecciones pensando que la gente vota mal y esperar a que finalmente voten como tú quieres. Estás obligado a trabajar con los resultados que se obtienen y, por tanto, a actuar en consecuencia. Ya sé que añoran otros tiempos en todos los sentidos, también del bipartidismo, pero la realidad es que el voto está muy fragmentado y obliga a los políticos a hacer política. El PSOE y, en particular Pedro Sánchez, ha demostrado que no es capaz de aproximarse, de conseguir acuerdos, y con soberbia, planteamientos maximalistas y una negación de la realidad, que ni siquiera quiere coger el teléfono, demuestra una ceguera, una sordera y una miopía que paga todo el Estado español. Es muy posible que hasta que no se resuelva el asunto de Catalunya, no sea gobernable España.

Laura Borràs, cabeza de lista de JxCat al Congreso. JxCAT/JULIO DÍAZ.

Apela a algún tipo de intervención de la comunidad internacional. ¿Cómo cree que se debe llegar a ello, porque de momento lo que dicen, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos, parece no preocupar al Estado?

No le preocupa, pero a la vez la situación de fragilidad en relación con una posible económica es muy determinante. Para muchos de nosotros fue muy frustrante la reacción europea el 1 de octubre. Pensábamos que Europa nos estaba mirando y que no podía pasar lo que pasó, al menos hasta una determinada hora del día en que quizá sí Europa dijo que hasta aquí, que ya era suficiente. El trabajo que hace en Europa el president Puigdemont es fundamental. El cambio de actitud entre la opinión pública y la opinión publicada ha sido determinante. El nivel de conocimiento, difusión y sensibilidad respecto de la causa catalana ha cambiado desde el 1 de octubre. Que Puigdemont haya superado dos euroórdenes y que un estado como Alemania, después de tenerlo detenido, ordene su puesta en libertad al considerar que no es culpable de los delitos que le atribuye el Estado español, marca un antes y un después en términos jurídicos. Confirma que en España la justicia no es justa y que hay que ir a Europa para encontrar una justicia no politizada y no ideológica. Sabemos que el Estado probablemente sólo se sentará para buscar una solución si alguien le obliga a hacerlo, porque por voluntad propia no lo hará, prefiere recortar derechos fundamentales.

Hagamos política ficción. Imaginemos que hay una mediación internacional y plantea la salida de los presos, pero no un referéndum de autodeterminación, sino pongamos que un blindaje del autogobierno. ¿Sería aceptable como paso para desbloquear la situación?

En febrero de 2017, [Juan Luis] Cebrián reivindicaba la aplicación del artículo 155 contra Catalunya, que se encarcelara a líderes políticos y se suspendiera la autonomía, porque, según él, cuando esto sucediera los políticos ya no hablarían de independencia, sino que estarían preocupados en hacer salir los presos y recuperar la autonomía. Esta solución que planteas pasaría un poco por eso, pero debemos entender que no es de recibo limitar la capacidad de decidir de la ciudadanía. Una solución debe venir enmarcada en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, y eso quiere decir estar en disposición de ejercerlo, y también que con presos y exiliados no se puede resolver un conflicto que es político. La autonomía tal como lo hemos conocido ya no la volveremos a ver nunca más y en eso coincidimos todos. Hay un recorte de derechos, pero también de competencias. Los partidos unionistas, día sí día también, no es sólo que el único proyecto que tengan para Catalunya sea el 155, sino que hablan de ilegalizar a los partidos independentistas, recortar derechos y recentralizar competencias. Mientras que para nosotros la autonomía es insuficiente. Lo que queremos y necesitamos es la independencia.

¿Las protestas por la sentencia del Supremo han desbordado sus previsiones?

Más que desbordar nuestras previsiones, nosotros hemos confiado siempre en la ciudadanía, que siempre está. Seguramente lo que no se ha preparado bastante bien es la respuesta política, no se ha respondido como se requería. La semana pasada ya dije en La Vanguardia que he visto más determinación en la calle que en los partidos políticos. Naturalmente que la respuesta de los partidos no ha estado a la altura de la calle. Hago la autocrítica, pero también explico el contexto. Cuando los políticos leen la sentencia evalúan cuáles serán los costes que tendrá para el ejercicio de la política. Y que la sentencia dedique cinco páginas a hablar del no derecho a la autodeterminación es un mensaje muy claro a los políticos. Estamos hablando de que el Estado español tiene a gente en el exilio por una canción, quiere enviar a gente en prisión por un tuit... si ejercemos la política en el marco legítimo de reclamar el derecho a la autodeterminación, la sentencia nos dice que el camino son diez años de prisión. Por lo tanto, la presión que genera esta represión hace tal vez que la respuesta de los partidos haya sido más tibia y, en cambio, la de la calle sea absolutamente determinada.

¿Interpreta que la sentencia ha sido una chispa que ha hecho emerger malestares que van más allá de la cuestión nacional, sobre todo entre los jóvenes? Seguramente hay cuestiones en las que la Generalitat podría hacer más de lo que hace...

Lo que ponen en evidencia estas manifestaciones es que los jóvenes se han sentido muy interpelados por la sentencia. Han sentido coartada su libertad y esto ha despertado todo un conjunto de debates en torno a qué fórmulas de actuación política pueden ser más efectivas en materia de consecución de reivindicaciones políticas. En estos encuentros, huelgas y asambleas hay un debate muy interesante y los políticos tenemos que estar allí para escuchar y captar las reivindicaciones que hacen e incorporarlas a nuestro día a día.

De todas formas, en el ejercicio de la política una y otra vez topamos con un muro, que es el Estado español. Yo que he sido consejera de un gobierno autonómico, en el ejercicio del día a día notas la imposibilidad de llevar a cabo las políticas que necesita la ciudadanía, o bien porque no dispones de recursos, o bien porque todas las leyes que salen del Parlamento, y, por tanto, se han gestado desde el Gobierno, tras el Constitucional las bloquea. Leyes que afectan a todos, también a los jóvenes. Están preocupados por el cambio climático y teníamos una ley sobre cambio climático, pero está parada porque el Constitucional consideró que como salía de un Parlamento sedicioso no podía ser aplicada. La falta de independencia es lo que impide que estas políticas puedan ser efectivas. Es como un pez que se muerde la cola. Y es muy interesante que la gente tome conciencia de que reivindicamos la independencia como la mejor respuesta a las necesidades que tenemos. Y esto vale por el cambio climático, la igualdad entre hombres y mujeres, la pobreza energética, los problemas de vivienda... porque en todo esto la losa que nos cae encima es la del Estado.

Ha habido una fuerte criminalización de una parte de la protesta de los últimos días, donde se han visto imágenes que no son equiparables a lo ocurrido en países como Francia con los chalecos amarillos. En el trasfondo, ¿se evidencia una falta de cultura de la protesta?

Yo he estado expresando esto estos días. En una entrevista con un medio español me hablaban de la violencia de parar un tren y que la gente no pudiera llegar al trabajo, y yo decía que deberíamos matizar las palabras, porque si eso es violencia, la violencia sistemática la ejerce el Estado con la falta de recursos para infraestructuras básicas que hacen que la gente consuma su tiempo en los trenes.

Debemos medir el alcance de las palabras y se ha querido criminalizar al movimiento independentista. Los mensajes del Estado, sea el gobierno, los partidos o los medios, van en esta línea y nos encontramos con un ministro que ha sido juez de la Audiencia Nacional que ha llevado casos de etarras y dice que el independentismo es peor. A partir de ahí, cualquier ciudad que reciba el G-20, no es que tenga contenedores quemados, es que tiene auténticas barricadas.

Deberíamos poner un poco de matiz y ser un poco responsables a la hora de evaluar cuál es la situación para no sacarla de lugar, pero como que se quiere construir un determinado relato, todo vale. Y el relato es que independentismo es igual a violencia. Hay que ver la intencionalidad que hay detrás y debemos apelar a la responsabilidad de todos para no criminalizar. Y hemos de reivindicar el derecho de huelga, el derecho de protesta y la desobediencia civil no violenta.

En otras entrevistas has comentado que hay actuaciones de los Mossos de estos días que no te han gustado. En Catalunya, ¿hay un problema estructural con los antidisturbios de los Mossos, porque con independencia de quién sea el conseller de Interior se repiten las actuaciones abusivas y violentas?

Yo lo he dicho así. Todos hemos visto imágenes que sabemos que no son de recibo, que no se ajustan a los protocolos y que son de la Brigada Móvil (Brimo). Son imágenes que nos revelan que este es un problema estructural, porque las hemos visto en consellers de varias épocas. Los antidisturbios entraron a la UB para que se protestaba contra el Plan Bolonia, cuando el conseller era Joan Saura. Los Mossos han comenzado ahora la mayor auditoría interna que nunca hayan hecho. Y la reforma que probablemente tenga que abordarse es respecto a la Brimo. Hay que abordar una reforma en profundidad de este problema, que todo el mundo va viendo, pero que nadie hace. A nadie le interesa que continúen ofreciendo imágenes que no nos gustan, y no nos gustan porque no son profesionales ni cumplen sus propios protocolos.

El conseller de Interior es Miquel Buch, de JxCat. ¿Esto les puede penalizar electoralmente?

Si la gente identifica que dentro del gobierno de coalición hay dos partidos y que todo el mundo gobierna las cosas como le parecen, sin ser solidarios entre los consellers, pues nos impacta a nosotros. Lo que puedo decir es que cuando era consellera, cuando hubo huelgas de los médicos o de los maestros me solidaricé con la responsabilidad, actitud y decisiones que tomaba el conseller del gobierno del que yo formaba parte. Esta lealtad debería ser unitaria, no debería ir por bandos. El conseller Buch no va a las listas de JxCat en Madrid. Y debería poder ser compatible la lealtad institucional con el hecho de poder expresar la discrepancia con imágenes que deben poder ser corregidas. Y quedémonos con lo que pasa, que ya están siendo corregidas, ya se han tomado medidas que van en la línea de erradicarlas. En cambio, la Policía Nacional probablemente no investigará sus actuaciones, sino que probablemente los agentes serán condecorados.

¿Le queda mucha vida al actual Govern de la Generalitat?

Cuando el Estado no sabe cómo afrontar los problemas lo hace con represión y en este caso existe el juicio contra el president Torra [por desobediencia, por el caso de los lazos amarillos], que podría conllevar su inhabilitación. Pues sí, podría tener un final este gobierno, que podría ser cuando se pronuncie el tribunal respecto a la inhabilitación del presidente Torra.

Hizo el salto a la política institucional hace casi dos años. ¿Hasta cuándo se ve en ella?

Entro porque hay una situación de emergencia democrática y, al menos hasta que no salgamos de ella, mi compromiso sigue vigente.

Está en una etapa de presencia en Madrid, ¿pero se imagina asumiendo responsabilidades políticas de nuevo en las instituciones catalanas?

Yo estaba en la conselleria de Cultura, en un ámbito donde me siento especialmente cómoda, porque es mi espacio natural y es donde pienso que objetivamente puedo hacer mejor trabajo. Asumiría una responsabilidad como esta sin ningún problema si se considera que puedo hacer un trabajo por el país.

¿Y asumiendo otras responsabilidades? Ya sabe por donde voy.

[Ríe] Ahora toca las elecciones en Madrid y ya veremos qué pasa en Catalunya. Si critico a otros que hablen de candidatos a la presidencia de la Generalitat, porque tenemos que defender las instituciones, no me pondré yo a responder este tipo de preguntas.