EEUU contra Google: la compañía se enfrenta a un gran juicio por monopolio
El Gobierno federal le acusa de abusar de su posición dominante en los servicios de búsqueda para estrangular la competencia. La empresa sostiene que las personas eligen usar sus servicios porque son útiles y de alta calidad.
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Google se enfrenta en EEUU a un juicio por monopolio. El Gobierno federal le ha acusado de abusar de su posición dominante en los servicios de búsqueda para estrangular la competencia. El caso tiene ramificaciones extensas y podría tener consecuencias imprevisibles para la era de internet.
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El Departamento de Justicia de EEUU ha pasado tres años a lo largo de dos administraciones presidenciales construyendo la acusación. Para defenderse, Google ha contratado a cientos de empleados y tres poderosos bufetes de abogados y ha gastado millones de dólares en honorarios legales, según el New York Times.
El caso, conocido como US et al. contra Google, es el primer juicio por monopolio impulsado por el gobierno de EEUU en la era moderna de Internet, en la que una generación de empresas tecnológicas ha llegado a ejercer una inmensa influencia sobre el comercio, la información, el discurso público, el entretenimiento y el trabajo.
El gobierno pretende con su demanda que Google cambie sus prácticas comerciales monopólicas, potencialmente pague daños y perjuicios y se reestructure, según recoge el rotativo neoyorquino.
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En el juicio se escrutarán las relaciones entre gigantes de la tecnología, como el acuerdo entre Google y Apple que hace que las búsquedas en Safari terminen en Google.
Google ha enfrentado anteriormente acusaciones y demandas relacionadas con prácticas monopolísticas, tanto en su tienda de aplicaciones Android como en el ámbito de la publicidad digital.
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En EEUU se compara este caso con el de AT&T en 1974 y el de Microsoft en 1998, subrayando la magnitud y las posibles consecuencias del juicio actual.
El juicio estará dirigido por el juez Amit P. Mehta y se extenderá durante 10 semanas. Según la acusación, Google controla el 90% de las búsquedas en EEUU, mediante acuerdos y prácticas que limitan la competencia en el sector.
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La empresa ha defendido que sus acciones reflejan el éxito y no el abuso. Google, a través de comunicados y publicaciones, sostiene que las personas eligen usar sus servicios porque son útiles y de alta calidad. Argumenta que la competencia es amplia y que las acusaciones están "profundamente viciadas".
Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, dijo en una entrevista el mes pasado, según recoge el New York Times, que las tácticas de la empresa eran "completamente legales" y que su éxito "se reduce a la calidad de nuestros productos". "Es frustrante, tal vez irónico, que estemos viendo este caso retrospectivo y una innovación prospectiva sin precedentes", dijo.
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En la Unión Europea
En la Unión Europea (UE), Google ha enfrentado multas significativas por prácticas anticompetitivas en diversos ámbitos.
La semana pasada, según recoge Efe, la Comisión Europea obligó a Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft a cumplir con la ley de mercados digitales, la nueva normativa antimonopolio con la que la UE quiere controlar el poder de mercado de las grandes tecnológicas.
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Todas ellas cumplen con los requisitos de tener una facturación en Europa de al menos 7.500 millones de euros en los últimos tres años o un valor de mercado de 75.000 millones en el último ejercicio, o al menos 45 millones de usuarios activos y más de 10.000 usuarios empresariales al año y operar en tres países de la UE.
Bruselas considera por tanto que tienen un poder suficiente para distorsionar el mercado, por lo que en los próximos seis meses tendrán que cumplir con los criterios que ha establecido la UE para tratar de garantizar la libre competencia en la economía digital.
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En concreto, deberán cumplirlos 22 de los servicios que ofrecen las compañías: desde las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn, a los sistemas de mensajería WhatsApp y Messenger, a la plataforma de video YouTube, pasando por el buscador Google Search y los navegadores Chrome y Safari.
También los sistemas operativos iOS, Android y Windows, los servicios, Google Play y Google Shopping, Amazon Marketplace, Meta Marketplace y las tiendas de aplicaciones móviles de Apple (App Store) y Google (Google Play), así como las herramientas de publicidad en línea de Google, Amazon y Meta.
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Las seis compañías deberán avisar previamente a la Comisión Europea cuando quieran adquirir otra compañía y tendrán que designar a un interlocutor con el Ejecutivo comunitario para lidiar con los posibles incumplimientos o investigaciones posteriores.
La ley de mercados digitales cambia la lógica que ha imperado hasta ahora en la Unión Europea respecto a las normas antimonopolio, ya que las empresas deberán cumplir los requisitos de antemano, sin tener que esperar a que Bruselas inicie una investigación que suele durar años para determinar si respetan la libre competencia, en un mercado digital de rápida evolución.
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La norma les prohíbe combinar los datos personales que las empresas adquieren a través de sus múltiples servicios (por ejemplo, Meta no podrá cruzar la información entre Facebook y WhatsApp).
Tampoco podrán obligar a los usuarios a mantener instaladas en sus dispositivos las aplicaciones móviles de la propia compañía y los clientes podrán adquirir aplicaciones a través de las tiendas de la competencia.
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Los gigantes de internet tampoco podrán favorecer sus propios productos en sus motores de búsqueda y los servicios de mensajería de las grandes plataformas tendrán que ser compatibles con los de las empresas más pequeñas.
También tendrán prohibido utilizar los datos que obtienen de sus clientes empresariales para competir con ellos, una medida que afecta, por ejemplo a Amazon y Meta Marketplace.
Además, las entidades financieras podrán ofrecer servicios de pago alternativos a los que actualmente ofrecen de forma monopolística algunas de estas compañías.
Si incumplen los criterios, Bruselas podrá imponerles multas de hasta el 20% de su facturación mundial y, en último término, forzar a una reestructuración de la empresa.