No se atisba ese “pacto de las sotanas” que denunció en el Parlamento el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, cuando acusó a la presidenta Susana Díaz de haber garantizado al Obispado de Sevilla el mantenimiento de todos los conciertos en los colegios católicos de Andalucía, aun a costa de la escuela pública.

A poco de comenzar el proceso de matriculación, el Gobierno andaluz ha resuelto la oferta de plazas escolares para el próximo curso, teniendo en cuenta un descenso de la población infantil que hará que la Junta cierre aulas en aquellos colegios donde no se cubrirá el cupo que establece la ley (un mínimo de 25 niños por clase).

El periodo de escolarización, que se prolongará hasta el 31 de marzo, coincide este año con el proceso de renovación de conciertos educativos. Las casi 400 escuelas semiprivadas de Andalucía, la mayoría católicas, han solicitado prorrogar otros seis años más las subvenciones de la Junta. El descenso demográfico hacía prever que la Consejería de Educación recortaría la oferta global de plazas, de modo que toda la comunidad educativa y los partidos de la oposición en el Parlamento, de izquierda y derecha, estaban atentos a cómo Díaz resolvería el dilema: suprimir unidades escolares en la enseñanza pública o en concertada.

El Ejecutivo andaluz no sólo no ha admitido ninguna solicitud de nuevos conciertos en centros católicos, además la dirección general de Ordenación Educativa ha resuelto dejar intacta la oferta de plazas en colegios públicos, para después suprimir 11 unidades concertadas de educación Infantil.

En la práctica, supone la desaparición paulatina de 825 plazas para niños de 3, 4 y 5 años en centros semiprivados y religiosos. En realidad, la supresión de estas aulas afectará a más puestos escolares, porque ahora se elimina el concierto en los tres cursos de Infantil, que es una etapa no obligatoria, pero que también garantizaba la plaza escolar subvencionada hasta el final de la enseñanza reglada (Primaria y Secundaria).

De los 825 puestos escolares que se esfuman, 75 han sido eliminados por razones políticas, dado que corresponden a centros que segregan al alumnado por sexos. La Junta ha decidido retirar definitivamente la financiación pública a estas escuelas por estar radicalmente en desacuerdo con este modelo educativo. Se trata de los colegios sevillanos Altair y Ribamar (los dos del Opus Dei) y el Ángela Guerrero (perteneciente a la Compañía de las Hermanas de la Cruz). La patronal de Escuelas Religiosas, que representa a estos centros, presentará un recurso en los tribunales contra la decisión de la Junta de retirarles la subvención, solicitando como medida cautelar que se mantengan las ayudas.

El resto de plazas han sido suprimidas por razones demográficas, ya que se prevé un menor número de matriculaciones en las zonas donde se ubican los colegios afectados. También aquí la Junta ha sacrificado las aulas en los centros católicos semiprivados para no afectar a los públicos. En las enseñanzas intermedias también se dejarán de concertar unidades (de Primaria a Bachillerato). Sólo en la provincia de Sevilla se pierden 27 conciertos: 26 en centros educación diferenciada. Las patronales Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que representan a los centros concertados en esta región, estiman que la reducción de unidades al finalizar el proceso de escolarización será mayor, en torno a 20 colegios, la mayoría de Sevilla capital, dos en Málaga y otros dos en Granada.

Un caso paradigmático de “mala planificación educativa”, según los sindicatos de profesores, es el cierre de una unidad en el colegio concertado El Trébol, una escuela pequeña del acomodado barrio de Nervión. Hace unos años, de una sola tacada el Gobierno andaluz concertó cinco unidades de Infantil al colegio católico Portaceli, muy popular entre las familias acomodadas sevillanas, a pesar de que la comisión de escolarización de Nervión había emitido un informe desfavorable: existían plazas suficientes en el barrio, tanto en centros públicos como en concertados, y abrir cinco unidades más en el Portaceli podía desestabilizar la escolarización de toda la zona, provocando un éxodo de matrículas de otros colegios vecinos. La Junta hizo caso omiso de ese informe, y efectivamente sus previsiones se cumplieron a rajatabla: no solamente se despoblaron escuelas públicas, donde la Junta tuvo que cerrar aulas por la pérdida de alumnado, sino que también afectó a otros centros concertados próximos al Portaceli, pero con menos fama social. Desde entonces, el colegio Trébol ha ido perdiendo paulatinamente estudiantes (el curso pasado sólo recibió dos solicitudes) y hasta que finalmente ha terminado pagando la falta de previsión de la consejería, con el cierre de otra unidad escolar.

Miedo a la marea verde

La decisión de preservar las aulas públicas frente a las concertadas ha estado en el foco político las últimas semanas gracias, en parte, a la presión de la Marea Verde y de grupos como IU y Podemos, que llevaron el debate a la sesión de control al Gobierno. Díaz se comprometió en sede parlamentaria a que no eliminaría aulas públicas. “Si tenemos que elegir entre una unidad pública y una concertada, siempre prevalecerá la pública”, dijo, contradiciendo así a la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, que una semana antes había anunciado el cierre de aulas tanto en escuelas públicas como concertadas debido al descenso de la población infantil.

La presión política, social y mediática (y el recuerdo cercano de las protestas ciudadanas contra la gestión de la sanidad pública) ha hecho que Díaz no quiera arriesgarse a desatar otro frente de indignación en la gente a cuenta de la educación pública. Este jueves hay una huelga general en la enseñanza que el Gobierno andaluz respalda porque va dirigida contra la Lomce, que la Junta tiene recorrida ante el Tribunal Constitucional, y querían evitar por todos los modos que las protestas encontraran otro motivo contra el Gobierno andaluz.

En realidad, la paradoja de este debate es que ha sido la coincidencia del proceso de escolarización con el plazo de renovación de los conciertos en Andalucía lo que ha salvado del cierre las aulas en la escuela pública. Sin el debate pública-concertada, probablemente la Junta habría eliminado más unidades, como hizo el curso pasado: sólo en Sevilla se prescindió de 55 aulas en colegios públicos debido a la caída en el número de matriculaciones.

La oferta educativa pública del próximo curso será la misma que la actual en los niveles de acceso. Para el alumnado de 3 años, que se incorpora por primera vez al sistema educativo, la Junta oferta un total de 93.650 plazas de nuevo ingreso, de las que el 81,6% corresponden a centros públicos y el 18,4% a la concertada. Para el próximo curso habrá 1.447.556 plazas para las enseñanzas de Infantil (segundo ciclo), Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato. De estas, 1.183.451 son en centros públicos y el resto (264.105) en concertados. En el caso de los municipios donde conviven la educación pública y concertada, que son sólo 124 de un total de 778, no se ha eliminado ni una sola unidad pública a favor de la concertada.