El movimiento ecologista de Almería prepara una queja que presentará esta semana ante el Consejo General del Poder Judicial, según ha indicado a Público el abogado José Ignacio Domínguez, por lo que considera son dilaciones "indebidas" del Tribunal Supremo en la respuesta a sus solicitudes de nulidad y de aclaración de la última sentencia sobre el caso Algarrobico, en la que los magistrados confirman la vigencia de la licencia de obras del hotel e instan al Ayuntamiento de Carboneras a revisarla de oficio. 

Este último fallo cayó como un jarro de agua fría sobre los ecologistas que habían pedido al Alto Tribunal el derribo inmediato de la construcción, cuyas obras fueron paralizadas por un juez en el año 2006 cuando estaban cerca de su conclusión y que sigue en pie, a pesar del consenso social (salvo en Carboneras) que existe sobre la conveniencia de la demolición y de varias sentencias que dejan claro que las obras se hicieron en terrenos protegidos.

"El Supremo nos da dos días para pedir aclaración de sentencia, cumplimos el plazo. Ellos tienen tres días para responder. Han pasado tres meses desde que dictaron sentencia y no responden. La queja es por dilaciones indebidas. Ese mismo día pedimos la nulidad de la sentencia en escrito aparte y tampoco nos han contestado. Mientras no contesten no podemos acudir al Constitucional y luego a Estrasburgo", afirma Domínguez a Público.

La ley de Enjuiciamiento Civil establece en su artículo 214 que "las aclaraciones a petición de parte […deben ser] resuelta por quien [las] hubiera dictado […] dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite".

La sentencia, del pasado mes de diciembre, daba cuenta de la "complejidad" del caso Algarrobico, y recogía el "rosario de procesos" que se han seguido en este asunto. El Supremo, en sus argumentaciones, declaraba la legalidad de la licencia, otorgada en 2003, porque era "plenamente acorde al planeamiento vigente en el Municipio en dicha fecha, es decir, las Normas Subsidiaras del Planeamiento de Carboneras".

Los magistrados manifestaban que el planeamiento de Carboneras, "sigue, al menos formalmente, considerando los terrenos como urbanizables, que fue lo que propició la concesión de la licencia" y afirmaba que debía llevarse a cabo por el Ayuntamiento el procedimiento de revisión de oficio de la licencia. Esto, según Ecologistas, "supone depositar en el Ayuntamiento de Carboneras unas competencias que no le corresponden, lo que produce indefensión".

Los ecologistas interpretan que también implica un cambio "doctrinal" al respecto de lo que se venía manteniendo hasta ahora y ponen sobre la mesa una sentencia del TSJA de julio de 2021 en la que se impone a Carboneras la obligación de "tramitar" el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras del Hotel Azata del Sol, "por posible existencia de nulidad de pleno derecho". Esta es una de las cuestiones fundamentales que ha llevado al movimiento ecologista a plantear el incidente de nulidad, la petición de aclaración de sentencia y, ahora, a preparar una queja ante el poder judicial.

Un nuevo PGOU

El Ayuntamiento de Carboneas, según recoge Europa Press, ha acordado en pleno extraordinario iniciar la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal y un nuevo Plan de Ordenación Urbanística para dar "solución", entre otros "hechos trascendentales", al "cumplimiento" de las sentencias judiciales "en la zona conocida" como El Algarrobico.

Este paso es equivocado y escandaloso para las organizaciones ecologistas, porque, en efecto, mantendrá durante más tiempo el status quo actual: es decir, aleja el derribo unos años más, los que tarde en aprobarse el nuevo plan, salvo que a la Justicia no le parezca de recibo este procedimiento de revisión, que se apoya en un informe municipal. Público dio cuenta hace unos días de que el juez Jorge Rafael Muñoz Cortés, que dictó una sentencia en 2014 a favor del Algarrobico, trabaja ahora para el Ayuntamiento que busca preservarlo.

Según el documento que se remitió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los servicios técnicos daban como "alternativa" aprobar una modificación "parcial" del sector en el que se levanta el hotel de Azata, aunque abogaban prioritariamente por un "nuevo planeamiento urbanístico" debido "al cambio de normativa urbanística autonómica de Andalucía".

Por otra parte, el Supremo, en esa misma sentencia, recordaba que se ha declarado por sentencias firmes "que las obras se han ejecutado en zona de limitaciones del dominio marítimo terrestre, excluidas de la condición de suelo urbanizable, conforme ha aceptado la propia Administración General del Estado" y añadía que "esos terrenos están incluidos en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, por lo que tiene excluida esa clasificación del suelo, conforme tiene aceptado la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

El Supremo añadía, así, que lo conveniente era la demolición, pero negaba la petición de Greenpeace de ordenar el derribo inmediato, porque ello implicaría pasar por encima de los derechos, "de indudable interés económico, social y jurídico, de todas las partes involucradas". Las "soluciones han de pasar, ciertamente por la reposición de los terrenos a su estado originario, que debió mantenerse inalterable", afirmaba el Supremo. Eso sí, ahora, después de que se apruebe un nuevo PGOU, lo que puede llevar años.