El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de ley para modificar la actual Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Con este cambio, Ecologistas en Acción denuncia que la ciudadanía pierde capacidad de acción para bloquear "pelotazos urbanísticos".

"El urbanismo es un negocio cuando debería ser un derecho", lamenta a Público María Ángeles Nieto, responsable de Urbanismo y Turismo de Ecologistas en Acción. Estas modificaciones no son novedosas, pero nunca han prosperado.

"El Partido Popular intentó incluirlas en 2018, después Ábalos en el 2021, pero Unidas Podemos se opuso. En el 2022, Raquel Sánchez volvió a proponer el cambio, pero tampoco salió adelante", recuerda Nieto.

La organización sostiene que las modificaciones merman la acción popular, la cual paraliza los planeamientos urbanísticos ilegales cuando los eleva a los tribunales. "El procedimiento para aprobar estos planes contempla la participación ciudadana, pero está plagado de subjetividad y apenas tienen en cuenta las alegaciones que se presentan", explica Nieto a este medio.

"Por esta razón, cuando la ciudadanía encuentra irregularidades en el proyecto, lo lleva a la Justicia y frena su ejecución", añade la ecologista. Las modificaciones legislativas pretenden blindar los planes urbanísticos para evitar que estas denuncias impidan su realización.

"Certeza y seguridad jurídica" para los proyectos

El anteproyecto "tiene un objetivo claro: dar seguridad jurídica y dar traslado a las peticiones de municipios, se da estabilidad, certeza y seguridad jurídica", ha declarado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

"Este texto ya se aprobó en el Consejo de Ministros la pasada legislatura. La vocación de este Gobierno es contar con un amplio consenso en el Congreso", ha afirmado la socialista.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya explicó el pasado mes de febrero que la modificación pretende evitar "la paralización de los planes urbanísticos cuando los errores son subsanables".

Por su parte, Alegría ha concluido que "la percepción es que los grupos parlamentarios van a aprobar la ley, pero ahora les corresponde a ellos manifestar su posición".

Nieto denuncia a este medio que el Gobierno ha aprobado la modificación "en vísperas de Semana Santa para pasar lo más desapercibida posible". Además, califica de "lamentables" las estrategias "para ocultar y frenar el derecho de la ciudadanía para recurrir".

La ambientalista lamenta que el Gobierno no garantice la participación real y efectiva de la población en los planeamientos urbanísticos. "Si fuese así desde el principio, a lo mejor habría menos recursos judiciales", ha considerado en declaraciones a Público.

La resurrección de Madrid Nuevo Norte

Por otro lado, Ecologistas en Acción critica que el anteproyecto tiene como propósito desbloquear la Operación Chamartín, ahora conocida como Madrid Nuevo Norte. Se trata del "mayor proyecto urbanístico del Estado español", según describe la organización en un comunicado.

"En los años 50 y 60 se produjeron expropiaciones en Chamartín para construir un ferrocarril, que al final nunca se llevó a cabo", cuenta Nieto en declaraciones a Público. "Cuando la administración te expropia para un fin que no se realiza, tienes derecho a que te reviertan los terrenos, pero esto no sucedió", añade.

La zona expropiada pasó a manos de Renfe y ahora es propiedad de Adif, que pretende utilizar el terreno para la construcción de Madrid Nuevo Norte. Para ello, la empresa debe traspasar las expropiaciones al promotor del proyecto.

Sin embargo, debido a los derechos de reversión, son los propietarios originales, y no Adif, quienes aparecen inscritos en el registro, de modo que el proyecto permanece paralizado. La modificación de la ley podría desbloquear este hiato y agilizar la realización de este proyecto ampliamente criticado por su impacto medioambiental.