ZARAGOZA.- El diputado Jorge Luis, cabeza de lista de Podemos-Ahora en Común Alto Aragón, ha renunciado al aforamiento para sentarse en el banquillo de un juzgado ordinario. Luis, militante de Equo, es uno de Los 8 de Yesa, un grupo de activistas medioambientales para los que la Fiscalía pide penas que suman 36 años de cárcel e indemnizaciones por 22.000 euros como presuntos autores de un delito de resistencia supuestamente cometido en una protesta contra las expropiaciones para el recrecimiento del pantano de Yesa que tuvo lugar el 8 de octubre de 2012 en Artieda (Zaragoza).

Luis, que afronta una petición de 30 meses de cárcel, ha sido el primer diputado estatal que renuncia al aforamiento para ser enjuiciado en esta legislatura. Su defensa ha presentado en el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza un escrito en el que anuncia que renuncia de manera expresa al fuero de parlamentario, lo que iba a arrastrar el juicio hasta el Supremo, y en el que argumenta que su postura es acorde con la jurisprudencia del Supremo, que indica que las causas deben permanecer en la jurisdicción ordinaria cuando la apertura del juicio oral se ha producido antes de que el afectado sea elegido para un cargo público con aforamiento.

“Hay una renuncia expresa en la que digo que renuncio al aforamiento”, explicó este lunes en una rueda de prensa en las Cortes de Aragón. Luis, que criticó el “exceso” de aforados en la política española, consideró que el hecho de que el juicio se celebre en un tribunal ordinario “es algo bueno" para él y para todos los políticos”, ya que “se puede hacer política parlamentaria sin ningún tipo de privilegios”. “He tenido la suerte de que la vista estuviera señalada antes de las elecciones”, añadió.

“Lo que busco es justicia”

“Lo que busco es justicia. Vamos a ir al juicio a contar lo que ocurrió y a presentar las pruebas”, anotó, antes de mostrarse convencido de la absolución: “Hay suficientes pruebas que demuestran que no hubo ningún tipo de violencia en esa protesta. No pasó nada que justificase aquella carga” de la Guardia Civil como consecuencia de la cual ocho de los 150 manifestantes fueron denunciados. “No somos ocho, somos miles; no es un caso contra ocho, sino contra todos”, afirma tras añadir que "la petición de condena va contra el derecho de defender lo común de lo habitual, que es expoliarlo”.

Jorge Luis compareció acompañado por 11 de los 14 diputados autonómicos aragoneses de Podemos, grupo que defenderá en el pleno del próximo jueves una proposición no de ley en la que piden que la cámara declare su apoyo a los imputados por “protestar” de “forma pacífica”, reconozca “el derecho a la discrepancia y a la protesta, siempre que se manifiesta de forma cívica y pacífica, como un elemento fundamental para construir una sociedad democrática y plural”, y exprese “su solidaridad y confianza en la absolución” de los encartados, además de instar al Gobierno autonómico a que emita “una declaración similar”.

“Defensa cerrada y contundente de la protesta pacífica”

El secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, abogó por “una defensa cerrada y contundente del derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica” a la vez que criticó el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, una obra adjudicada por 113 millones en 2003 en la que el Ministerio de Medio Ambiente ya lleva invertidos 340. “No cumple ninguno de los criterios básicos de eficiencia, de sostenibilidad y de transparencia” exigibles a las obras públicas, anotó.

Echenique propuso “vigilar a los ministros del Gobierno en funciones”, a los que acusó de tomar, en casos como el intento de prolongar la vida útil de la central nuclear de Garoña, de “tomar decisiones de dudosa legitimidad para beneficiar a las grandes empresas”.

Podemos ha pedido la comparecencia en el Congreso del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para que explique la evolución de las obras y su situación actual. También ha solicitado que intervengan varios expertos que han mostrado sus dudas sobre la viabilidad del proyecto, el alcalde de Sangüesa —localidad navarra situada aguas abajo y expuesta a una eventual rotura de la presa— y un alto cargo del Gobierno foral de Navarra. La formación morada pide paralizar las obras por sus riesgos.