Carlos Ruipérez Dimite el alcalde de Arroyomolinos (Cs), imputado en la 'operación Enredadera'

El alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, al que Ciudadanos había abierto un expediente de expulsión por estar investigado y haber sido detenido en la operación anticorrupción Enredadera, ha comunicado al partido su decisión de renunciar a este cargo y al acta de concejal.

Según han informado a Europa Press fuentes de la formación naranja, Ruipérez se ha puesto en contacto con Ciudadanos este viernes para trasladar esta decisión, que, según han explicado, se ha demorado a causa de su estado de salud. El alcalde sufrió la semana pasada un problema cardiaco por el que fue intervenido en el Hospital Clínico San Carlos, y fue dado de alta el pasado fin de semana.

Las fuentes han precisado que Ruipérez pone "su cargo y su acta a disposición del partido" en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.3 de los Estatutos de Ciudadanos y del compromiso asumido en la Carta Ética y Financiera que deben firmar todos los cargos públicos de la formación naranja.

Dicho artículo de los Estatutos establece que los representantes institucionales y los cargos orgánicos de Ciudadanos deberán poner su cargo, y en su caso el acta, a disposición del Comité Ejecutivo en el caso de ser investigados judicialmente por un delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal, entre otros supuestos.

Ruipérez, que no había presentado alegaciones al expediente de expulsión abierto contra él y al que Cs había exigido su dimisión, llegó al poder tras un pacto de investidura con PSOE y el Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr).

A raíz de la operación Enredadera y tras conocerse que estaba investigado en este caso, el PSOE dijo esta semana que iba a formalizar su salida del Gobierno municipal y el PP amenazó con presentar una moción de censura contra el regidor.

Ruipérez fue detenido el pasado 3 de julio en una macrooperación en decenas de ayuntamientos por posibles amaños en la contratación de servicios de tráfico y gestión de multas. En la ioperación se investigaban posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.