La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá una reunión "urgente" a la Delegación del Gobierno para que "extreme las autorizaciones" de las manifestaciones "proindependentistas" hasta que cese la violencia en Catalunya, según ha anunciado en una visita a Sotillo de la Adrada (Ávila). No obstante, el derecho de manifestación es un derecho fundamental que no está sujeto a autorización previa: "Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa", recoge el artículo 21 de la Constitución Española. 

Sin embargo, la presidenta ha concretado que quiere extremar las autorizaciones de "cualquier manifestación o concentración que en Madrid pueda ser objeto posterior de altercado y destrozo de mobiliario". Además, ha afirmado que solicitará "explicaciones" sobre el motivo por el cuál se "autorizó" la marcha del pasado sábado a favor de "la amnistía de todos los presos políticos".

La petición de Ayuso se basa en la Ley Orgánica 9/1983, artículo 10, que indica que "si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación".

Así, Ayuso cree los disturbios se "se evitan no autorizándolos o incrementando la seguridad" y ha argumentado que "Madrid no puede volver a tener manifestaciones como la del sábado, ante la inacción del Gobierno de España, porque si no, la siguiente ¿cuándo va a llegar?"

Desde su punto de vista, lo que está sucediendo en Catalunya "deja claro que hay un problema de orden público y una amenaza contra la libertad y la seguridad de los ciudadanos", que en su opinión "se ven presos de este tipo de manifestaciones violentas". En este contexto, ha asegurado que, teniendo en cuenta que "las circunstancias han cambiado, ahora sí hay que extremar esas autorizaciones".

Y ha precisado que de lo que se trata es de que "todas aquellas -manifestaciones- que tengan tintes violentos o de que, por la naturaleza de quienes las convocan o porque provocan a otros violentos de otro signo político, que todo eso se evite".