Agentes de la Guardia Civil han detenido al ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, en una operación contra la corrupción con otros 50 arrestados, según han confirmado fuentes de la investigación. Todas ellas están acusadas de formar parte de una trama para el cobro de comisiones por la adjudicación de obras. Entre los detenidos de la operación Púnica, como ha sido denominada, también se encuetran el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez y el empresario inmobiliario David Marjaliza, además de media docena de alcaldes de la Comunidad de Madrid (Valdemoro, Collado-Villalba, Parla, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle), el secretario del Instituto de Turismo de Murcia y el exalcalde de Cartagena (Murcia), entre otros. La Guardia Civil registra también el Ayuntamiento de Móstoles.

Quien fuese en su día 'número dos' de Esperanza Aguirre y el resto de detenidos están siendo investigados por 'hacer favores políticos a cambio de dinero' en ayuntamientos, según fuentes de la investigación. Granados habría recibido comisiones por parte de empresas constructoras a cambio de estos favores y habría ingresado el dinero en una cuenta en un banco suizo. Granados tuvo que renunciar tanto a su acta de diputado en la Asamblea de Madrid como a la de senador el pasado mes de febrero, a raíz de salir a la luz una presunta cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros (él sólo confirmó haber tenido 300.000 euros en cuentas de Suiza antes de dedicarse a la política).

Cobraban comisiones del 2 y el 3% a cambio de adjudicar obras a empresas

Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solo en los dos últimos años esta trama de corrupción municipal y regional se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros. Según fuentes jurídicas, los políticos implicados cobraban comisioines de hasta el 2 y el 3% de cada contrato, por lo que se calcula que podrían haber obtenido unos beneficios que oscilarían entre los 5 y los 7 millones de euros.

Se trata, dice la Fiscalía, de 'una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas'.

La red operaba en Madrid, Valencia, León y Murcia

La trama de Granados tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados y no la financiación de sus respectivas formaciones, según informan fuentes jurídicas. La trama giraba en torno a dos conseguidores (los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca), que se dedicaban a mediar entre empresaris y políticos con influencias para la consecución de contratos públicos en la gestión de servicios. No obstante, un agente de la Guardia Civil, que ahora está imputado por revelación de secretos, alertó a Granados de que estaba siendo investigado, según revelaron las conversaciones telefónicas entre ambos, grabadas en el curso de la investigación. 

Hay seis alcaldes madrileños detenidos, del PP, PSOE y UDMA

El que fuera mano derecha de Aguirre ha salido poco después de las tres de la tarde en un coche custodiado de la Guardia Civil de su domicilio en Valdemoro, donde se han estado haciendo registros desde por la mañana. Unos minutos antes, dos personas han salido del mismo garaje con una carpeta de plástico llena de papeles, discos informáticos y matasellos.

Francisco Granados fue, además, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el Gobierno de Aguirre y alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Fue también el encargado, en 2003, de presidir la Comisión investigadora del tamayazo, pasando a ser uno de los hombres fuertes del Gobierno de Aguirre.

La operación la dirige la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, en manos del magistrado Eloy Velasco y estaba planificada desde el miércoles de la semana pasada. Las detenciones y registros están a cargo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que además de las 51 personas arrestadas en Madrid, Valencia, León y Murcia, han realizado 259 registros, 400 mandamientos a entidades bancarias y 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.  

A la trama se le acusa, entre otros delitos, de organización criminal 

La operación ha recibido el nombre de Púnica por el apellido del principal político implicado, Francisco Granados, ya que la denominación del árbol del granado en latín es púnica granatum. Como es habitual en este tipo de operaciones se elige un nombre singular con significado para los investigadores. Lo mismo ocurrió con la denominada Operación Gürtel, que hacía referencia al apellido de su presunto cabecilla, Francisco Correa, pero en alemán.

A la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.  La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año, con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades suizas 'por sospechas graves de blanqueo', que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil.