Derogación de la reforma laboral El acuerdo de coalición se impone y el Gobierno se prepara para derogar la reforma laboral y modificar las pensiones

Dos documentos han logrado despejar dos de las incógnitas que avanzaban tensión y complicaciones en el seno del Gobierno de coalición y que prometían baches en una legislatura que había cogido un impulso crucial tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Son los dos borradores que el Ejecutivo envió el lunes a la Comisión Europea y que recogen las líneas maestras de las reformas que España pretende hacer en materia de pensiones y de mercado laboral de la mano de los fondos europeos de reconstrucción.

En estos informes se constata el triunfo de los acuerdos a los que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegaron a finales de 2019, cuando se coaligaron en un Gobierno que se ha mantenido estable desde entonces, aunque no ausente de tensiones, discrepancias y conflictos. Si el cumplimiento del programa de Gobierno no ha sido históricamente una garantía en las legislaturas de ejecutivo monocolor, hasta el momento la hoja de ruta pactada entre el PSOE y Unidas Podemos se está imponiendo en la agenda de reformas, aunque no lo ha tenido fácil.

Uno de los puntos más importantes de ese documento es el que hace referencia a la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012. El programa pone sobre la mesa tres medidas concretas calificadas de "urgentes".

La derogación del despido causado por bajas por enfermedad (ya aprobado a través de un decreto del Gobierno y tramitado como proyecto de ley en el Parlamento); la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, "haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo"; y la derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

También se recogen otros compromisos en esta materia, como la limitación de la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa; la limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa; y la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándose al descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

Todas estas modificaciones han estado en la cuerda floja hasta este mismo lunes, cuando el Ejecutivo envió a la Comisión Europea el borrador de reformas en materia de mercado laboral, un documento que, según han avanzado varios miembros del Gobierno, contiene todos los puntos antes descritos. Pero hace apenas unas semanas, el PSOE y Unidas Podemos se encontraban, precisamente, negociando el contenido del borrador que iban a enviar a Bruselas.

La 'carambola' de las pensiones

Los miembros socialistas del Ejecutivo han evitado en el último año referirse a la "derogación" y, de hecho, tras alcanzar en mayo del pasado año un acuerdo parlamentario con EH Bildu en esta materia, a última hora modificaron las condiciones del pacto para referenciarse al contenido del programa de Gobierno y omitir el término "derogación íntegra de la reforma laboral".

A finales del pasado año los sindicatos incrementaron la presión sobre el Ejecutivo y le instaron a cumplir ya con el acuerdo de coalición, a la vista de que la reforma parecía bloqueada. El documento enviado a la Comisión Europea despeja las dudas y, aunque aún quedan por librar importantes batallas acerca del calado de las reformas en la mesa de diálogo social que abordará esta materia, la dirección del borrador (que Bruselas debe revisar) sitúa a las tesis del acuerdo de coalición como el marco en el que se debe desarrollar la reforma.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a abrir este "melón" cuando finalicen los trabajos de la mesa de diálogo sobre plataformas digitales, que aborda la regulación de los denominados riders y cuyo final está próximo. Otra cosa será que se alcance un nuevo acuerdo con los agentes sociales, ya que los empresarios rechazan cambiar estos tres puntos.

Si el documento sobre el mercado laboral fue fruto de una negociación entre los dos socios de Gobierno, el que contiene la reforma de las pensiones responde a una carambola que todavía no ha terminado de ser comprendida por todos los actores implicados. El Congreso alcanzó a finales del pasado año un acuerdo en el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que sienta las bases de las reformas en el sistema de pensiones y de Seguridad Social.

La propuesta de ampliar el periodo de cotización en el cálculo de la pensión no encontró ningún aliado

Este se presuponía el paso más complicado, ya que el consenso necesario para abordar una reforma de este calado requiere de una gran mayoría en la Cámara, una mayoría a la que se sumó incluso el PP. Sin embargo, cuando el camino de la reforma de las pensiones parecía despejado, llegó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno una propuesta que, en contra de lo establecido en el Pacto de Toledo, pretendía incrementar el periodo de cotización del cálculo de la pensión de los 25 años hasta los 35.

La propuesta estaba recogida en un informe del ministerio dirigido por José Luis Escrivá en materia de pensiones y en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, con el que el Gobierno quiere afrontar la salida de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

En pocos días, los autores de la propuesta pudieron constatar el rechazo del socio de gobierno, Unidas Podemos (que afirmó que votaría en contra si la propuesta llegaba al Congreso); la ausencia de una mayoría parlamentaria para aprobar la reforma; y la postura radicalmente contraria de los sindicatos, que amenazaron incluso con movilizaciones si se incluía en la mesa de diálogo que aborda las modificaciones en el sistema de pensiones. Tal fue la presión sindical, que en ninguna de las reuniones celebradas se llegó a mencionar este asunto.

El documento que se envió el lunes a la Comisión Europea finalmente no recoge esta propuesta, y el propio Escrivá ha renegado de ella en varias ocasiones en los últimos días. En este sentido, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias aseguró que "llevamos varias semanas diciendo de manera muy nítida y clara, así se lo transmití a Pedro Sánchez, que para nosotros sería inaceptable cualquier recorte de las pensiones, porque además el acuerdo de Gobierno es tajante en eso. Acordamos revalorizar el poder adquisitivo de las pensiones".

Preguntado por si considera que la propuesta de aumentar el periodo de cotización en el cálculo de la pensión era una "batalla ganada", afirmó que "si alguien ha ganado esta batalla son los pensionistas del presente y los pensionistas del futuro; esto no es ni una victoria de Unidas Podemos ni de Pablo Iglesias".

Fuentes socialistas dan por bueno el acuerdo finalmente alcanzado y las propuestas enviadas a Bruselas, porque cumplen el pacto de Gobierno firmado con Unidas Podemos. Y, por una parte, limita la reforma laboral a los aspectos más lesivos (los socialistas siempre se han opuesto a una derogación completa y siempre remiten su reforma global a un nuevo Estatuto de los Trabajadores) y, por otra, se recoge el espíritu de la propuesta del Pacto de Toledo aprobada en el Congreso.