Derecho “El Colegio de Abogados no ha tenido la iniciativa para enfrentar a los poderes públicos”

Este miércoles 13 de diciembre el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) elegirá a su próximo decano o decana para un período de cinco años. De los cinco candidatos que se presentan, la única mujer que encabeza una candidatura completa pertenece a la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA). Se trata de la abogada Luz Elena Jara Vera, natural del Perú, quien lleva 25 años de ejercicio de la abogacía como letrada del turno de oficio. Tras cursar sus estudios de derecho en la Pontífica Universidad Católica de su país de origen, continuó su formación en la capital de España en el año 1988. Poco después, comenzaría su carrera profesional dedicada a la defensa de los más vulnerables en el turno de oficio de Asilo y Refugio, y Extranjería. En la actualidad, lleva a cabo su labor profesional en el Turno Contencioso Administrativo ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

ALA centra sus esfuerzos y sus esperanzas en la democratización y la transparencia del colegio profesional. Entre sus banderas está la defensa de la abogacía y los ciudadanos de a pie, que han visto mermados sus derechos durante la crisis, y la lucha por la igualdad de la mujer dentro de la institución a punto de concluir el mandato de la primera decana. “Nuestro colegio es una corporación machista. Incluso lo ha sido durante el mandato de la primera mujer decana. Se dirige como las instituciones del siglo XIX, representando los intereses de las grandes corporaciones de abogados, dirigidas mayoritariamente por hombres: para estos grupos, los problemas de las mujeres que ejercemos la abogacía ni siquiera son conocidos. El colegio de abogados de Madrid no nos tiene presentes ni en el nombre”, defiende la candidata Luz Elena Jara en una carta abierta a la abogacía de Madrid.

¿Qué ha supuesto el mandato de Sonia Gumpert para el Colegio de Abogados?

Nuestra valoración es negativa. Hemos presentado varias denuncias al Consejo de Transparencia porque la junta actual no ha comunicado a sus colegiados ni los presupuestos ni las actas de los convenios ni la distribución de los gastos. El actual equipo de gobierno tiene dos condenas por no respetar la transparencia.

Otro de los puntos negros de la institución es la ausencia de una perspectiva de género

Ahora mismo las mujeres colegiadas somos el 42% de la abogacía en Madrid y, sin embargo, la Comisión Electoral que se ha constituido para estas elecciones está formada por nueve hombres y una mujer. Con lo cual, la Ley de Igualdad existente en el propio colegio se incumple. En tanto no se reconozca que esta ley tiene que aplicarse en las mismas condiciones, sin discriminar en ningún sentido a las abogadas por su condición de ser mujeres, podremos dar un paso adelante. Una de las razones por las que ALA siempre nombra a una candidata es para reivindicar la igualdad

Desde ALA afirman que las elecciones al Colegio de Abogados siempre han sido una carrera para ocupar sillones y hacer negocio. ¿Estas elecciones se plantean en los mismos términos o se presenta la oportunidad idónea para que cambie la institución?

Se les olvida que el colegio es una corporación de derecho público y los servicios que debemos dar a los colegiados deben de serlo también

La asociación presenta una candidatura para ganar y que, tras 400 años de inmovilismo del colegio, cambie para bien. Es una candidatura que representa a la abogacía de a pie, los colectivos de la plataforma de hipotecas, abogados que trabajan en el orden jurisdiccional penal con los derechos humanos, compañeras que están en el orden social y que conocen toda la temática actual que afecta a los derechos de los trabajadores, etc. Solo con esa representatividad podemos plantar cara al resto de contrincantes y decirles que son más de lo mismo. La Junta de Gobierno actual tiene una serie de diputados que están representados en las otras cuatro candidaturas, aunque parezca que hay muchas opciones son todas continuistas. Antes los grandes despachos se presentaban de una forma conjunta apoyando a una única candidatura, y es ese gobierno en función de los intereses económicos el que ha llevado al ICAM a la situación crítica que arrastra en este momento. Aunque discutan y armen el escándalo bochornoso que se produjo en el debate, con una falta de educación tremenda, en realidad todos representan a los mismos despachos que han mandado siempre. Pero se les olvida que, además de ser el colegio abogados más grande de Europa, es una corporación de derecho público y los servicios que debemos dar a los colegiados deben de serlo también.

¿La privatización de los servicios es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta al colegio?

Lo único que se está planteando es externalizar los servicios que debería ofrecer el colegio y no debería tener afán de lucro. La candidatura de Alonso está expresando claramente que quiere dirigir el colegio como si fuera una empresa transnacional. ¿Qué hacemos con los colegiados jóvenes que necesitan becas y cursos de formación? Estamos viendo como los letrados que asisten a los cursos bajan cada año porque se da prioridad a los másteres de empresas privadas. Ese es uno de los servicios que queremos recuperar para todos los colegiados. La justicia gratuita del turno de oficio es otro derecho básico de los ciudadanos con menos recursos y nos tenemos que enfrentar a empresas pro bono o fundaciones privadas que llevan la asistencia jurídica gratuita con ánimo de lucro.

¿El ICAM se ha mantenido al margen de las cuestiones políticas y sociales que han afectado a los colegiados de la Comunidad de Madrid?

Los que dirigen el colegio no son gente que trabaja en pequeños y medianos despachos como la gran mayoría

El Colegio de Abogados no ha tenido la iniciativa para enfrentar a los poderes públicos en la necesidad de concienciar de la defensa de lo que es un servicio público. Los abogados, a diferencia del resto de trabajadores, no tenemos un solo día de vacaciones. No tenemos derecho a la desconexión y a la conciliación. Se hace esa excepción con nuestra profesión porque no tenemos un colegio que represente a los abogados de a pie. Los que dirigen el colegio no son gente que trabaja en pequeños y medianos despachos como la gran mayoría. Trabajan en grandes despachos dedicados a arbitrajes, mediaciones y negociaciones internacionales que nada tienen que ver con el trabajo cotidiano que los colegiados hacemos en los juzgados.

¿La degradación de su actividad se ha visto agravada por la gestión colegial?

Efectivamente, lo sufrimos a diario cuando tenemos problemas con los protocolos de asistencia a los detenidos, con el turno de oficio que estamos pésimamente remuneradas, en el acceso a los servicios sociales de menores o de violencia contra la mujer, etc. Hay una falta total de respeto al ejercicio profesional de la gran mayoría de abogados y abogadas que ejercemos en Madrid. Existe la percepción por parte de la opinión pública de que cobramos cantidades ingentes de dinero, pero es una percepción del grupo minoritario que desgraciadamente representa a todos los abogados. La gran mayoría de letrados hemos sufrido la crisis, al igual que el resto de ciudadanos. Aun así, hemos seguido defendiendo nuestro trabajo y los derechos de las personas a las que defendemos.

La Comunidad de Madrid ha estado regida por proyectos faraónicos como la Ciudad de la Justicia ¿Qué papel ha jugado la gestión política de la justicia en la comunida?

La Ciudad de la Justicia ha tenido dos proyectos faraónicos que han intentado reflotar y hemos pedido que haya transparencia, que se presenten e investiguen las cuentas y conocer dónde ha ido a parar el presupuesto que hemos pagado con nuestros impuestos todos los madrileños. Es esencial una justicia digna, rápida y eficaz para los ciudadanos y que este centralizada. Eso existe en la justicia de Valencia, Barcelona o País Vasco. ¿Por qué en Madrid no es así?, porque han existido casos de corrupción que no se han resuelto y seguimos con la misma administración que no pretende resolverlo. Con los mismos responsables es imposible que pueda surgir un proyecto transparente que sea útil para la profesión.

¿Han cambiado las condiciones de los abogados del turno de oficio desde la huelga de 2015?

Ha habido todo un movimiento asociativo en defensa del turno de oficio y hemos logrado que la opinión pública sea consciente de que si no tienes justicia -y un abogado que te defienda en igualdad de condiciones- no tienes derechos. A pesar de ello, sigue sin reconocerse con los mismos baremos y compensaciones a todos los letrados. El servicio no lo está garantizando el Estado, el servicio funciona porque nosotras lo estamos subvencionando. Un abogado del turno de oficio que se hace cargo de un caso no cobra en los ocho o nueve meses que puede durar un caso. Hay un compromiso absoluto por parte de las compañeras que están en el turno de llevar la defensa hasta el final. La dignidad de la abogacía está en el turno de oficio y lo hacemos por vocación. En la Comunidad de Madrid tenemos los baremos de pago del año 2003 cuando Esperanza Aguirre nos los redujo en un 20%.

¿El Estado no garantiza el derecho a la defensa?

Las directivas europeas que garantizan el derecho a la defensa no se han traspuesto de manera adecuada. Los compañeros que asisten a los detenidos y, que por ley deberían de tener un trato adecuado, no ven garantizado su acceso a los atestados o a la entrevista previa con sus representados. En la actualidad, aunque tengamos resoluciones judiciales reconociendo el derecho a la defensa de los detenidos, solo hay dos turnos por la mañana en los Juzgados de Castilla. Con lo cual, si te detienen por la tarde vas a dormir en los calabozos porque no hay nadie para asistirte. Eso es gravísimo para el derecho a la defensa y a la libertad.

La actual decana afirmaba que la justicia gratuita, con la última reforma, ya no es la niña fea de la justicia. ¿En qué situación se encuentra?

El gobierno no se ha atrevido a firmar una ley de privatización de este servicio, porque sabe que es un servicio público y esencial para la ciudadanía. A través de otras leyes, como la Ley Ómnibus, han intentado dificultar el ejercicio de este derecho subiendo los baremos por los que los ciudadanos acceden a la justicia gratuita. Eliminaron el concepto de salario mínimo profesional, de manera que si una familia gana 1100 euros -en conjunto- ya no tendrá acceso a la justicia gratuita.