Denuncian el abandono institucional de cinco familias de Gaza acogidas en Euskadi que están a punto de quedarse en la calle

El Gobierno español no ofrece alternativa habitacional a cinco familias de Gaza acogidas en Euskadi. En noviembre de 2023, en respuesta al aumento de la violencia de Israel contra Palestina, el Ejecutivo repatrió a 139 hispano-gazatíes. En los meses posteriores, otros 15 menores junto a sus familias también fueron repatriados. Su acogida se distribuyó entre varias comunidades autónomas. En total, cinco familias gazatíes llegaron a Vitoria-Gasteiz para recibir asistencia. Estas familias cuentan con al menos un miembro con nacionalidad hispano-gazatí y entre ellas se encuentran diez menores de edad. 

Tras un año de acogida en distintas localidades de España, estas familias se han visto obligadas a cambiar de entorno en al menos tres ocasiones. La organización Euskal Herriko Kontseilu Soizalista (EHKS) asegura que "no han tenido un hogar propio y estable, ya que los únicos alojamientos disponibles han sido hostales privados o albergues municipales". Añaden que, en ambas situaciones, "las familias no han tenido acceso a una cocina ni al espacio adecuado para llevar a cabo su vida familiar". 

Recientemente, apoyadas por la organización EHKS y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, las familias han denunciado que se han encontrado "sin alternativas" por parte del Gobierno español y de las administraciones vascas y de Vitoria-Gasteiz.

En un comunicado, los sindicatos explican que, a partir de agosto de este año, los responsables de los programas de acogida en los que se encontraban las familias les informaron que debían abandonar los albergues y hoteles. Tras varias prórrogas concedidas en el último momento, se estableció un plazo límite para su desalojo, informan. Según afirman, se les ha dado hasta el 31 de octubre para dejar el albergue sin ofrecerles ninguna alternativa. Detallan que les avisaron "hace una semana" que el Gobierno dejaba de financiar el Proyecto Gaza a partir del 6 de octubre, y que ellos intentarían mantener la financiación, como máximo, hasta el 31. Sin embargo, "este plazo se ha ampliado dos meses más".

Les dijeron que debían buscar por su cuenta una solución

Desde el momento en que se les notificó que debían abandonar la vivienda, las familias comenzaron lo que el Sindicato califica como un "laberinto burocrático". Desde Servicios Sociales les informaron que no había ninguna alternativa y que debían buscar por su cuenta una solución antes de la fecha límite. Las instituciones municipales las derivaron a Lanbide (servicio vasco de empleo), mientras que desde el programa de acogida se les ofreció la opción de permanecer en un hotel pagando 400 euros a la semana, una propuesta que el Sindicato considera "insultante".

Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria: "Los propietarios les exigen presentar nóminas, pero si acaban de salir de una situación de guerra, ¿qué nóminas van a presentar?" 

Actualmente, las familias señalan que no hay ninguna alternativa sobre la mesa y que esta nueva prórroga solo prolonga "la agonía de esperar una prórroga tras otra". Mientras tanto, afirman que carecen de recursos. Ante esta situación, el Sindicato de Vivienda y EHKS denuncian la grave crisis de vivienda y añaden: "Muchos quieren encontrar alquileres, pero no lo logran debido a los filtros racistas y clasistas de los propietarios. Les exigen presentar nóminas, pero si acaban de salir de una situación de guerra, ¿qué nóminas van a presentar?".

Además, relatan el caso de una familia que, ante la amenaza de quedarse en la calle, fue víctima de una estafa de alquiler, ya que le hicieron pagar 700 euros para ver una vivienda que no existía. Por ello, resumen las demandas de las familias: que se acelere al máximo la resolución de sus peticiones de asilo y que las instituciones ofrezcan de inmediato una alternativa habitacional de calidad y permanente.

El Sindicato Socialista de Vivienda y EHKS denuncian la "hipocresía" del Gobierno español y de las instituciones autonómicas, resaltando la abundante propaganda que se realizó sobre la repatriación. La portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda ha afirmado: "Después de anunciar a bombo y platillo la repatriación de estas familias, y tras sacarse la foto, ¿de verdad cuesta tanto ofrecer una alternativa a cinco familias?".

Las familias subrayan que han escolarizado a sus hijos en la ciudad, lo que ha fomentado su arraigo. "A la experiencia de haber presenciado un genocidio, no le sumemos más sufrimiento innecesario", sentencian.