Existe un hilo conductor entre la estrategia que emprendió la derecha en enero de 2020, cuando se constató electoralmente su papel de oposición, y los llamamientos a concentrarse contra la amnistía no nata y la investidura de Pedro Sánchez que han derivado en violentas protestas frente a la sede central del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Todo en un contexto donde Sánchez ya se ha asegurado prácticamente los 179 votos favorables para ser investido de nuevo presidente.

El PP y Vox llevan inmersos en una estrategia de desgaste y oposición frontal al Gobierno de coalición desde hace más de tres años, un plan de continuidad que tiene muchas aristas y que toma formas distintas en función del ámbito en el que se aplique.

El primero fue el discursivo. En enero de 2020 Pedro Sánchez se presentó a un debate de investidura en el Congreso de los Diputados tras haber cerrado los apoyos suficientes para poder superarlo. Estaba decidido a gobernar con Unidas Podemos (ya había rubricado un acuerdo de coalición con Pablo Iglesias) y había atado el apoyo de ERC y la abstención de EH Bildu en una negociación parlamentaria.

“Ilegítimo”, “ultra” o “sociópata ambición personal” fueron algunos de los insultos que el Ejecutivo y Sánchez recibieron por parte del entonces líder del PP, Pablo Casado, y el de Vox, Santiago Abascal, que también acusaron a los aliados parlamentarios del Gobierno de “golpistas” o, incluso, durante la intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, de “asesinos”.

El tono parlamentario de la derecha y de la ultraderecha continuó durante toda la legislatura y en noviembre de 2022 tuvo uno de sus mayores exponentes en una intervención de Carla Toscano, diputada de Vox, durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado. “El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”, le dijo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que también se refirió como “libertadora de violadores”.

Insultos machistas en el Congreso

El Pleno tuvo que interrumpirse tras esta declaración y las parlamentarias feministas del Congreso protagonizaron una instantánea para apoyar a la titular de Igualdad y denunciar el machismo de la ultraderecha también en las instituciones.

Diputadas de grupos como el PSOE, Unidas Podemos o ERC también denunciaron en varias ocasiones ante la Presidencia de la Cámara que los parlamentarios de las bancadas del PP y Vox lanzaban “decenas de comentarios machistas y denigrantes hacia las mujeres” fuera de micrófonos. Carmen Calvo, Adriana Lastra, Sofía Hernanz o Pilar Cancela fueron algunas de las diputadas que lo denunciaron.

El discurso duro se ha empleado en todo momento y en cualquier circunstancia, también en las más críticas. Durante la pandemia del coronavirus, el PP y Vox acusaron al Gobierno de coalición de ocultar y “falsear” las cifras de las personas fallecidas. En este periodo el PP respaldó la activación del estado de alarma para poder contener los contagios, pero posteriormente retiró su apoyo a la medida y el Ejecutivo sacó las prórrogas gracias al apoyo de sus aliados parlamentarios.

La estrategia de desgaste al Gobierno se ha articulado más allá de lo discursivo. Vox presentó dos mociones de censura a Pedro Sánchez durante la pasada legislatura (ninguna tuvo visos de salir adelante). La primera de ellas, en octubre de 2020, en plena pandemia de la covid-19 y a las puertas de iniciar la campaña de vacunación con las primeras dosis validadas. Abascal, que sólo obtuvo los apoyos de su grupo en la moción de censura con menos votos de la historia, sentenció: “Señorías, han decidido ustedes la continuidad del Gobierno de la ruina y de la muerte de muchos españoles”.

Un bloqueo institucional sin precedentes

Otro de los principales campos de batalla de la derecha contra el Gobierno de coalición ha sido el judicial. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva bloqueada casi cinco años por la negativa del PP para llegar a un acuerdo. Tanto con Casado como con Feijóo el pacto ha estado cerca. Casi hecho. Pero los populares han ido sumando diferentes excusas a lo largo de estos años.

Desde el Gobierno contabilizan cerca de 25 excusas diferentes. Desde la participación de Podemos en el Gobierno o los pactos con ERC y EH Bildu pasando por la necesidad de cambiar el sistema de elección del CGPJ. Una de las últimas excusas de Feijóo, cuando el pacto se preveía inminente, fue la reforma de los delitos de sedición y malversación.

El bloqueo del CGPJ generaba a su vez otro en el Tribunal Constitucional. Pero en este caso Sánchez sí decidió actuar para al menos asegurar la renovación de este órgano. “No podemos seguir esperando al PP para que funcionen los tribunales en nuestro país”, destacaron entonces los socialistas. La decisión del PSOE chocó de lleno con el propio TC y se vivieron momentos de máxima tensión en diciembre del pasado año.

En una decisión sin precedentes, el TC, con mayoría conservadora, atendió una petición del PP para paralizar la votación en el pleno del Senado que iba a reformar el Código Penal. En esa proposición de ley se introducían los cambios necesarios para renovar el TC.

“Es un hecho grave. Por primera vez se impide a los parlamentarios que desarrollen su labor de representación de la voluntad popular. Comprendo la indignación de muchos demócratas, y la preocupación de la ciudadanía, que contempla un choque institucional tan grave e inédito en España y en Europa”, destacó Sánchez en una declaración institucional convocada de forma expresa para este asunto.

Días antes el Congreso había estado a punto de seguir el mismo camino pero el pronunciamiento del TC no llegó a tiempo como sí sucedió luego en el Senado. Sánchez denunció los intentos de “complot burdo” por parte de la derecha para paralizar la actividad parlamentaria. Finalmente el TC se pudo renovar. No así el CGPJ. PSOE y Sumar buscan ahora mecanismos para hacerlo sin recurrir al PP cuando se forme Gobierno, como informó este medio.

Ataques a las sedes y la responsabilidad del PP

El último episodio ha tenido lugar en las calles. La ultraderecha, con Vox al frente pero también con grupos neofascistas y falangistas, ha convocado diferentes concentraciones en las sedes del PSOE. Especialmente numerosa y de carácter violento, fue la de Ferraz, en Madrid. Además, los socialistas han denunciado otros ataques a diferentes sedes en todo el país.

Para los socialistas, estas protestas van mucho más allá del rechazo a la ley de amnistía que se ha pactado con Junts y ERC. “Lo que no aceptan es que los próximos cuatro años este país va a tener un presidente socialista, en definitiva lo que no están aceptando ni quieren aceptar es la soberanía popular”, denuncian en la dirección del partido que lidera Sánchez.

En el PSOE miran además de forma directa a Feijóo. El líder de los populares se ha demorado en condenar la violencia de las manifestaciones. Además ha señalado al propio Sánchez por ser el principal responsable del “malestar social” que hay en las calles.

Para los socialistas, la simbiosis del PP con Vox como socios de Gobierno es ya total. Critican que la imagen de moderación con la que se presentaba Feijóo cuando llegó al liderazgo del partido ya se ha esfumado. Y ven con cierta preocupación la tensión en las calles, algo que notan en su propia piel. Al mismo tiempo, lanzan un mensaje claro, como hizo el propio Sánchez ante los trabajadores de Ferraz este miércoles. No los van a intimidar, la investidura es más necesaria que nunca y, por tanto, habrá Gobierno.