Medias verdades, realidades ocultas, argucias legales para esconder la franqueza del dato en frío. Es el abecé de la estrategia de comunicación del Ministerio de Defensa, lo es desde hace años, lo es pese a las órdenes del Tribunal Constitucional y lo es tanto para las cosas pequeñas, como el coste real de un desfile militar, como para las más considerables, como es su presupuesto oficial. 

La ministra María Dolores de Cospedal aseguró hace un año que el modus operandi del Ministerio iba a cambiar. Comunicó que las cuentas oficiales para 2017 incluirían por primera vez el pago de las compras de armamento como exigió el TC (unos 1.000 millones de euros al año), algo que las inflaría un 32%. La conservadora se mostró dispuesta a aceptar esa cifra para marcar distancias con su antecesor, el impopular Pedro Morenés, y hacer el gasto en Defensa más transparente.

Esa fachada de la ministra apenas ha durado meses. El BOE recogió en septiembre que Cospedal mintió al comunicar al Congreso y a los ciudadanos que el gasto en Defensa durante el año 2017 sería de 7.639 millones de euros. En julio, prácticamente a mitad del ejercicio, ya superaba los 8.800 millones. 

Pero eso no es todo. Con el beneplácito del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Cospedal ha continuado con una práctica presupuestaria ininterrumpida desde la época socialista: camuflar gastos intrínsecamente asociados a la actividad militar en partidas fuera de las cuentas oficiales de Defensa. De esta forma, es el Fondo de Contingencia (destinado a imprevistos) el que paga las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior de España, que suponen unos 1.000 millones de euros al año; es el Tesoro Público quien se hace cargo de los intereses derivados de la deuda pública en proporción al gasto militar del Estado; y es el Ministerio de Industria el que financia las subvenciones públicas para el desarrollo de nuevas armas, el I+D militar.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, visitando a las tropas en misión en Dakar. Las misiones en el exterior son una de las partidas que no se pagan a través del Ministerio de Defensa a pesar de ser una actividad militar.  EFE/Sergio Barrenechea

¿A cuánto asciende el gasto real del Estado español en materia de Defensa? Según un reciente estudio del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, a 18.776 millones de euros. Más de 11.000 millones por encima de lo presupuestado, 51,4 millones de euros de gasto diario, una factura anual de 404 euros para cada ciudadano. Casi 19.000 millones que equivalen a más del 1,6% del PIB, muy lejos de la cifra por debajo del 1% que comunica habitualmente la cúpula de Defensa.

El Delàs, socio en España del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés) incluye en su análisis otras partidas que deberían estar bajo el epígrafe "Defensa" además de las ya mencionadas. Están, por ejemplo, la seguridad social de los militares, la mutua militar, la Guardia Civil (que pese al rechazo de un sector muy importante de agentes sigue siendo un cuerpo militarizado) o el CNI, ya que está "dirigido por un militar y el 50% se sus miembros son militares".

Menos gasto social, nuevos programas de armas

El estudio destaca que pese a los "fuertes ajustes en la mayoría de los ministerios" y el "crecimiento prácticamente nulo en todo el gasto no financiero", el desembolso en Defensa aumenta. "Se prioriza el pago en armamentos de nula necesidad social
que sólo beneficia a las empresas militares", afea el Delàs, que revela que la regresividad en lo social parece no ser óbice para que el Gobierno anuncie nuevos créditos presupuestarios para compras de armamento. 

Defensa ha comunicado que planea hacerse con "los blindados Piraña 8x8, de un coste previsto de 1.600 millones de euros, una nueva Fragata F-110 por 800 millones, y cuatro drones UAV Reaper por un valor de 160 millones de euros. Es decir, que los Programas Especiales de Armamento continúan aumentando su número, sus costes y en consecuencia, las deudas", concluye la investigación.