@CdelCastilloM

MADRID.- "La AUGC no se anda con rodeos, cuando se sientan y dicen esto es blanco... A mí me sorprendió cuando empezamos a negociar, no creía que tenían esa contundencia", afirmaba recientemente una diputada sobre la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Trataba de convencer a representantes de asociaciones profesionales militares de las posibilidades del asociacionismo. Ambos colectivos (soldados y guardias civiles) tienen recortado su derecho de sindicación, pero la AUGC se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos.

Con más de 30.000 miembros en un cuerpo de unos 65.000 agentes, el 80% de todos los guardias civiles afiliados a alguna asociación forman parte de AUGC, que este miércoles celebra su 7º congreso. Coincidirá con la apertura del debate de investidura de Mariano Rajoy y la más que probable extensión de un gobierno del PP que con sus decisiones ha unido en su contra a los guardias civiles y convertido a la asociación en una voz autorizada en la política española tras 20 años de historia.

Casi cinco años de gobierno de Rajoy que "han sido rematadamente malos para los guardias civiles, con retrocesos graves en derechos fundamentales a través de la remilitarización del cuerpo, pero también con escasos y prácticamente nulos avances en derechos profesionales", denuncia Alberto Moya, secretario general de AUGC.

"El ministro del Interior, el secretario de Estado y el director general de la Guardia Civil están haciendo dejación de funciones
ante el generalato"

En el congreso se decidirán las líneas a seguir por la asociación durante los próximos cuatro años. Como objetivo último queda lograr el ansiado reconocimiento del derecho de sindicación para los agentes del cuerpo, a los que les está prohibido sindicarse dada la naturaleza militar de la Guardia Civil. 

A la vez que proclamaba que la OTAN, de entrada No, Felipe González prometía a los guardias reconocer su derecho a sindicación en la campaña electoral de 1982. Ambas promesas se incumplieron, tendencia que han seguido todos los ejecutivos desde entonces. "Siempre hemos aspirado a que hubiera sindicatos, desde el minuto cero. Pero el poder legislativo y los diferentes gobiernos no lo han visto necesario ni oportuno. Creen que se van a perder valores tradicionales en la Guardia Civil si hay sindicatos, como la naturaleza militar", explica Moya en una entrevista con este medio.

"La excusa es sentimental, subjetiva. Piensan que, como los toros o la paella, la Guardia Civil forma parte de la idiosincrasia española, que no puede variar", lamenta el secretario general de AUGC, cuyo equipo directivo será reelegido tras el congreso al no haberse presentado más candidatos.

Manifestación en noviembre de 2015 en Madrid, convocada por AUGC y que reunió a unos 10.000 agentes y sus familias, la mayor marcha de protesta registrada por guardias civiles. VÍCTOR LERENA | EFE

Por ello la AUGC ha centado su estrategia en los tribunales, recorriendo el camino de recursos que, aseguran, apurarán hasta Europa. Recientemente ha sido el Supremo el que ha vuelto a negar el derecho de sindicación. "Es lógico, los jueces lo que están haciendo es aplicar la ley, y hay una ley orgánica que lo que dice es que los guardias civiles no se puede sindicar", aclara Moya: "Nosotros por supuesto vamos a seguir nuestra batalla legal y nos vamos a ir a Europa porque hay un precedente. Hay dos sentencias muy recientes que dicen que no se puede restringir el derecho a sindicación por el mero hecho de que una persona sea militar. Antes es ciudadano. Se podrá limitar, pero no prohibir".

"Hay dos sentencias muy recientes que dicen que no se puede restringir el derecho a sindicación por el mero hecho de que una persona sea militar. Antes es ciudadano. Se podrá limitar, pero no prohibir"

"Aquí hace falta coraje y voluntad política para afrontar esta situación. Eso es lo que le estamos instando a todos los partidos políticos, que lleguen a un acuerdo en esta situación: que busquen la modernización de la Guardia Civil no solo en aspectos operativos, sino que tienen que estar ligados con la política de personal", pide Moya, que avisa que ante la pasividad política los generales, la cúpula del cuerpo, están administrando a su antojo los derechos de los agentes.

"Está habiendo un pulso de la cúpula del cuerpo a la clase política. El ministro del Interior, el secretario de estado y el director general de la Guardia Civil están haciendo dejación de funciones. La cúpula, el generalato, está asumiendo demasiadas competencias", denuncia Moya. Como ejemplo cita la aplicación del régimen de turnos del cuerpo, donde los generales desoyen la orden del Ministerio desde hace dos años. "Hemos llegado hasta a poner una denuncia en Fiscalía por dejación de funciones. Pero somos militares, ha ido a la jurisdicción militar y el fiscal la ha archivado directamente".

Una policía militarizada y obediente

Una policía patria, como los toros o la paella, que va también contra los intereses de sus miembros. ¿Por qué mantienen los gobiernos, en 2016, un cuerpo militarizado en tareas de seguridad ciudadana? "La justificación siempre ha sido que la Guardia Civil es más eficiente siendo militar. Nosotros lo que sostenemos es que la naturaleza militar no aporta un valor de calidad añadido al servicio que prestamos al ciudadano, todo lo contrario. Lo que ocurre es que sí que es más barata. Es más obediente y más barata", señala Moya.

"Los ciudadanos que vivan en el entorno rural van a tener una policía peor formada
que la que tendrían si vivieran en ciudades"

"Hay una cuestión grave: producto de la crisis que estamos padeciendo el Gobierno ve que puede haber convulsiones sociales y políticas, como de hecho ha habido, y toma la decisión estratégica de que remilitarizar a la Guardia Civil. Porque si en un momento dado la policía no es suficiente, lo que no puedes hacer es sacar a los tanques a la calle, al Ejército. Un cuerpo policial de naturaleza militar puede hacer ese trabajo porque la obediencia debida de los guardias civiles está por encima de las garantías de derechos humanos que se podrían vulnerar", acusa el secretario general de AUGC.

Vehículos con "400.000 o 500.000 kilómetros" y un déficit de personal de al menos 10.000 agentes son otras consecuencias de la crisis, a lo que Moya añade la tasa de suicidios en el cuerpo, cuatro puntos superior a la de la Policía y cinco sobre la del resto de población.

La naturaleza militar del cuerpo también se traduce en jornadas laborales más largas, una mayor disponibilidad en los destinos, un salario más bajo que en el resto de policías y... condiciones menos exigentes de acceso. 

"Se han elaborado dos leyes de Policía y Guardia Civil con diferentes requisitos, ahora para entrar en la Policía Nacional se requiere bachiller, y para entrar en la Guardia Civil se requiere Educación Secundaria Obligatoria. Ahora va a resultar que los ciudadanos que vivan en el entorno rural van a tener una policía peor formada que la que tendrían si vivieran en ciudades, donde actúa la Policía Nacional, a la que se accede con una formación superior", sentencia Moya.