Cómo cumplir la ley de paridad en la cúpula judicial con la resistencia de la mitad conservadora del CGPJ

La igualdad de la mujer en la cúpula judicial es una prioridad para el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero para el bloque conservador no lo es tanto. Así, ante los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de Justicia, aún no hay un acuerdo —ni siquiera se ha debatido— sobre qué criterio emplear: si la veteranía masculina o la paridad. 

La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, conocida como la ley de paridad, establece que en los nombramientos discrecionales que efectúe el CGPJ se garantice "el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%". 

La Comisión de Igualdad del CGPJ realizó un informe sobre cómo aplicar esta ley en los nombramientos que afectan al Tribunal Supremo, donde sus cuatro Salas están pendientes de nuevas presidencias. Dicho informe aconsejó que dos de las Salas deberían ser ocupadas por presidentas, lo que convertiría la cúpula del Supremo en paritaria por primera vez. 

De hecho, dos magistradas han presentado sus candidaturas: Ana Ferrer para presidir la Sala de lo Penal; y Pilar Teso, para la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

El Supremo "se revolvió" con dicha conclusión, según apuntan fuentes del Consejo, y la presidenta Isabel Perelló encargó otro informe al gabinete técnico del CGPJ, que estipuló que debe primar el mérito sobre el sexo de los aspirantes; un precepto constitucional que, por otro lado, no recoge la realidad de la amplísima masculinización de la cúpula del Poder Judicial. 

Ahora, de nuevo, otro informe está en marcha. La comisión de Igualdad prepara un dictamen, a cargo, de nuevo, de los vocales progresistas Lucía Avilés y Carlos Hugo Preciado, sobre cómo aplicar la ley de paridad para el conjunto de todos los nombramientos pendientes en la cúpula judicial y no solo en el Supremo. Son en torno a un centenar de vacantes. 

El resultado de este tercer informe será fundamental a la hora de aplicar la ley de paridad en el Poder Judicial. 

Fuentes del CGPJ indican que aún no se ha entrado en materia en el pleno del Consejo y que la primera discusión al respecto podría tener lugar en el pleno del 18 de diciembre, el último del año. 

El silencio de los conservadores

La mitad del órgano del gobierno de los jueces, de tendencia conservadora, guarda silencio respecto a la aplicación de la ley de paridad, aunque se da por satisfecha con la conclusión del informe del gabinete técnico: que se logre la paridad en el conjunto de los nombramientos y no en las presidencias de los órganos judiciales. 

Para los progresistas esto no es suficiente. Los nuevos nombramientos deben reflejar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todas las categorías, incluidas las presidencias. 

Las dos líneas opuestas sobre cómo proceder abocan "irremediablemente" a una nueva discusión en el seno del CGPJ entre los dos bloques ideológicos, indican fuentes del Consejo, que, no obstantes, indican que es prematuro anticipar un nuevo enfrentamiento hasta que se conozcan las conclusiones del nuevo informe de la Comisión de Igualdad, que está presidida por la conservadora Gema Espinosa.