MADRID.- Sólo cuatro gobiernos autonómicos han aprobado ya sus proyectos de Presupuestos para el año que viene mientras que los demás apuran los plazos, a la espera de que el nuevo Ejecutivo empiece a funcionar y les dé cifras definitivas de ingresos para 2017 y de objetivos de déficit y deuda.

Además, todos ellos tienen que lograr acuerdos con la oposición para poder aprobar las cuentas. La única excepción es la Xunta de Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo vuelve a gobernar con mayoría absoluta. Ni esta comunidad ni el País Vasco tienen tampoco presupuestos, porque no han constituido aún sus gobierno tras las elecciones de septiembre.

La ausencia de gobierno ha complicado el calendario habitual de trabajo en las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas. Vista la situación, el ministerio de Cristóbal Montoro les envió el pasado mes una carta con información de las entregas a cuenta del sistema de financiación en 2017 y de las liquidaciones del sistema de 2015 que se prevé pagar a cada comunidad.

Son cifras provisionales, como también el techo de déficit: el que se preveía a principios de año era del 0,1%, pero ya en abril se amplió al 0,5% con el visto bueno de Bruselas, que ha flexibilizado la senda para España. Este nuevo margen sin embargo no ha podido ser aprobado y, por tanto, aplicado por las comunidades autónomas, porque no ha habido hasta ahora un Gobierno que llevara el proyecto al Congreso para su ratificación.

Los nuevos objetivos de estabilidad definitivos, incluido el de este 2016, serán aprobados este mes de noviembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Así las cosas, sólo cuatro gobiernos han aprobado sus proyectos de Presupuestos: Balears, País Valencià, Andalucía y Navarra. El gobierno de Francina Armengol, por ejemplo, ha elaborado un presupuesto que ya contempla el objetivo de déficit ampliado al 0,5% y que incluye un aumento de gasto del 10 por ciento respecto a este año.

El Gobierno de Canarias prevé presentar un proyecto este jueves y tiene la intención de que entre en vigor el 1 de enero, lo mismo que se pretende en la Región de Murcia y en Cantabria. También la Junta de Extremadura ha anunciado la fecha en que aprobará sus cuentas, el próximo día 22, para remitirlos después al parlamento.

El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, resumió el pasado viernes la situación de bastantes gobiernos: su ejecutivo va a esperar quince días para presentar las cuentas, porque quiere tener antes el techo de gasto confirmado, pero después el Parlamento tendrá que seguir una tramitación urgente de la ley para aprobarla antes del uno de enero.

Si no se llega a tiempo, se tiene que aprobar una prórroga de las cuentas de 2016, que puede durar uno o varios meses. Es lo que ocurrirá en la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Cristina Cifuentes, prevé que esa prórroga sea muy limitada y poder para aprobar el nuevo presupuesto al arranque de 2017. Un calendario parecido se seguirá en Castilla y León.

Negociaciones complicadas

En otros casos, la necesidad de buscar acuerdos está también retrasando la aprobación de las cuentas. En Catalunya, por ejemplo, la Generalitat no quiere presentar un proyecto en el Parlament a la espera de cerrar un acuerdo con la CUP que le asegure la mayoría.

En Aragón y en Castilla-La Mancha, los gobiernos de Javier Lambán y de Emiliano Page tienen la intención inicial de sumar a Podemos para sacar adelante los Presupuestos y las relaciones entre ambas partes se han complicado tras la abstención de los socialistas a la investidura de Mariano Rajoy. Lambán prevé aprobar un proyecto de presupuestos en diciembre mientras que Page espera hacerlo este mismo mes.

En el caso de Asturias, el Ejecutivo del socialista Javier Fernández mantiene la intención de lograr un pacto de izquierdas, que tiene que incluir a Podemos para lograr mayoría suficiente y el acuerdo, hasta ahora, no ha sido posible. Los Presupuestos de 2015 salieron adelante con el apoyo del PP, mientras los de 2016 han sido prorrogados; los 'populares' ya han ofrecido su apoyo para 2017 con una condición: suprimir el impuesto de Sucesiones.