Cortés ve "desmedido" el aviso de la CE sobre el decreto antidesahucios

La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IULV-CA), ha anunciado este martes que la Junta de Andalucía responderá a la carta dirigida por la Comisión Europea (CE) al Ministerio de Economía el pasado 16 de junio sobre el decreto-ley autonómico que permite la expropiación temporal del uso de viviendas a bancos en casos de desahucios con riesgo de exclusión social defendiendo que la norma andaluza es "plenamente constitucional" y rechazando que "ponga en cuestión el sistema financiero".

La carta de la CE advertía al Ministerio de Economía de que este decreto puede afectar negativamente a la estabilidad financiera y a la recuperación económica por un aumento de dudas sobre el mercado inmobiliario. La pérdida de interés por parte de los inversores y una subida de la prima de riesgo eran las consecuencias que, según el órgano europeo, podría acarrear la ley andaluza.

"Parece que efectivamente hay una carta que la CE dirige al Ministerio de Economía fechada el 16 de junio y ahora lo que estamos haciendo es ver el contenido, pero en cualquier caso el decreto-ley que hemos aprobado es plenamente constitucional porque está bajo el paraguas de la Constitución y del Estatuto de Autonomía", ha defendido la titular andaluza de Vivienda en una entrevista en Canal Sur Radio.

"En absoluto esto pone en cuestión el sistema financiero, son otras medidas a mi juicio las que pueden estar poniendo en cuestión el sistema financiero, como el desempleo masivo que eleva el índice de morosidad ante la imposibilidad de las familias para hacer frente a créditos que tienen", ha sentenciado la consejera.

Cortés ha explicado que el decreto-ley en vigor "pretende salvaguardar el derecho humano a la vivienda de aquellas familias en proceso de desahucio con la expropiación temporal del uso a la banca, para lo que hemos iniciado ya siete expedientes de expropiación, y por otro lado sacar al mercado del alquiler las 700.000 viviendas deshabitadas que existen en la comunidad autónoma imponiendo una sanción a las personas jurídicas que no lo hagan y fomento para que lo hagan a las personas físicas, algo que ya hemos hecho desde la Consejería, pasando al alquiler algo más de 600 viviendas que teníamos sin adjudicatario sin que pase absolutamente nada".

Pronunciamiento "un poco desmedido"

"La única manera de retirar el decreto es que fuera inconstitucional", defiende Cortés  Tras apuntar que "habrá que preguntarle a la CE si no le parece un poco desmedido afirmar que este decreto-ley puede poner a las entidades financieras en esa situación", la consejera de Fomento ha dejado claro que "la única manera de retirar el decreto-ley es que fuera inconstitucional" porque, ha subrayado, "el Gobierno andaluz está completa y democráticamente legitimado para tomar decisiones y leyes que vengan a resolver el problema de emergencia habitacional que tiene la comunidad autónoma desplegando todas las competencias que tiene el Estatuto para responder al interés general de los ciudadanos". Sin embargo, la CE no se explica que otras "piezas normativas" tengan rango de ley sobre la legislación española.

En este sentido, Cortés ha indicado que, tras estudiar el contenido de la comunicación del Ministerio de Economía, la Junta le "dará respuesta defendiendo la constitucionalidad de la medida, la legitimidad democrática absoluta del Gobierno andaluz en defensa del interés general para atender a las familias en riesgo de desahucios y sacar las viviendas deshabitadas al alquiler".

Guindos espera que la Junta corrija el decreto

Pesa a la constitucionalidad del decrato-ley andaluz, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, da la razón a Bruselas y espera que el Gobierno andaluz dé los pasos necesarios para corregir la medida

"El Gobierno siempre sabe cuáles son sus obligaciones en última instancia", ha señalado De Guindos a los medios tras participar en un desayuno informativo, donde ha explicado que el Ejecutivo recibió ayer la misiva de Bruselas y se la remitió a la Conserjería de Economía de Andalucía para que tome los pasos necesarios para corregir esta situación.

Según Guindos, el problema fundamental del decreto andaluz es que no tiene en cuenta los efectos que puede producir una medida de ese tipo, que genera diferencias entre las entidades bancarias allí presentes y el nivel de acceso a la vivienda de los andaluces. "Lo ha constatado Bruselas", ha dicho.

Tras el desayuno, el titular de la cartera de Economía ha explicado a los medios que el Gobierno quiere establecer normas positivas a medio y largo plazo para la economía española y con espíritu de cooperación, aunque sabe lo que tiene que hacer si no consigue esa cooperación.

Rubalcaba: "Le digo a Bruselas que no, es exagerado y falso"

Por su partes, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha animado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a ignora el aviso de la por ser "exagerada y falsa".

"Tengo mucha simpatía por Bruselas, pero a veces hay que decirle que no porque no es el Oráculo de Delfos, no está permanentemente acertado. Es más, últimamente no da ni una", ha señalado Rubalcaba en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

En este sentido, el líder del PSOE considera que los responsables de la UE se han equivocado en su política económica basada en la austeridad, por lo que le gustaría que "tuvieran un poquito de humildad" y lo reconocieran porque España y otros países como Grecia y Portugal "lo han pagado carísimo con millones de parados".

Así, opina que en el caso del decreto andaluz antidesahucios Bruselas también se equivoca. "Bruselas parece que le dice a Griñán que darle una segunda oportunidad a quien pierde una hipoteca porque ha perdido su salario y el empleo poco menos pone en peligro la banca mundial, y yo le digo a Bruselas que no, que esto es exagerado y falso".

De este modo, el secretario general del PSOE ha insistido en que si el presidente andaluz le preguntara qué hacer ahora, le respondería que aplique su decreto antidesahucios y le diría a Bruselas que "está equivocado".