La trama de corrupción Gürtel ha recibido esta mañana la primera sentencia condenatoria. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a penas que oscilan entre los 12 y los 13 años de prisión a los cabecillas de esta organización, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes' por la adjudicación de contratos para la feria de turismo Fitur. Cada uno de ellos deberá pagar, además, multas cercanas a los 4 millones de euros.

También ha sido condenada a nueve años de cárcel Milagros Martínez, expresidenta de las Corts Valencianes y exconsellera de Turismo por los  delitos de prevaricación, malversación y cohecho pasivo. Además, recibe una pena de seis años de cárcel su exjefe de gabinete, Rafael Betoret.

En cambio, el tribunal absuelve a la exconsellera Angélica Such y al técnico de la administración valenciana Juan Bover de prevaricación administrativa, el único delito por el que estaban acusados.

En total, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la  Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a penas de entre 3 y 13 años de prisión a 11 de los 13 acusados por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

El resto de los condenados son varios exaltos cargos de la Administración Autonómica y trabajadores de las empresas de Correa que participaron  en los amaños de contratos entre la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel para el montaje del expositor de Valencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) entre los años 2005 a 2009.

El fallo ha sido comunicado a los procesados a las 9 de la mañana. En concreto, Correa y Crespo han sido condenados a más de 13 años de cárcel, mientras que 'El Bigotes' recibe una pena de prisión de más de 12 años.

Los 11 condenados han sido convocados por el TSJCV para la próxima semana, a petición de la Fiscalía, con el fin de decidir si ingresan o no en prisión. Las vistillas para los miembros de Gürtel serán el martes, 14 de febrero, a partir de las 9:30 horas. Las del resto de los condenados serán el miércoles.

La Fiscalía tiene previsto pedir el ingreso en prisión de Correa, Crespo y Pérez. En cambio, las defensas argumentarán que la cúpula de Gürtel comparece cada día en el juicio de la Audiencia Nacional sobre los negocios de la primera época y que se celebra en la sede de San Fernando de Henares (Madrid). Este juicio se ha suspendido entre el martes y el jueves para permitir a los condenados asistir a estas vistillas.

El tribunal ha juzgado la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a los amaños por valor de casi 5,7 millones de euros en las contrataciones del Gobierno valenciano para la realización de expositores de la Feria de Turismo (Fitur).

El juicio, presidido por Pilar de la Oliva, presidenta del TSJCV,  se celebró en Valencia entre marzo de 2015 y abril de 2016. La sentencia ha tenido como ponente al magistrado Juan Climent.

Esta es la primera sentencia a la cúpula de la red Gürtel, destapada hace ocho años. Es la pieza número tres. Las otras cinco piezas se instruyen y juzgan por la Audiencia Nacional.

Creada 'ex profeso' para manipular contratos

La sentencia concluye que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en Fitur con el que consiguieron 5.696.428 euros.

Para ello, manipularon, alteraron e influyeron a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

El tribunal considera probado que el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada 'ex profeso' para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

Las empresas de Francisco Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, por el que los subcontrataban con terceros, según la sentencia, que tiene 558 páginas. El tribunal considera probado que las empresas de la red Gürtel obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos "márgenes desproporcionados", duplicando partidas o incluyendo "partidas inexistentes" que son admitidas por la Administración "sin llevar a cabo un control efectivo".

La sentencia considera probado que consiguieron 176.812 euros por medio de sobrecostes o duplicidades.

Estas facturas engordadas o con partidas falsas eran admitidas por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.

Las empresas del grupo Correa disponían de información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

"Las empresas del grupo Correa tuvieron conocimiento privilegiado de las condiciones y de la adaptación de las mismas a su conveniencia -sostiene la sentencia-, como se observa en la documentación intervenida en el registro de Orange Market, donde se localizan documentos sobreescritos o con observaciones".