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El Constitucional anula de forma cautelar parte de las leyes trans y LGTBI+ de Ayuso

El TC admite a trámite dos recursos de inconstitucionalidad promovidos por el presidente Pedro Sánchez.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid. — Eduardo Parra / Europa Press

madrid, Actualizado:

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite dos recursos de inconstitucionalidad promovidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha decretado la suspensión cautelar de varios artículos de las modificaciones realizadas en 2023 de las leyes de identidad y expresión de género y de protección integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid

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Los recursos del Gobierno van contra las dos leyes normativas madrileñas por invadir competencias estatales y "patologizar" a menores trans, y por ser "claramente regresivas". 

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En concreto, el TC ha suspendido de forma cautelar la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de las citadas normas. 

Los recursos son contra las Leyes 17/2023 y 18/2023 de la Comunidad de Madrid. Ya que, según el Gobierno, "vienen a reducir e imponer nuevos requisitos los derechos que ya se reconocían en anteriores leyes de la Comunidad de Madrid (...) Son recortes de derechos que se reconocen en las leyes estatales. Los limitan y los vulneran". 

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El TC anula cautelarmente los artículos sobre las excepciones a las mal llamadas terapias de conversión, la patologización de menores trans y la exclusión de organizaciones LGTBI+ en procedimientos penales o sancionadores.

En el primer recurso, el Gobierno alega la posible vulneración de varios artículos de la ley 17/2023, de 27 de diciembre. Asimismo, considera que podría haber infracciones competenciales, según informa el Constitucional. 

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En el segundo caso, el presidente del Gobierno sostiene en su recurso de inconstitucionalidad que el apartado catorce ter del artículo único de la Ley 18/2023, de 27 de diciembre, podría ser contrario a las
competencias exclusivas del Estado sobre legislación procesal. 

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