El Gobierno ha declinado hacer cualquier comentario sobre Pablo Iglesias y el caso del robo del móvil de Dina Bousselham, asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo durante su etapa como eurodiputado -entre 2014 y 2015-, hoy directora de la web LaÚltimaHora. 

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha rechazado pronunciarse sobre este tema, y tampoco ha querido especular con cómo afectaría a la coalición una hipotética imputación del vicepresidente segundo en el marco de este caso, un escenario que hoy se antoja lejano.

Así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha incidido en que el Gobierno siempre respeta las investigaciones judiciales y sus tiempos, y ha afirmado que el Ejecutivo "no va a hacer ningún comentario". 

En la misma línea, ha asegurado que no hay "nada que abordar" sobre este tema, y también que este tipo de asuntos nunca son tratados en el Consejo de Ministros. "Nunca hablamos de esos temas ni vamos a interferir con comentarios", apostillaba. 

Después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón retirase a Iglesias la condición de perjudicado en el marco de la investigación del robo del móvil y la difusión de información contenida en el dispositivo, el caso ha girado hacia la investigación de otros posibles delitos, en este caso sobre la destrucción de los datos contenidos en la tarjeta de Bousselham. 

Todo tiene lugar en el marco de la pieza Dina, dentro de la investigación de la macrocausa Tándem, sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez, considerado pieza clave de las cloacas de Interior. El juez ha abierto una nueva línea que podría afectar a Iglesias, hasta ahora perjudicado, y ha cursado una comisión rogatoria a Reino Unido para conocer más datos, ya que la tarjeta dañada pasó por una empresa de este país, que trató de recuperar los datos de la tarjeta dañada.

García Castellón expulsó a Iglesias de la causa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de que Bouselhamm asegurase que la tarjeta estaba dañada cuando Iglesias se la entregó, y mientras el líder de Unidas Podemos aseguraba lo contrario. Bousselham se ha retractado de estas declaraciones y ha exculpado al líder de Unidas Podemos de los daños en este dispositivo.

Hoy por hoy, García-Castellón espera un informe de la Policía Nacional, antes de decidir si remite al Tribunal Supremo -Iglesias está aforado- la posible investigación al vicepresidente segundo por supuestos delitos de descubrimiento de secretos y daños informáticos.