El Consejo de Ministros aprueba llevar al Constitucional la derogación de la ley de memoria de Aragón

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la derogación de la ley de memoria aprobada por el gobierno autonómico de Aragón, gobernado por PP y Vox, según ha indicado el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo celebrado esta misma mañana en La Moncloa y ha explicado que toman esta decisión cuando se cumplen tres meses de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la citada norma, periodo establecido para llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el Central que finalmente no se ha producido.

Torres ha señalado que intentaron abrir un dialogo formal con Aragón para llegar a un acuerdo, pero la administración regional rechazó sentarse a la mesa a negociar "algo inusual", según ha remarcado.

El ministro de Memoria Democrática ha indicado además que el Gobierno toma esta decisión con el aval del Consejo de Estado y reprocha que esta norma retira placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes, entre otras medidas.

El pasado febrero, el pleno de las Cortes de Aragón derogó con los votos de PP y Vox la ley de Memoria Democrática regional, la primera que se había aprobado en la comunidad autónoma, durante la anterior legislatura.

En su lugar el Gobierno regional creó un "plan de concordia", que no solo tiene en cuenta a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino también a las del terrorismo, según explicó la portavoz del PP en la Cámara, Ana Marín.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, calificó la ley de memoria como una "herramienta de agitación social" y reprochó a la norma un supuesto atentado "contra la libertad de expresión" para "la construcción de un relato político oficial" que solo busca "enfrentar a los españoles en el siglo XXI".

El plan de derogación se anunció el pasado 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco y de la de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, algo que la oposición interpretó como una provocación.