El Consejo de Europa sostiene que imponer clases de castellano en las aulas atenta contra la protección del catalán

El Consejo de Europa considera que las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano en comunidades autónomas con lengua cooficial infringen los compromisos que España ha asumido para proteger las lenguas regionales o minoritarias.

En su informe de evaluación de España sobre la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, los expertos del Consejo de Europa se muestran "profundamente preocupados" por las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano por las "incertidumbres" que han creado sobre el uso de una u otra lengua como vehicular en la educación.

Los expertos recuerdan que España cuando suscribió esa carta –algunos países miembros como Francia no han querido hacerlo para no estar obligada a garantizar a ninguna otra lengua, aparte del francés– optó por "el máximo nivel de protección".

Eso implica que la lengua regional o minoritaria debe utilizarse como lengua vehicular para la enseñanza de las diferentes asignaturas (por ejemplo, el catalán en Catalunya), y eso con la única excepción de las clases de lengua española y de lenguas extranjeras.

Para el comité de expertos encargados de la evaluación, ese principio debe aplicarse de forma "flexible", y teniendo en cuenta que el preámbulo de la carta establece que la protección de las lenguas regionales o minoritarias "no debe hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de que se aprendan".

Es decir, que en algunas escuelas por sus circunstancias sociolingüísticas el uso del castellano como lengua vehicular en una o más asignaturas puede ser necesario para garantizar su aprendizaje.

Pero al mismo tiempo, insiste en que "fijar un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano para cada centro escolar es claramente contrario a los compromisos aceptados por España en virtud del artículo 8 de la carta".

La polémica resurgió sobre todo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que a finales de 2020 estableció que los centros escolares allí tenían que impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano, lo que cuestionaba en parte el modelo de inmersión lingüística en esa comunidad autónoma, en la que el catalán es la lengua vehicular.

Los expertos del Consejo de Europa cargan también contra la acción de algunas comunidades autónomas, y destaca los casos de Aragón, Illes Balears y País Valencià porque constatan allí "un deterioro de la situación" de las lenguas regionales o minoritarias con "medidas que dificultan" el cumplimiento de las obligaciones de la carta.

En términos generales, el Consejo de Europa estima que el sistema de protección de las lenguas regionales y minoritarias está "bien desarrollado" y hace notar que se pueden utilizar las lenguas cooficiales desde 2023 en el Congreso y en el Senado.

No obstante, el informe constata cuestiones pendientes en la educación –como las citadas sentencias–, en la Justicia, en la Administración del Estado en algunos servicios públicos y en los intercambios transfronterizos.

Sobre la Justicia, señala que la legislación actual o la interpretación que de ella se hace "no garantiza" que los tribunales lleven a cabo los procedimientos en las lenguas cooficiales, y aunque admite que no hay datos a nivel estatal, "es bien sabido" que "casi nunca se utilizan" ni en las audiencias, ni en los dictámenes, ni en los documentos o en la correspondencia con las partes.

Los expertos europeos añaden que la mayoría de las instancias judiciales "no atienden las peticiones para recibir documentación" en esas lenguas cooficiales que son el catalán, el euskera o el gallego.

Problemas de plantilla

El Consejo de Europa critica igualmente la situación en la Administración del Estado en las comunidades con lengua cooficial, porque la proporción de la plantilla que tiene un conocimiento para poder trabajar con ella "sigue siendo demasiado baja y muchos textos administrativos y formularios continúan estando disponibles sólo en castellano".

Para los expertos, la oferta de programas de televisión o de radio en las lenguas cooficiales es "generalmente satisfactorio", aunque no en la televisión pública estatal, donde la considera "escasa".

A su juicio, la principal cuestión en el sector es que con la emergencia de plataformas internacionales audiovisuales, con las que algunas comunidades autónomas ya han establecido acuerdos para doblar películas y programas, el Consejo de Europa preconiza que también las autoridades estatales hagan esfuerzos. El objetivo es que "estén mejor reflejadas todas las lenguas regionales y minoritarias habladas en el territorio español en todo tipo de medios".

Una lengua "con dos nombres"

El comité de expertos se muestra muy cauto sobre la controversia por llamar algunas lenguas de forma diferente en función del enfoque, en una alusión que se refiere en particular al uso del término valenciano para referirse al catalán que se habla en País Valencià.

Sabedor de la sensibilidad sobre esa cuestión, explica que ha decidido "adoptar un enfoque en el que el nombre de la lengua elegida y su identidad no obstaculicen la plena aplicación de la carta".

En cualquier caso, tras recordar que su mandato es evaluar si todas las lenguas protegidas por ese texto internacional reciben la protección sobre la base de los compromisos de España, reconoce que "le preocupan las situaciones en las que una lengua con dos nombres diferentes crea problemas para la protección de la lengua".