'¿Debería enjuiciarse a los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?'. Es la pregunta que se hace la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), que vota este lunes una resolución sobre los políticos catalanes en prisión. El informe, liderado por el socialista de Letonia Boriss Cilevics, y aprobado por amplia mayoría (70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones), equipara la situación de los independentistas catalanes con la de la minoría kurda, reprimida y perseguida durante décadas por el Estado turco.

La Asamblea arranca su análisis reconociendo que España es una democracia que garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, estima que los políticos catalanes fueron enviados a prisión por "sedición y otros delitos, como las declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos".

El informe es una sacudida al Gobierno, que no la ha acogido con buenos ojos. Estrasburgo insta a Madrid a considerar los indultos o cualquier otra vía para liberar a los políticos catalanes por su participación en el referéndum ilegal de octubre de 2017.El organismo recomienda también la retirada de las demandas de extradición contra Carles Puigdemont y el resto de exiliados del 1-O, es decir de las euroórdenes en marcha, y ampara que ninguno de los políticos en cuestión hizo llamamientos a la violencia.

"Por el contrario, llamaron a evitar incidentes violentos". Por ello, pide la "liberación sin demora de todos los políticos bajo la definición de prisionero político de la Asamblea". Recomienda, además, al Gobierno español una reforma del código penal que evite confusiones futuras sobre los delitos de rebelión y sedición que puedan dar lugar a "penas desproporcionadas en delitos no violentos".

El documento responde con dureza a la contemplación de estos dos delitos a los que se refiere como "obsoletos" y "contraproducentes". "Convierten a los políticos en héroes o mártires", reza la resolución, sometida a varias enmiendas de PSOE y PP que han sido rechazadas.

El ponente expone que si bien las leyes de desconexión y la celebración del referéndum se llevaron a cabo "de forma clara fuera de la Constitución", nunca dieron lugar a la violencia. "Podrían haber concluido en algunas sanciones, por ejemplo por desobediencia, pero las largas condenas por sedición son desproporcionadas", concluye Cilevis.

Además, el relator insta a las autoridades españolas a no vincular los indultos con el rechazo de las opiniones políticas de los políticos catalanes. España debe "abstenerse de exigirles que repudien sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen carcelario más favorable o una oportunidad de indulto".

El comité de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria ya sometió el documento a debate el pasado 3 de junio, dando lugar a interpretaciones opuestas. Tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ECR) como el Ministerio de Asuntos Exteriores celebraron que el documento avalaba su actuación durante todo el procés.

La resolución "reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad", celebró el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, que considera que el informe parte de una premisa "errónea" aceptando que los líderes catalanes fueron procesados por expresar sus ideas. Este planteamiento "contamina" toda la resolución, según La Moncloa. 

El Gobierno de Sánchez no acoge bien la resolución, especialmente en el cuestionamiento de la libertad de expresión y en su similitud con el órdago del Gobierno turco que lidera Recep Tayyip Erdogan con mano de hierro. Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores español, ha señalado en rueda de prensa en Luxemburgo, tras participar en un encuentro con sus homólogos europeos, que el documento "adolece de un pecado original" por estas cuestiones. Asimismo, asegura que las recomendaciones del informe son "incoherentes" y "confusas".

"En España rige la separación de poderes, que el ponente se inmiscuya pidiendo algo judicial al Ejecutivo resalta el desconocimiento básico del Estado de Derecho", ha sostenido. González Laya ha aplaudido, por otra parte, que el documento reconozca la solvencia del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y el reconocimiento de que los actos del 1-O fueron ilegales e inconstitucionales.

El Gobierno de Sánchez no acoge bien la resolución, especialmente en el
cuestionamiento de la libertad de expresión y en su similitud con el órdago del Gobierno turco que lidera Recep Tayyip Erdogan con mano de hierro. Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores español, ha señalado en rueda de prensa en Luxemburgo, tras participar en un encuentro con sus homólogos europeos, que el documento "adolece de un pecado original" por estas cuestiones. Asimismo, asegura que las recomendaciones del informe son "incoherentes" y "confusas". "En España rige la separación de poderes, que el ponente se inmiscuya pidiendo algo judicial al Ejecutivo resalta el desconocimiento básico del Estado de Derech", ha sostenido.

González Laya ha aplaudido, por otra parte, que el documento reconozca la solvencia del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y el reconocimiento de que los actos del 1-O fueron ilegales e inconstitucionales.
Por su parte, los de Oriol Junqueras celebran que el texto reconozca a los catalanes como "presos políticos" y que pida, por lo tanto, la liberación de todos ellos.

La resolución calienta el anuncio sobre los indultos

El Consejo de Europa está formada por 47 países europeos, entre ellos Turquía. El organismo, que no forma parte de la Unión Europea, es el principal garante de los derechos humanos, las libertades y los derechos fundamentales en el continente. Aunque su resolución no es vinculante, sí que envía un mensaje simbólico a Madrid para que actúe de urgencia en la causa catalana.

Su aprobación llega poco antes de que Pedro Sánchez anuncie de forma oficial la concesión de esta medida de gracia para los políticos catalanes encarcelados. El presidente del Gobierno ha informado a su paso por el teatro del Liceu que propondrá al Consejo de Ministros conceder los indultos a los independentistas tan pronto como este martes. Poco antes, el líder de ECR Oriol Junqueras señalaba en una entrevista a Catalunya Ràdio que este gesto del Ejecutivo respondía a una necesidad de blindarse ante posibles condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

"Los indultos en España, previstos en el ordenamiento jurídico, son la expresión de la voluntad de una sociedad de perdonar a quien ha cometido unos actos ilícitos y, en este caso en pos y en aras de una mayor y mejor convivencia entre todos los españoles, en Catalunya y en todos el país", ha respondido González Laya a su llegada al encuentro con sus homólogos europeos.