El Congreso vuelve a respaldar la senda de déficit, aunque el PP la vetará en el Senado

El Congreso ha vuelto a respaldar este jueves la senda de déficit y deuda para el periodo 2024-2026. Todo apunta a que será rechazada de nuevo por la mayoría absoluta del PP en el Senado, a pesar del llamamiento realizado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La senda de estabilidad constituye, junto al límite de gasto no financiero o techo de gasto —que se informa, pero no se vota—, el paso previo para los Presupuestos de 2024. Según ha defendido Montero, se van a aprobar incluso con el veto del Senado a los objetivos.

En caso de que finalmente se produzca ese veto, el Gobierno basará las cuentas en la senda remitida a Bruselas en abril en lugar de en la defendida este jueves, que tiene el mismo objetivo global, un 3% de déficit público para 2024, pero es más exigente en el reparto con comunidades autónomas (equilibrio en lugar de una décima de déficit) y los ayuntamientos (dos décimas de superávit en lugar de equilibrio).

Por este motivo, Montero ha acusado al PP de "actuar en contra de los propios intereses de las comunidades autónomas" donde gobierna, algo "incomprensible" porque "lo que está haciendo es perjudicar a los ciudadanos, que son los destinatarios de los servicios públicos que se gestionan en las administraciones territoriales".

La ministra se ha preguntado qué ocurrirá con las cuentas que han presentado las regiones gobernadas por el PP, basándose en el objetivo de déficit que este jueves se somete a votación, más flexible que el que entraría en vigor con el veto.

Rechazo de PP y Vox

En el debate han mostrado su apoyo a la senda, además de PSOE y Sumar, ERC -un apoyo condicionado a que el Presupuesto cumpla los compromisos-, PNV -que ha pedido objetivos diferenciados por regiones-, BNG -aunque reclama mayor capacidad de gasto- y CC -para evitar objetivos más restrictivos-. En total, el texto ha recabado 176 votos a favor frente a los 171 en contra.

Desde la oposición, el diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha dedicado buena parte de su intervención a denunciar las "corruptelas" del Gobierno. También ha acusado a Montero de saltarse la legalidad al presentar una senda que no ha sido negociada con comunidades autónomas ni ayuntamientos, por lo que ha reiterado su rechazo.

Vox también ha defendido su voto en contra y ha cargado contra "la irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas" del Gobierno, así como contra las subidas fiscales.

Techo de gasto récord

La senda que se ha sometido a votación es idéntica a la que ya rechazó el Senado: el déficit público bajará este año al 3% del PIB, cumpliendo las reglas fiscales europeas, al 2,7% del PIB en 2025 y al 2,5% en 2026. La deuda bajará al 106,3% del PIB en 2024, al 105,4% del PIB en 2025 y al 104,4% del PIB en 2026.

La senda va acompañada por el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2024, que no se somete a votación, y que asciende a un máximo histórico de 199.120 millones de euros una vez incluidos los fondos europeos, un 0,5% más que en 2023.

Retraso de los Presupuestos

Los Presupuestos de 2024 acumulan un importante retraso -deberían estar en vigor desde el 1 de enero-, principalmente debido a la convocatoria de elecciones, y hasta que se aprueben continuará en vigor la prórroga de las cuentas de 2023.

También contribuyó a este retraso el veto en el Senado de la senda de estabilidad, que ha obligado al Gobierno a presentar una nueva, que este jueves supera el Congreso pero que tendrá que pasar por la Cámara Alta en las próximas semanas, donde volverá a ser rechazada.

A partir de ese momento, según un informe de la Abogacía solicitado por el Ejecutivo que no se ha hecho público, el Gobierno podrá presentar el proyecto presupuestario, aunque previsiblemente no lo hará hasta que tenga ciertas garantías de que cuenta con apoyos suficientes para aprobarlos.

Una vez que las cuentas se aprueben en el Consejo de Ministros -algo que ocurrirá, como pronto, a mediados de marzo- arrancará la tramitación parlamentaria de las cuentas, que se suele prolongar durante unos tres meses, lo que hace imposible cumplir con el objetivo de que terminen su tramitación en abril.