La Comisión para el Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo enfila sus últimos trabajos en el Congreso, por lo que los grupos ya dibujan en el horizonte la reforma de las pensiones que pretenden para el sistema actual. Pese a que se alcanzó a principios de la legislatura un acuerdo para trabajar sobre los consensos alcanzados en febrero de 2019, cuando la Cámara estuvo a punto de impulsar una reforma, el consenso no se puede dar por cerrado, dadas las diferentes, y en ocasiones distantes, visiones que los grupos tienen sobre la reforma de las pensiones.

Antes de la pandemia del coronavirus, prácticamente se daba por hecho que habría un acuerdo en el seno del Pacto antes de acabar el año. Sin embargo, el coronavirus frustró cualquier previsión anterior a su irrupción y obligó a los grupos a revisar un calendario que veía completamente inhabilitada una parte de su año parlamentario por culpa de la emergencia sanitaria.

Con todo, los grupos se encuentran en la recta final de sus trabajos en el Pacto, por lo que las próximas semanas serán cruciales para comprobar, por un lado, el grado de consenso real de los partidos respecto a las denominadas recomendaciones, y para conocer, por otro lado, el contenido de una reforma que tanto desde el Gobierno como desde otras instituciones y organismos públicos y privados califican de "urgente".

Fuentes del Pacto de Toledo avanzan que la comisión se ha fijado un plazo de tres semanas para que los grupos hagan "aportaciones" al texto que contiene las recomendaciones. Se trata de un proceso que antecede al de presentación de votos particulares, cuando los grupos presentan formalmente sus enmiendas y se vota en plenario la introducción de éstas.

"El objetivo es que el texto tenga el mayor consenso posible antes de que llegue al plenario de la comisión y se empiece con los votos particulares. De esta manera, perfilamos las recomendaciones y, si hay mayoría para modificar el texto actual, se modifica antes de que empecemos a votar", explican fuentes de la comisión.

La fase de modificación del texto llega después de la fase de comparecencias, entre las que destaca la del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El ministro es precisamente una de las personas que más ha insistido en agilizar el acuerdo del Pacto de Toledo con la vista puesta en que la reforma coincida, dentro de lo posible, con la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Escrivá habría trasladado al Pacto su intención de sustraer casi 23.000 millones del déficit de la Seguridad Social del denominado gasto no contributivo e impropio, una medida que apuntaría al cierre del déficit del sistema encargado de abonar las pensiones. La operación formaría parte de una reforma más amplia diseñada para que las pensiones contributivas se financien mediante las cotizaciones de los trabajadores, y las no contributivas, a través de impuestos.

Certidumbre y cambios en el mercado laboral

Esta reforma se recogería y se llevaría a cabo en el Pacto de Toledo, en concreto en la recomendación que trata las "fuentes de financiación" de la Seguridad Social; "como los Presupuestos están ahí, el ministro quiere un poco de intensidad en el trabajo de la comisión y que sus conclusiones puedan acompañar y vestir esa partida presupuestaria (la de los casi 22.000 millones que cerrarían el déficit de la Seguridad Social), y también para dar certidumbre".

La "certidumbre" es una de las cuestiones más abordadas en la comisión. El propio Escrivá advirtió de que una de sus mayores preocupaciones a la hora de abordar la reforma del sistema es la "alarma" creada entre la ciudadanía en materia de pensiones, y la creencia extendida de que el sistema no es solvente. "El sistema público de pensiones es absolutamente sostenible, en eso ya hemos avanzado algo ante los augurios de algunos grupos que decían que esto era inviable", defienden fuentes parlamentarias.

Algunas fuentes del Pacto de Toledo apuntan a que el objetivo de la comisión es, precisamente, el de dar "certidumbre", mientras se aborda una reforma de calado en el mercado laboral que permita consolidar las pensiones: "Tenemos una sólida Seguridad Social, que tuvo superávit hasta el año 2009; el problema está en el mercado de trabajo. Nos están tirando de las orejas, incluso el FMI, sobre la precariedad existente en nuestro mercado. La Seguridad Social va unida como uña al dedo con el mercado de trabajo; los contratos de dos horas, tres horas, la precariedad absoluta… Todo eso supone un descenso de ingresos en la Seguridad Social", defienden fuentes de la comisión.

"A mayor solidez del mercado de trabajo, más ingresos", añaden estas mismas fuentes, que recuerdan que tras la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros al mes, la Seguridad Social ingresó 247 millones vía cotizaciones. "Hay una incertidumbre generada por aquellos a los que les interesa que las pensiones pasen a ser una parte del mercado. Hay cosas que deben estar fuera de la oferta y la demanda, y una de ellas son las pensiones. Queremos llegar a un acuerdo pero queremos que este texto dé certeza de verdad a los pensionistas", concluyen fuentes del Pacto.