El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que quiere tener listos los Presupuestos antes de que acabe el año. Para lograr este objetivo, el Ejecutivo se enfrenta a un calendario complejo y apretado que pasa, primero, por conocer la posición de España en el reparto de fondos europeos para hacer frente a las consecuencias económicas de la covid-19 (que se decidirá en la tercera semana de julio), pero también por saber cuáles serán los pilares de la política fiscal que sostendrá la recuperación.

Sánchez ha anunciado también una reforma fiscal con subida de impuestos a grandes empresas y a los tramos más altos del IRPF. Pero más allá de los compromisos del presidente, el Gobierno ya ha puesto las primeras piedras de su política fiscal, que se encuentra en tramitación en el Congreso con dos impuestos: uno a las grandes tecnológicas (la denominada tasa Google), y otro a las transacciones financieras (la conocida como tasa Tobin).

A principios de junio las dos medidas superaron los debates de totalidad de la Cámara, después de que PP, Vox y Ciudadanos solicitaran que los proyectos de ley se devolviesen al Ejecutivo, y continuaron su tramitación. La parálisis parlamentaria provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus ha generado un retraso importante en los plazos manejados tanto por el Gobierno como por los grupos respecto a sus iniciativas.

El Ejecutivo contaba con tener aprobados estos dos nuevos impuestos antes de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pero las circunstancias han complicado este objetivo. Por eso, como ha adelantado Europa Press, el Ejecutivo ha solicitado formalmente a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se habiliten las "sesiones necesarias" en julio para que concluya la tramitación de las tasas Google y Tobin.

La actividad de la Cámara Baja se divide en dos periodos de sesiones (de septiembre a diciembre y de febrero a junio), quedando fuera los meses de enero, julio y agosto. En este tiempo no se pueden celebrar sesiones plenarias ordinarias, y la única manera de convocar Plenos es a través de una solicitud del Gobierno, de una mayoría absoluta de los diputados o de la Diputación Permanente (el órgano que sustituye en algunas funciones al Pleno en los periodos fuera de sesiones).

El impuesto a las grandes tecnológicas afectaría a las empresas que facturan más de 750 millones de euros en el mundo y 3 millones en España, mientras que el impuesto a las transacciones financieras plantea gravar las operaciones de compra de acciones españolas llevadas a cabo por operadores financieros con un 0,2% sobre el valor de compra.

Esta última tasa recae sobre el intermediario financiero que ejecuta la orden de adquisición de las acciones y solo quedarán sometidas al gravamen las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. La compra de acciones de empresas no cotizadas y de pymes quedará excluida del impuesto.

También se podrían tramitar otras leyes

La convocatoria de sesiones extraordinarias fuera del periodo de sesiones no sigue el mismo procedimiento que la convocatoria de los Plenos ordinarios. En este último caso son la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces las que establecen el orden del día y las iniciativas y proposiciones que se van a debatir y a votar en cada sesión. En las sesiones extraordinarias, es el solicitante de la convocatoria (en este caso el Gobierno) el que fija un orden del día, que se debe ceñir a la petición formulada.

Además de las tasas Google y Tobin, los de Pedro Sánchez también han pedido habilitar los trabajos necesarios para tramitar el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, uno de los decretos llevados a la Cámara Baja por el Ejecutivo durante la pandemia.

Esto no excluye la posibilidad de que en las sesiones que se habiliten en julio puedan incluirse otras medidas. Sin embargo, para añadir más asuntos, el solicitante (los grupos en mayoría absoluta de sus diputados o la Diputación Permanente) tiene que pedir la habilitación expresa de la sesión o sesiones en base a las iniciativas que quieran llevar al Pleno, como ha hecho el Gobierno con las tasas y con decreto de Justicia.

En mayo, el PP y Vox pidieron a la presidenta "habilitar el mes de julio" para recuperar los trabajos paralizados durante la pandemia. Desde la Presidencia se les recordó que no es posible habilitar meses enteros fuera de los periodos de sesiones, que vienen recogidos en la Constitución, y que la única forma de convocar Plenos en julio era a través de la vía establecida legalmente: sesiones concretas en base a iniciativas concretas que pueden solicitar el Gobierno, una mayoría absoluta de los parlamentarios o la Diputación Permanente.