El 20 de agosto de 2008, el vuelo JK-5022 de Spanair, que cubría el trayecto entre Madrid y Las Palmas, se estrelló en el aeropuerto de Barajas poco después de despegar. El fatal accidente dejó 154 fallecidos y 18 supervivientes. Casi 13 años después de la tragedia y ante la continua pelea judicial, los familiares de las víctimas han dado este jueves un paso importante en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación.

El Pleno del Congreso ha aprobado por 219 votos a favor, 121 votos en contra (PSOE) y con seis abstenciones el dictamen de conclusiones derivado de la comisión de investigación del accidente, un órgano parlamentario que, durante dos legislaturas (desde febrero de 2018 hasta mayo de 2021), ha celebrado 47 comparecencias y 30 reuniones para determinar las causas y las responsabilidades del siniestro, y extraer recomendaciones para prevenir futuros accidentes.

La comisión de investigación ya aprobó el pasado 22 de abril el dictamen por 210 votos a favor y el rechazo del PSOE, unos resultados que prácticamente se han repetido este jueves. El texto concluye que "fallaron todas las barreras de seguridad que dan como consecuencia el fatal desenlace, no solo antes de la tragedia sino durante ella, por la tardía asistencia sanitaria necesaria en el lugar de difícil acceso donde finalmente se estrella el avión".

Señala a la cúpula de Fomento durante el Gobierno de Zapatero

El dictamen ahonda que la sucesión de fallos no implica "atribuir a la casualidad la coincidencia temporal de todos ellos en un accidente", ya que daría paso a una suerte de "autoengaño" y dejaría la puerta abierta a permitir su "repetición". Por ende, pone el foco sobre la intervención humana, señalando los nombres de quienes en la fecha del accidente ocupaban puestos de responsabilidad, empezando por la ministra de Fomento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez; el secretario general de Transportes, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; y responsables del aeropuerto de Barajas, de Aena y de la Agencia de Seguridad Aérea.

"El sistema —de forma previa y posterior al accidente— falló como tal, y como tal, la responsabilidad del fallo sistémico es una responsabilidad por parte
de los encargados de establecer, evaluar, evolucionar, comprobar y corregir las debilidades del sistema con los medios que el Estado ha puesto a su disposición", explica el informe.

También, subraya el papel de Boeing, el fabricante del avión, ya que anteriormente al accidente del vuelo JK5022 se produjeron 72 accidentes e incidentes graves causados por la falta de aviso del sistema TOWS, el mismo fallo que propició la tragedia de Barajas. Además, "en la actualidad, otros fallos en varios aparatos de otro modelo de la misma compañía han supuesto la prohibición de volar hasta tanto se reparen dichas anomalías". Cabe destacar que la compañía no ha querido participar en las tareas llevadas a cabo en la Cámara Baja.

Entre las 13 recomendaciones abordadas en el texto, la comisión propone remitir el dictamen a la Fiscalía General del Estado para su análisis y en su caso, para que proceda a las actuaciones que considere pertinentes "al existir dentro de la investigación realizada elementos que pudieran arrojar conductas negligentes".

El PSOE votará en contra y las víctimas le piden que reconsidere su voto

El PSOE, que registró un voto particular (ha sido rechazado), ha justificado su papeleta en contra porque el dictamen establece responsabilidades que "competen a la Justicia" y no a una comisión de este tipo. Además, expone que, a tenor de lo señalado por el letrado del órgano parlamentario, esta atribución podría ser "inconstitucional". A su entender, en este tipo de comisiones "no pueden inculpar a personas", añaden fuentes del Grupo Socialista.

Pese al rechazo del PSOE, el informe ha salido adelante por el aval de casi todas las fuerzas del arco parlamentario. Si bien, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 presentó en el Congreso más de 50.000 firmas recogidas en los días previos a la votación para pedir al PSOE que votara a favor del dictamen: "La desgracia quiso que esta catástrofe se produjera con un Gobierno del PSOE presidido por el Sr. Zapatero, pero eso no es motivo para que su partido insista en negar la realidad que se ha demostrado en los trabajos" de la comisión, señalaba la organización en un comunicado difundido por la plataforma Change.org.

"No entendemos el voto negativo del PSOE al dictamen de conclusiones que se aprobó el pasado 22 de abril, quedándose en una situación de soledad que comprendemos muy bien porque así nos hemos sentido durante todos estos años, unido a la tristeza y dolor por la muerte de nuestros seres queridos, insoportable de superar a pesar del tiempo", afirmaba la asociación. Por ello, apelaba "al corazón y a la razón" de cada uno de los 120 diputados socialistas para que retiraran el voto particular y avalaran el dictamen, sin suerte.

El informe "no imputa a nadie"

La presidenta de la comisión, la diputada de Unidas Podemos Meri Pita, destaca el papel de las víctimas, que "han estado todo este tiempo ahí, sin rencor, pero con memoria". Tras un trabajo "serio, riguroso y honesto" de la comisión, la parlamentaria celebra que casi 13 años después del accidente se haya arrojado luz sobre una tragedia que ha tenido una insuficiente respuesta judicial. "Hemos estado a la altura de lo que la ciudadanía nos demandaba", señala en unas declaraciones a Público.

Sobre el voto en contra del PSOE, Pita insiste en que en el informe "no se imputa a nadie". "Hemos tenido el equilibrio suficiente para señalar responsabilidades públicas y políticas, no penales. Ahora tendrá que ser la Justicia la que las valore", incide. En cualquier caso, la presidenta de la comisión de investigación confía en que las conclusiones ayuden a "subsanar errores" y a evitar nuevas tragedias como la de Spanair.