MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves la convalidación del real decreto ley que incluye los cambios tributarios, principalmente en el Impuesto de Sociedades y los especiales, así como la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y celebrará el debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto.

El decreto ley, que defenderá el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tendrá un impacto de 4.800 millones e incluye las medidas tributarias aprobadas por el Ejecutivo para recaudar, junto a otras iniciativas, un total de 7.500 millones de euros más.

La norma de cambios tributarios contempla como principales novedades una modificación del Impuesto de Sociedades (impacto de 4.655 millones) y el incremento de los llamados impuestos especiales -tabaco y alcohol- (150 millones), a los que se sumarán el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas (200 millones), los medioambientales (500 millones) y las mejoras en la aplicación de los tributos (1.500 millones) y medidas de lucha contra el fraude (500 millones), incluidas en otro decreto.

Para alcanzar el objetivo de déficit del 3,1% en 2017 todavía quedan pendientes por aprobar la creación de un impuesto a las bebidas azucaradas, que reportaría otros 200 millones, y la reforma en el ámbito de la imposición medioambiental para ingresar 500 millones más.

Por otro lado, la norma a convalidar o derogar incorpora una disposición adicional que encomienda al Gobierno a fijar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2017 con un incremento del 8% respecto al de 2015.

Esta subida, pactada por el PP con el PSOE a cambio de apoyar el objetivo de déficit, supone un aumento de 52,4 euros, pasando de los 655,20 euros actuales a los 707,60 euros mensuales en 14 pagas.

En la sesión plenaria de este jueves, el Congreso también tendrá que votar si convalida o deroga el real decreto-ley de medidas urgentes en materia financiera aprobado por el Gobierno que complementa los compromisos españoles con Europa en materia de Unión Bancaria.

En concreto, se autoriza a firmar el Acuerdo de Facilidad de Préstamo entre el España y la Junta Única de Resolución, por el cual se pone a disposición de la Junta Única de Resolución un importe máximo de 5.291 millones de euros, equivalente a la aportación que tendrán que hacer los bancos al Fondo hasta 2014.

Objetivos de estabilidad y techo de gasto

De igual forma, el Pleno de la Cámara Baja celebrará un debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para 2016 y para el periodo 2017-2019, así como el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2017.

El limite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, se ha fijado en 118.337 millones de euros. Esta cifra supone la misma cantidad que lo se ejecutará finalmente en el presupuesto de este año, aunque en torno a 5.000 millones de euros menos que el techo de gasto marcado inicialmente para 2016, gracias al ahorro conseguido por los menores intereses de la deuda, el adelanto del cierre del ejercicio presupuesto y el acuerdo de no disponibilidad.

Para 2017 el Gobierno contempla un objetivo de ingresos totales del 38% del PIB este año y algo superior, del 38,2%, en 2017, toda vez que el gasto total supondrá el 42,5% del total este ejercicio, para disminuir al 41,3%, hasta 479.991 millones, el próximo año.

El gasto de las administraciones disminuirá en las tres grandes partidas: en Educación pasará de un 9,51% de este año a un 9,45% en 2017 (3,9% del PIB); el de Sanidad del 14,4% al 14,34% (5,92% del PIB), y el de Empleo del 4,97% al 4,65% (1,92% del PIB).

No obstante, en términos homogéneos se eleva el gasto en Educación (45.382 millones, un 0,5% más), Sanidad (68.840 millones, un 0,7%) y protección social (191.294 millones, un 1,8%). También sube en servicios públicos generales (68.946 millones), defensa (10.499 millones), orden público y seguridad (21.284 millones), protección del medio ambiente (9.450 millones), vivienda y servicios comunitarios (5.361 millones), actividades recreativas, cultura y religión (12.452 millones); mientras que disminuye en asuntos económicos, hasta 46.483 millones.

Con estas previsiones, los objetivos de estabilidad y deuda pública contemplan un déficit máximo del 3,1% del PIB en 2017, frente al 4,6% de este año, que se repartirá entre el 1,1% de la Administración central, el 0,6% de las comunidades autónomas y el 1,4% de la Seguridad Social.

Para 2018, el déficit público deberá bajar hasta el 2,2%, lo que equivale a unos 11.000 millones de euros de ajuste, y para 2019 la senda marcada es que el desajuste entre ingresos y gastos disminuya hasta el 1,3%. La deuda pública estimada será del 99% del PIB el año que viene, para posteriormente bajar hasta el 97,7% en 2018 y al 95,4% en 2019.