Trama Púnica Se confirma la financiación ilegal del PP de Aguirre destapada en 2009

La caja B del PP se utilizaba en época de Esperanza Aguirre para sufragar actos electorales y de partido. Y se hacía a través de Fundescam, una fundación del PP de Madrid creada en el año 2000 y dirigida en un principio por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que recibía donaciones de empresarios hoy investigados en los casos Gürtel y Púnica.

Esta información, que ayer fue retomada por el diario El País a raíz de nuevos descubrimientos desvelados por fuentes jurídicas sobre la pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la operación Púnica, no hace más que constatar las exclusivas que Público ya ofreció en 2009 y 2010.

Según los documentos a los que en su día tuvo acceso este diario, el PP de Madrid falsificó facturas con el fin de encubrir la financiación de las campañas de 2003 que terminaron con el tamayazo y el consiguiente Gobierno de la Comunidad en manos de Esperanza Aguirre con el fin de burlar la Ley Electoral y la de Partidos. La primera prohíbe las aportaciones a partidos en campaña por importe superior a 6.000 euros. La segunda limitaba entonces a 60.000 euros anuales la aportación máxima que, directa o indirectamente, podía entregar una misma persona, física o jurídica, a un partido.

Sin embargo, el PP de Madrid de aquel entonces —en el último año estuvo dirigido por Cristina Cifuentes hasta la convocatoria del Congreso regional que tendrá lugar a mediados de marzo— recaudó sólo en 2003 más un millón de euros con ese sistema de financiación paralelo. Con esos fondos, según la documentación de Público, se pagaron facturas de las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, así como del Congreso regional del PP y los siguientes comicios generales de 2004.

¿Cómo? Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid), que apenas tenía actividad pública conocida, recaudó fondos en forma de donaciones privadas procedentes de empresarios que luego fueron a parar a la empresa Special Eventes, dirigida por el condenado Francisco Correa e investigada en Gürtel, encargada de organizar los actos electorales de Aguirre.  

El documento de la Brigada de Blanqueo al que Público tuvo acceso en 2009 cifraba en 2 millones de euros las facturas falsificadas por Gürtel entre 2003 y 2004

Después, los empresarios donantes, que participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería, la construcción o los seguros y entre los que figuran personalidades afines a Aguirre, como el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o el expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, fueron también adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid. Sólo Díaz Ferrán donó en aquellas fechas 246.000 euros. Arturo Fernández, 57.030 euros. Sus empresas obtuvieron luego contratos públicos por un valor superior a 300 millones.

En los pendrives obtenidos tras un registro a un piso de seguridad que Correa tenía en la calle General Martínez Campos de Madrid donde figuraban las hojas de cálculo de Special Events se especificaban "cambios de facturación" y se citaban a clientes de la empresa de Correa: el PP de Madrid, el grupo popular del Ayuntamiento de Móstoles, el PP de Majadahonda, Fundescam y hasta el PP nacional. Incluso aparecía el nombre de Luis Bárcenas en dicha documentación.

Además, según otro documento de la tesorería regional al que tuvo acceso Público en 2010, Fundescam no era la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de la campaña electoral. También FAES  —ahora desligada del Partido Popular pero aún dirigida por José María Aznar— pagó a la empresa de Crespo y Correa por la campaña que llevó a Esperanza Aguirre al Gobierno regional de Madrid. En concreto, Special Events habría recibido en 2003 201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la FAES. Y aún figuraban como "pendiente de pago" a  233.489,31 euros por distintos actos de campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704 euros los debía la FAES.

También en 2010, la Fiscalía Anticorrupción confirmó ante el juez Antonio Pedreira que Aguirre se había financiado ilegalmente. En esa información, Anticorrupción ratificaba el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo del que había dado cuenta Público en exclusiva. Dicho documento cifraba en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, la empresa de Gürtel, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros. ¿El problema? La propia Fiscalía consideraba que los delitos podrían haber prescrito ya hace 7 años. 

El juez Velasco considera que la financiación del PP a través de Fundescam pudo haberse mantenido hasta 2011, por lo que los presuntos delitos anteriores no habrían prescrito

Sin embargo, después de que el juez Velasco ordenara a la UCO —ya en la actualidad— investigar las presuntas irregularidades del PP de Madrid en la única pieza sobre la financiación de los conservadores que aún continúa secreta, se ha detectado que la financiación a través de Fundescam se ha mantenido hasta casi 2011. Por ello, los supuestos delitos serían continuados y, por tanto, no prescritos.

En esta nueva línea de investigación de la trama Púnica iniciada tras el estudio de la documentación obtenida en la sede de Génova, Velasco —que ya reflejó hace meses en un auto que dispone de "potentes indicios y datos objetivos" de que el exsecretario general de la formación Francisco Granados "recibió dinero para la posible financiación del PP"— ha ordenado una nueva tanda de registros y requerimientos de información a las Consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo, así como de la sociedad pública Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio) y la Dirección de Justicia madrileña. Ayer declararon en la Audiencia Nacional, a puerta cerrada, el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, el empresario Arturo Fernández y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que ya fueron investigados hace meses. Hoy Gutiérrez continúa imputado, junto al empresario Javier López Madrid, el propio Granados y el socio de éste, David Marjaliza. 

El objetivo es indagar también en grandes proyectos de la última etapa de Aguirre como el plan de infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 —que incluía el desarrollo seis hospitales— o la Ciudad de la Justicia impulsada en el 2005 y que, tras quedar paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González. Otro de los proyectos investigados es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las partidas de publicidad asignadas a estos proyectos.

Aguirre se niega a dimitir y niega las facturas falsas de Fundescam: "Los donantes lo han hecho de forma transparente"

Pese a todo, Aguirre sigue negando todo conocimiento de estas presuntas irregularidades. La lideresa del PP madrileño, que siempre se ha excusado lamentando que sus más fieles colaboradores le salieran "rana", presumió este jueves de "transparencia". "Las cuentas están ahí, y lo más importante de todo: los donantes lo han hecho de una manera transparente, por transferencia, figurando como tales", ha sostenido. 

"A mí me parece muy bien que se investigue, pero lo que yo le puedo decir que la Fundescam, que yo no la fundé (fue Pío García Escudero), recibía fondos de la Comunidad de Madrid todos los años para que hiciera su labor", concluyó antes de tirar del 'y tú más' y recordar que  "también el PSOE e IU" tenían fundaciones similares.

Asimismo, la expresidenta de la Comunidad se ha negado a dimitir de su puesto de concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid al asumir que ya había pagado su correspondiente responsabilidad política por haber fallado "in vigilando" con su dimisión, hace un año, como presidenta del PP de Madrid.