MADRID.- Un total de 15 familiares y amigos integrantes de la asociación de Nais contra Impunidade (Madres contra la Impunidad) deberán pagar 720 euros cada uno al haber sido condenados en primera instancia por injurias a la Guardia Civil durante una concentración de protesta por la muerte del joven Diego Viña, de 22 años, que apareció ahorcado en un cuartel de Arteixo (A Coruña).

Los manifestantes se concentraron el 12 de octubre de 2010 delante de la parroquia de la localidad donde los agentes celebraban el día de su patrona, pidiendo el esclarecimiento de la muerte del joven, ocurrida en 2004 mientras permanecía detenido en el cuartel.
Durante la concentración, los familiares, amigos y personas solidarias vinculadas a esta asociación profirieron gritos de protesta incluido expresiones como “la Guardia Civil tortura y asesina” o “Aquí se tortura, como en la dictadura”.

La sentencia, dictada por el juzgado de lo penal 1 de A Coruña el pasado 9 de noviembre, entiende que las consignas coreadas en el ejercicio de la libertad de expresión atentaron contra el honor del instituto armado, penado en el artículo 504 del actual Código Penal.

La querella fue interpuesta por la Guardia Civil y la resolución condena a 15 de las manifestantes a pagar 720 euros cada una o a una pena sustitutiva de tres meses de prisión.

Denunciado por su padre, exguardia civil

El Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña archivó en 2006 la causa abierta por la muerte del joven Diego Viña, hijo del exguardia civil Carlos Viña. Su progenitor lo denunció por violencia en el ámbito familiar, aunque los facultativos no apreciaron lesiones, y pidió su detención, supuestamente, por haberle tirado un despertador.

Diego Viñas permaneció los días 22 y 23 de septiembre de 2004 detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Arteixo. El joven tomaba antidepresivos pero la doctora que lo examinó no los prescribió, de tal manera que los agentes no le dejaron tomar pastillas mientras estuvo detenido.

En el primer día los agentes terminaron la instrucción, pero el joven siguió detenido. En un momento, Diego Viñas –deprimido y sin medicación- comenzó a gritar, golpear las paredes, arrojar comida… Hasta que apareció ahorcado con sus pantalones vaqueros. Esta prenda fue tirada a la basura y no fue aportada al juzgado.

Desde entonces, cada 12 de octubre, los familiares y amigos del joven se concentraban ante los guardias civiles para exigir el total esclarecimiento del caso. La madre, Carmen Castro, siempre defendió que su hijo era “una víctima de su padre: llegaba borracho a casa buscando bronca con el chico, que nunca quiso denunciarlo”, según declaró a la prensa.

Tras el fallecimiento, la madre del detenido y colectivos solidarios formularon denuncia contra Carlos Viña por denuncia falsa y contra el comandante del puesto de la Guardia civil de Arteixo (G00402P) y los agentes W97788Z, 34896949, Q47830E y T68012Z como autores de un delito de homicidio perpetrado en comisión por omisión así como por detención ilegal.

Este último proceso fue sobreseído en 2011, un año después de la protesta. Los agentes implicados declararon que estaban al tanto de lo qué hacía el detenido por medio del canal de audio de las cámaras –no se grababa- instaladas en los calabozos y que fue el silencio, después de varias horas de berridos y golpes, lo que les llevó a sospechar de que algo podía estar sucediendo. Según su versión, al bajar al calabozo se encontraron a Diego Viña colgado del barrote superior de la puerta de su celda, ahorcado con su propio pantalón.

La sentencia se produce en el momento en que la familia de Diego Viña Castro y la Asociación Nais contra Impunidade han demandado al Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1948.