Una vez elegida la nueva cúpula del Tribunal Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido como presidente e Inmaculada Montalbán como vicepresidenta, el tribunal se propone desempolvar los asuntos pendientes y delicados que la anterior presidencia, del conservador Pedro González-Trevijano, había aparcado para no dividir aún más al Pleno tras la sentencia de inconstitucionalidad del estado de alarma. 

Se estima que un centenar de recursos de inconstitucionalidad aguardan resolución en un tribunal que no tiene plazos señalados para dirimir los recursos ni tiene que dar explicaciones sobre las tardanzas o sobre el motivo por el que resuelve antes un asunto que otro. Es una potestad del presidente la de fijar el orden del día de los plenos. 

El escenario en el TC ha cambiado radicalmente desde que la mayoría conservadora que imperaba hasta el pasado 9 de enero suspendió cautelarmente la tramitación de dos enmiendas que perseguían desbloquear precisamente la renovación del propio Constitucional. Paradójicamente ahora será un TC de mayoría progresista quien se encargue de ese recurso del PP, admitido a trámite, contra la fórmula de enmendar una reforma del Código Penal con materias que nada tienen que ver con dicha reforma. 

El PP y Vox han ido recurriendo las leyes más emblemáticas del Gobierno de coalición. Por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2021 que regula la eutanasia. Del recurso de los 'populares' se encargará el presidente, Conde-Pumpido, y del de Vox, el también progresista Ramón Sáez. Los dos partidos derechistas han centrado su batalla ideológica en esta ley que permite morir con dignidad a las personas con enfermedades terminales y que entró en vigor en junio de 2021. Consideran que este nuevo derecho confronta con el derecho a la vida.

La llamada Ley Celaá de Educación --conocida así por la exministra que la impulsó-- contempla la prohibición de que colegios que segregan por sexos reciban ayudas y conciertos públicos. La ley, que entró en vigor en enero de 2021, elimina al castellano como lengua vehicular y prohíbe la cesión de suelo público para la construcción de colegios concertados. Estos son los principales argumentos que han llevado al PP y a Vox a recurrirla ante el TC. El ponente, el magistrado conservador Ricardo Enríquez, tendría ya lista la sentencia y declararía inconstitucionales algunos preceptos de la ley. 

La urgencia de amparar al exdiputado Rodríguez

Otra de las urgencias del TC es resolver los dos recursos del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la condena del Supremo por propinar una patada a un policía tras una manifestación años atrás y contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de dejarle sin escaño, en octubre de 202, tras la sentencia. 

La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional indica que la retirada de su escaño vulneró su derecho fundamental a ocupar un cargo público y a no ser apartado de él si no es por las causas y de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos, por lo que pide reestablecer "íntegramente" ese derecho. 

Sin embargo, no ve motivo para ampararle en su recurso contra la sentencia del Supremo que le condenó a un mes y medio de cárcel por un delito de atentado a la autoridad pese a que la patada a un policía no quedó acreditada en el juicio. La pena de prisión se sustituyó por una multa de 540 euros. 

El aborto, pendiente desde 2010

El PP recurrió en 2010 ante el Constitucional la ley del aborto aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que será sustituida por la nueva ley aprobada el pasado mes de diciembre en el Congreso, a falta del trámite en el Senado. No obstante, la urgencia en resolver el recurso, que será ponencia del conservador Enrique Arnaldo, sigue siendo apremiante. 

Otro asunto importante pendiente de deliberación es el relativo a los recursos del PP, Ciudadanos y Vox contra el acuerdo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, relativo a las fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados durante la sesión constitutiva del Congreso en la anterior legislatura, el 21 de mayo de 2019, y también respecto a la presente legislatura. 

Juramentos en el Parlamento

En diciembre de 2019, 29 diputados de ERC, Bildu, Junts, CUP y Unidas Podemos recurrieron a fórmulas poco ortodoxas a la hora de tomar posesión de su escaño. Por ejemplo, los independentistas prometieron la Constitución "por la libertad de los presos políticos" o "por la república catalana", y expresaron su "lealtad" al mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, entre otras fórmulas. 

El asunto no es baladí. Si el TC tumba el acuerdo de Batet por el que permitió las diferentes fórmulas de acatamiento, los diputados --y también una veintena de senadores-- que las realizaron podrían perder el escaño si el tribunal anula sus acatamientos constitucionales. 

Sobre los nombramientos en la cúpula judicial

También está pendiente de sentencia el recurso del PP contra la ley que limita las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando está en funciones, como ocurre ahora. En concreto, se le prohíbe realizar nombramientos en la cúpula judicial, salvo los relativos al TC. 

El PP pidió el pasado mes de noviembre al tribunal de garantías que se apresurara a dictar el fallo sobre esa reforma, recurrida también por Vox, pero el Constitucional rechazó en ese momento las presiones para no "interferir" en la negociación política.