Coronavirus Ayuso y Almeida critican a la Delegación del Gobierno por autorizar la manifestación negacionista
José Manuel Franco ha explicado que los organizadores de la concentración "en ningún momento" señalaron que iban en contra de las mascarillas, y aseguraron que garantizarían la distancia social.
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madrid, Actualizado:
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han calificado de irresponsable la concentración contra el uso de la mascarilla que este domingo reunió en la plaza de Colón a unas 2.500 personas, y el regidor ha cargado además contra Delegación del Gobierno por permitirla.
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El alcalde ha afeado que la Delegación del Gobierno en Madrid se indigne por la manifestación "teniendo competencias para evitar lo que se produjo ayer", después de que el delegado, José Manuel Franco, haya anunciado una investigación y sanciones por los incumplimientos en la obligatoriedad de llevar la mascarilla.
"Si se cometieron ayer infracciones hay que perseguirlas pero que no se haga el indignado porque obviamente cuando se convoca una concentración contra el uso de mascarillas lo más probable es que no se usen mascarillas", ha afirmado este lunes el regidor madrileño ante los periodistas tras acudir a unas obras.
No había "ningún motivo legal" para impedir la marcha
Franco ha explicado que los organizadores comunicaron que garantizarían la distancia social
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Almeida ha afeado a la Delegación por permitir la marcha, aunque Franco ha explicado que en el escrito de organizadores de la concentración para comunicar la concentración a la Delegación "en ningún momento" se señalaba que iban en contra de las mascarillas, de hecho, garantizaba la distancia social y que habría personas recordando con pancartas a los asistentes que la mantuvieran. Con lo cual, la Delegación consideró que se daban las "situaciones adecuadas" para que se celebrara y ha recordado Franco el derecho fundamental de manifestarse.
Además durante el estado de alarma, antes de la manifestación en coche de Vox y tras la del Barrio de Salamanca, la Fiscalía del Tribunal Supremo remitió un escrito a todos los fiscales con instrucciones para actuar en caso de convocatorias de manifestaciones durante el estado de alarma. Recordando que el estado de alarma no suspende el derecho constitucional de reunión y manifestación de manera automática.
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Algo que ha recordado hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ante la manifestación antimascarillas ha explicado que no había "ningún motivo legal" para impedir la marcha.
La Comunidad tacha de "temeridad" la autorización
A pesar de que la presidenta regional, Isabel Diaz Ayuso haya escrito en su cuenta de Twitter que: "Se suceden iniciativas irresponsables. Al comienzo de la pandemia todo el mundo era solidario. Ahora cada día hay más grupos con distintas reivindicaciones. Si no volvemos a la solidaridad de todos, la solución será más complicada".
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El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha tachado de "temeridad" que la Delegación del Gobierno en la región autorizase la manifestación.
"Ahora se anuncian sanciones y lo celebramos, pero mucho más eficaz sería evitar concentraciones como esa", ha argumentado Pérez en declaraciones remitidas a los medios de comunicación. Durante la movilización se impusieron más de 30 denuncias, entre ellas a los organizadores.
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Asimismo, entiende que es imprescindible en esta etapa de la pandemia del Covid que se "extreme la responsabilidad" y evitar "cualquier riesgo de contagio". "La responsabilidad institucional recomienda que no se autoricen ni celebren concentraciones como la de Colón", ha zanjado.
A pesar de que durante el estado de alarma y tras él ya se realizaron varias manifestaciones, como la manifestación en Pamplona para pedir el fin de las corridas de toros en los Sanfermines o contra la visita de los reyes en varias ciudades, ya que como explicó el Tribunal Supremo la pandemia no suspende el derecho constitucional de reunión y manifestación.
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O la manifestación del 8M, antes del estado de alarma, de la que la jueza del caso, Carmen Rodríguez-Medel, archivó provisionalmente la investigación abierta al delegado del Gobierno en Madrid, Juan Manuel Franco, el único imputado, porque no tuvo un conocimiento "cierto, objetivo y técnico" del riesgo que para la salud pública entrañaban las manifestaciones autorizadas entre el 5 y el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma.
El delegado del Gobierno en Madrid aclaró en esta manifestación como en la de este domingo que " no había ningún elemento que llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían nada que ver con derechos fundamentales".