El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vino a conceder de facto el derecho a veto de los empresarios a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al afirmar que cualquier subida para este año estará condicionada al acuerdo en el marco del diálogo social, donde de la CEOE ya ha manifestado que no está dispuesta a negociar ninguna subida salarial.

Sánchez, en la rueda de prensa para hacer balance del año de gestión, quiso justificar esta posición reivindicando las subidas acometidas desde que él llegó al Gobierno en el 2018, donde el Salario Mínimo pasó de 735 euros a los 950 actuales. 

Pero, además, el presidente del Gobierno dijo que se mantiene el compromiso alcanzado con Unidas Podemos para la formación del Gobierno de coalición de alcanzar al final de la legislatura la recomendación de la Carta Social Europea, es decir, que el SMI represente un 60% del salario medio bruto.

El presidente del Ejecutivo insistió en que no se puede pedir que se haga una subida del SMI como se ha hecho de las pensiones o a los funcionarios públicos porque, según dijo, esta subida recaería sobre los empresarios y no sobre el sector público.

Sánchez dibujó un sombrío panorama de la situación empresarial, llegando a decir que el tejido del empresariado español está atravesando "por una trágica situación", dijo.

De esta forma, no subirá el SMI a principios de año, aunque quedará prorrogado, dado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevó dicha prórroga este martes al Consejo de Ministros para que los trabajadores no quedaran en una indefensión jurídica, ya que el anterior decreto que regulaba este salario finalizaba el 31 de diciembre.

Los sindicatos, indignados

Nada más conocerse la posición del presidente del Gobierno, fuentes de UGT y CCOO insistieron en reclamar la subida del SMI para el 2021, considerando una reivindicación "Irrenunciable".

Para los sindicatos, el año 2021 no puede ser una excepción y piden que se agilice de forma urgente el diálogo social para llegar a un acuerdo, "porque el SMI es un instrumento inapreciable de solidaridad y distribución de riqueza", aseguran.

Los sindicatos ya anunciaron el pasado lunes que de no haber un cambio de posición por parte del Ejecutivo en este asunto, así como en la reforma laboral y en pensiones, convocarían movilizaciones de protesta el próximo mes de febrero.