En abril del pasado año, apenas unos días después de las elecciones del 28-A, la entonces portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, afirmó que el PSOE apostaba en ese momento por un Gobierno en solitario de Pedro Sánchez, y no por la coalición que ya demandaba entonces Unidas Podemos. Preguntada sobre cómo se sostendría la gobernabilidad, la portavoz puso sobre la mesa la fórmula de la 'geometría variable', que pasa por que el partido que gobierna llegue a acuerdos con distintas formaciones de la izquierda y la derecha parlamentaria en función de las medidas que se pretendan impulsar.

La 'geometría variable' de Celaá fue descabalgada y relegada al olvido por la repetición electoral de noviembre y el acuerdo de coalición alcanzado con Unidas Podemos. A principios de año, el foco político se centró en anticipar escenarios con los Presupuestos Generales del Estado, que los de Sánchez querían llevar al Congreso en primavera. Ante las dudas sobre los apoyos que podrían recabar y las difíciles relaciones con ERC, la 'geometría variable' recuperó su fama de fórmula útil que favorecía la gobernabilidad.

Esta receta volvería una vez más, y en esta ocasión con aplicación práctica, durante la pandemia. El Gobierno apeló de nuevo a la famosa geometría tras lograr sacar adelante una prórroga del estado de alarma gracias al apoyo de Ciudadanos, una formación que ha mostrado su interés por extender la colaboración con el Ejecutivo más allá de las medidas impulsadas para luchar contra la covid-19.

Este acercamiento a Ciudadanos permitió aprobar la prórroga, pero ya entonces se pudieron ver algunos síntomas de las tensiones que pueden provocar los amagos por apoyarse en la izquierda y en la derecha del hemiciclo en función de la materia a tratar. El denominado bloque de la investidura advirtió a Sánchez de que la fórmula no tendría recorrido y terminaría por llevar la legislatura al fracaso.

Durante estos últimos dos meses se ha producido una segunda prueba, una segunda aplicación de la 'geometría variable' enunciada por Celaá hace más de un año: la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social. El resultado parece no haber sido del todo satisfactorio para un Gobierno que, aunque buscaba un amplio consenso en todos los acuerdos de reconstrucción, ha visto fracasar este miércoles el dictamen de políticas sociales y ha logrado salvar por tan solo un voto las medidas económicas aprobadas en la comisión, que han contado con 169 votos a favor y 168 en contra, apuntando hacia una división total de la Cámara en este sentido.

Sin embargo, incluso el dictamen de reactivación económica está en riesgo, ya que una diputada de Unidas Podemos cometió un error en la votación (emitió su voto en dos ocasiones, una por vía telemática y otra, presencial). La parlamentaria votó a favor del texto dos veces, por lo que, si la aritmética sigue igual, lo previsible es que las votaciones empaten, lo que conllevaría una nueva votación y, en caso de volver a empatar en una segunda ocasión, el dictamen económico, también decaería

La estrategia del Ejecutivo desde un principio fue la de alcanzar acuerdos con la izquierda y con la derecha del hemiciclo en las diferentes áreas tratadas en el órgano (reactivación económica, políticas sociales, Sanidad y Unión Europea) para poder salvar los cuatro dictámenes. Ello implicaba hacer concesiones y guiños a dos espacios ideológicos que ya en mayo advirtieron de que no tendrían una fácil convivencia.

El resultado fue, en palabras del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, "un campo con algunas flores aquí y allá; unas negociaciones en las que hablaban con nosotros sin que supiéramos si lo que estaban negociando con otros partidos iba en contra de nuestros intereses, una aproximación legislativa a hurtadillas". 

Documentos ambiguos para la 'geometría variable'

El primer paso para abonar esta geometría variable fue la elaboración de unos textos de partida ambiguos, sin medidas específicas, en los que "se pudieran reconocer" todas las formaciones. La primera piedra que hundió alguno de los acuerdos fue precisamente la ambigüedad de los documentos. Ya en el trabajo de las enmiendas, donde los grupos colocaron sobre la mesa las medidas concretas que pretendían impulsar, el PSOE puso en marcha una estrategia para atraer al PP hacia un acuerdo sobre los dictámenes.

Este plan consistió en rechazar la gran mayoría de las enmiendas presentadas por muchas de las formaciones del bloque de la investidura (ERC, Bildu, BNG, Más País, Compromís) para no "espantar" al PP. En base a esta dinámica decayeron medidas como la derogación de la reforma laboral (firmada en un acuerdo con Bildu hace apenas unos meses), el impuesto a las grandes fortunas (que Unidas Podemos pretendió incluir en el documento de partida) o el impuesto a la banca.

Sin embargo, la 'geometría variable' no funcionó en esta ocasión y las renuncias del PSOE a las medidas de las formaciones más progresistas no atrajeron al PP hacia el documento económico. Al final, el dictamen de la reactivación económica no contó ni con el apoyo del PP (para el que no fueron suficientes las renuncias de los socialistas en materia de justicia fiscal) ni de buena parte de las formaciones del bloque de la investidura (que vieron cómo sus enmiendas más importantes sobre fiscalidad eran tumbadas en cada votación; incluso los socialistas forzaron la repetición de una votación para suprimir la derogación de la reforma laboral, después de haberla apoyado "por error").

El dictamen económico se ha salvado, de momento, por un solo voto, después de que el PSOE llegara a un acuerdo con Más País y Compromís a última hora. No corrió la misma suerte el documento de políticas sociales que, desde el inicio, fue el dictamen de la discordia, y este miércoles decayó con 172 votos a favor, 175 en contra y una abstención.

El motivo principal radicaba en que las derechas (PP, Ciudadanos y JxCat) se negaban a apoyar un texto que no incluyera a la educación concertada en los planes de financiación pública recogidos en el dictamen. Sin embargo, las diferencias iban mucho más allá y, si desde los partidos más conservadores se valoraba el texto como "muy ideologizado", desde las formaciones de izquierdas se advertía de que las medidas se quedaban cortas, en otro escenario de tensión provocado por la geometría variable.

Hasta el martes, parecía que el texto, a pesar de no suscitar demasiados apoyos, iba a salir adelante gracias a una débil mayoría. Sin embargo, un desacuerdo de última hora con Bildu terminó por hacer fracasar el dictamen. Fuentes de Unidas Podemos aseguraron que se había llegado a un acuerdo con la formación vasca a través de una enmienda para mejorar las pensiones (mediante la revalorización con el coste de la vida, el aumento de las pensiones mínimas y la derogación del factor de sostenibilidad), pero el PSOE, en el último momento, no quiso que esa enmienda saliera adelante, provocando el rechazo de Bildu.

En su búsqueda del consenso más amplio, el PSOE no logró arrastrar a la derecha porque no introdujo la educación concertada en los planes de financiación pública (lo que constituye un guiño, planeado o no, a la izquierda de la Cámara); y tampoco logró atraer a buena parte de la izquierda no admitiendo a última hora una enmienda sobre pensiones que proponía eliminar el factor de sostenibilidad, lo que se ha interpretado por algunos partidos como otro guiño a la derecha.

La 'geometría variable' ha funcionado, al menos en esta ocasión, como una dinámica que ha generado importantes tensiones en el Parlamento a través de unos giros del PSOE a izquierda y derecha del hemiciclo que no han logrado satisfacer las aspiraciones de los distintos partidos. "A veces, cuando lo quieres todo, te vas sin nada", comentaba un diputado.