Colaboradores de Villarejo investigaron a Iglesias y Monedero hasta 2018

La obsesión de las cloacas de Interior con el actual vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y con quien fuera su profesor, fundador de Podemos y colaborador de Público, Juan Carlos Monedero, no ha cesado ni estando el comisario José Manuel Villarejo en la cárcel. 

Si bien el ahora policía preso en Estremera ha reconocido que el primer encargo de investigar a los morados le llegó en 2015 por parte de sus jefes del Ministerio del Interior y directamente del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, después de que Podemos se alzase con cinco europarlamentarios, los documentos que Público desvela ahora en exclusiva muestran que Villarejo y dos de sus colaboradores, el también funcionario en segunda actividad Antonio Giménez Raso y el exdetective de Método 3 Julián Peribáñez, continuaron investigando al líder y al estratega de Podemos al menos hasta 2018. 

Debe de ser que el falso informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), las invenciones acerca de la cuenta de Las Granadinas y el robo del teléfono móvil a la exasesora de Iglesias no fueron suficientes para agotar a las cloacas. Sin embargo, y aunque los juzgados no aceptaron estas falsedades contra la formación morada, ni siquiera el juez Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo, parece interesado en investigar esta maniobra al margen de la ley contra un adversario político, realizada con el mismo modus operandi y por los mismos personajes imputados en la causa Kitchen para salvar al PP. 

Del viaje a Atenas a la imputación en 'Tándem'

El 14 de enero de 2020, a las 16.50 h de la tarde, partían del aeropuerto de El Prat con destino a Atenas dos de los colaboradores más fieles que aún le quedan al comisario Villarejo después de tres años en la prisión de Estremera. Uno alto y grueso, de bigote frondoso, policía en segunda actividad y detenido en una operación de narcotráfico de la que finalmente fue absuelto, compatibiliza sus actividades de detective con extrañas operaciones que acaban en manos de la Policía a través de su socio Villarejo, de su amigo José Luis Olivera —exjefe de la UDEF y el CITCO y ahora en la Real Federación Española de Fútbol— o de las Direcciones Adjuntas Operativas de los gobiernos del PP. El otro, de menor corpulencia, le sigue desde que trabajaron juntos en la agencia Método 3 y ayudaron al Ministerio de Interior y a Villarejo a acabar con quien fuera su jefe, el detective y abogado Francisco Marco.

El policía y socio del comisario Villarejo, Antonio Giménez Raso (de frente con bigote), junto con los exdetectives de la agencia Método 3, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit., reunidos en Barcelona en 2014 en plena Operación Cataluña. — PÚBLICO.

Son Antonio Giménez Raso y Julián Peribáñez. Colaboran juntos. Cada uno a través de su empresa. El Bigotes, como se conoce a Raso, con la sociedad Servicios de Investigación y Detección de Crisis que desde Barcelona sigue haciendo trabajos junto al hijo del comisario. Peribáñez, con la sociedad Castor & Polux Consulting SL, en la que se ayuda de Giménez Raso. De ellos se descolgó hace un tiempo Antonio Tamarit, también extrabajador de Método 3, que es recordado como "uno de los mejores profesionales que trabajó en la agencia de detectives y el tiempo me ha demostrado que me equivoqué al considerarlos una dupla, ya que en la actualidad está trabajando por su cuenta con gran éxito", explica Francisco Marco, que acaba de publicar el libro La España Inventada junto al periodista Manuel Bravo, en el que transitan por la historia reciente de España, de Villarejo y de las cloacas de Interior.  

A la vuelta de Atenas, agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se presentaron en la vivienda-despacho de Julián Peribáñez. "Vinieron seis policías, el fiscal y la del juzgado. El portero de la finca flipaba… Buscaban un informe que Peribáñez había realizado para Giménez Raso", asegura uno de los implicados. La Policía seguía la pista de dos facturas que Peribáñez había emitido a la empresa de Villarejo el 15 de febrero y el 1 de marzo de 2016, respectivamente. Facturas por un importe de 3.600 y 2.000 euros.

"Pablo Manuel Iglesias Turrión, born the 17 october 1978"

Este registro se produjo tras la imputación de Giménez Raso en la causa Tándem y el hallazgo de documentación que acredita que Peribáñez, que está bajo la lupa de Asuntos Internos, siguió investigando al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y al profesor Juan Carlos Monedero en 2018, estando Villarejo en prisión. 

El 3 de octubre de 2018, Peribáñez escribe a Jim, un detective de Miami, solicitándole que le llame como continuación a un email remitido a las 8.16 h del día anterior, en el que le facilitaba los datos de "Pablo Manuel Iglesias Turrión, born the 17 october 1978" [sic] y donde le relataba que había sido miembro de la fundación CEPS y le preguntaba por el banco en el que podría haber cobrado. Es decir, los grandes clásicos que hasta el momento habían salido reflejados en todas las investigaciones fake de las cloacas de Interior. 

Email enviado por Julián Peribáñez a un detective de Miami identificado como Jim, solicitándole información sobre el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias Turrión. 

Meses antes ya había hecho el mismo intento con otro detective de Venezuela. Los días 2 y 3 de julio de 2017, Peribáñez escribe a un colega del Caribe interesándose por Juan Carlos Monedero Fernández, nacido el "2 de enero de 1963", y de quien tiene su domicilio y número de DNI. Explica a su interlocutor venezolano que el objetivo fue "asesor del ex presidente de Venezuela Hugo Chávez y trabajó con él codo con codo en el Palacio de Miraflores de Caracas". Añade además que "no justifica por qué cobró 425.150 euros de Venezuela" y le aporta los datos de la llamada Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones S.L., creada en octubre de 2013 sin empleados. 

Correo electrónico enviado por el colaborador de Villarejo, Julián Peribáñez, el 2 de julio de 2018 a un detective venezolano buscando información sobre Juan Carlos Monedero. 

El viernes 20 de julio, el intrépido detective —que reconoció haber cobrado de los fondos reservados por este tipo de trabajos en la Operación Cataluña— vuelve a contactar con Venezuela, tal y como se transcribe literalmente a continuación: "Te envío también otra noticia donde dice que Monedero cobró del gobierno Venezolano (sic) desde la Fundación CEPS "Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales"; esta es la empresa que trabajo mas con el gobierno de Chávez me parece, si sacamos todos los contratos y pagos estaría muy bien también".

Y prosigue: "En la actualidad la fundación dejo de funcionar [...] una vez lanzado el partido político PODEMOS, se le acuso de ser la via de financiación". En tono jocoso enlaza con dos vídeos de Youtube y explica: "Este es Pablo Iglesias por si no le conocías jejeje y es este es Monedero hablando con Chávez. Un abrazo amigo!".   

Segundo email del 20 de julio de 2018 de Peribáñez a un detective de Venezuela preguntando por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. 

Tres días después, el detective caribeño contestará al email que tiene como asunto Presupuesto Venezuela: "Hola Julián recibido!".

Desde 2015 investigando a Podemos fuera de la ley

La misión de Peribáñez no es nueva. Como desveló Público en febrero de 2017, fue el propio ex Director Adjunto Operativo Eugenio Pino quien abrió la caja de Pandora de la utilización de detectives pagados con fondos reservados para las operaciones al margen de ley con una carta enviada al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que lleva la causa Pujol. 

En ella aseguraba que Peribáñez y Tamarit, los exdetectives de la agencia Método 3, habían trabajado para él desde al menos 2013 y hasta que él abandonó la Policía, en el verano de 2016. Pero al final de su nota revela que siguen trabajando para Interior: "Que según la información de que dispongo los detectives continúan colaborando con el CNP [por Cuerpo Nacional de Policía], y que el hecho inicial de esta colaboración se debe a una venganza por no haber cobrado una cantidad cercana a los 200.000.-€ que según los detectives les debía el Director de la Agencia de Investigación citada".

El propio Peribáñez se vanaglorió en su cuenta de Facebook de haber aportado su grano de arena sobre las acusaciones de supuesta financiación por parte de Irán a dirigentes destacados de la formación morada, después de que Eduardo Inda publicara —y agitara incansablemente en todas las tertulias televisivas— el dosier conocido como PISA. Es más, la mismísima argumentación que utilizaba Inda repetitivamente ya la había dejado por escrito Peribáñez en su libro Descubriendo el laberinto rojo, editado en 2015. Así, la supuesta financiación iraní de Podemos a la que Villarejo dio tanta publicidad salía del entorno de estos detectives.

El trabajo encomendado desde el ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz a Villarejo, a sus empresas radicadas en la lujosa Torre Picasso y a sus empleados —como él mismo ha afirmado en una nota informativa entregada a los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA)— continuó con un viaje a Venezuela y a Miami en marzo de 2016.

Allí se reunieron con la oposición venezolana después de que la Policía española diera protección a un presunto confidente de la agencia estadounidense contra el tráfico de drogas (DEA), de cuya información se valió el entonces Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para dirigir su propaganda (en plena temporada electoral) contra la formación morada, como también desveló este diario.

Un mes después de aquel viaje a América, entre el 19 y el 27 de abril cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano durante el mandato de Hugo Chávez se hospedaron en el madrileño hotel Orfila para diseñar una segunda versión del apócrifo Informe PISA antes de las elecciones generales del 26 de junio. Estas elecciones eran la repetición de las que se habían celebrado en diciembre de 2015, las primeras para Podemos, en las que la formación morada había irrumpido con 42 diputados en el Parlamento.

Según el documento que reveló Público, todos los confidentes estaban protegidos por el Gobierno de Estados Unidos –dos de ellos salían en Los papeles de Panamá por esconder su fortuna en paraísos fiscales–, porque "querían negociar con España un permiso de residencia o la nacionalidad a cambio de la información aportada contra diferentes dirigentes de Podemos", explicó una fuente policial que participó en la operación.

Fue de aquella operación de la que salió el presunto documento de pago del Gobierno venezolano de más de 200.000 euros a Pablo Iglesias, que también publicó Eduardo Inda y que era tan falso que ni el nombre del ministerio que supuestamente emitía el desembolso coincidía con el verdadero.

Ahora está en manos del juez García Castellón terminar de unir las piezas e investigar los otros dos trabajos al margen de la ley que el Ministerio del Interior, policías y detectives llevaron a cabo utilizando documentos y testigos falsos: los informes contra Podemos y la Operación Cataluña. Los protagonistas son los mismos.