“El valor primordial era el cumplimiento de la ley por encima de la convivencia ciudadana” durante el 1 de octubre de 2017. Esta tajante frase ha sido pronunciada en el Tribunal Supremo por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, el responsable de la coordinación de las fuerzas de seguridad durante el referéndum que había sido suspendido por el Constitucional, según fuentes presentes en la declaración.

Pérez de los Cobos era el coordinador de las fuerzas de seguridad en Catalunya durante el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y ha declarado como testigo ante el juez de instrucción, Pablo Llarena, que investiga una causa abierta por rebelión, sedición y malversación en la organización del proceso unilateral independentista.

En una declaración de cuatro horas, Pérez de los Cobos ha destacado que, por encima de la convivencia, estaba el cumplimiento de la ley. Y ha asegurado que pidió al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desconvocara el referéndum porque era la manera más fácil de evitar disturbios en la calle.

De los Cobos ha descrito la reunión que mantuvo con los mandos de la policía autonómica catalana, así como de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el 28 de septiembre. La discusión fue tensa. El jefe de los Mossos, Josep LLuís Trapero, esgrimía que la convivencia ciudadana era un bien superior frente a la actuación policial. El Govern pretendía que los agentes actuaran sólo a instancia de la policía autonómica, y el consideró que era contrario a lo dictado por la fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y que por encima estaba la legalidad .

La víspera, la magistrada Mercedes Armas había dictado un auto que era el meollo del debate. En la resolución judicial ordenó a los Mossos, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que impidieran que se abrieran los edificios públicos el 1-O y que se requisara todo el material relacionado con el referéndum. Ahora bien, De los Cobos dice que sólo tuvo acceso a la parte dispositiva del auto y no a los razonamientos jurídicos, ya que no estaban personados en el proceso a diferencia de la consellería de Interior.  En los fundamentos jurídicos, la magistrada explicaba la necesidad de adoptar "todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana".

Concertados

Pérez de los Cobos ha destacado que los Mossos obstaculizaron la labor de la policía nacional y la guardia civil, de tal manera que informaron a sus superiores de los movimientos policiales y visitaron a los concentrados en los colegios para decirles que irían a las 6 de la mañana y que se había mucha gente no actuarían, lo que facilitó la creación de las murallas humanas.

En su versión, la policía autonómica actuó como “foco de información” para eludir la suspensión del referéndum que había dictado el TC. Acusa a los mandos de los Mossos, al consejero de Interior de entonces, Joaquim Forn, -en prisión preventiva-, al director general del cuerpo, Pere Soler, y a determinadas  organizaciones civiles de concertarse para celebrar el referéndum. Tanto Forn como Trapero estuvieron siempre dispuestos a incumplir la prohibición judicial.

Percibió que ninguno de los dos tuvo la intención de retirar las urnas. Además, no era “operativo” que enviaran sólo dos agentes por colegio el 1-O.

De los Cobos ha reconocido el uso de pelotas de goma por parte de la policía nacional, que están prohibidas en Catalunya desde 2014. Ahora bien, el coordinador ha asegurado que dicha prohibición sólo afecta a los Mossos. He negado la existencia de 1060 personas "heridas", como dicen las defensas, sino que muchas de esas asistencias eran falsas, hay personas "atendidas" y que los que sufrieron daños reales muchos menos. Reconoce también que no se ha expedientado a ningún agente. [Estos incidentes son investigados en los juzgados de Catalunya].

Mas declarará el 20 de febrero

El magistrado Llarena ha adelantado a las partes que citará a partir del 14 de febrero a la exportavoz de la CUP Anna Gabriel y la diputada Mireia Boya para que declaren como investigadas en la causa abierta contra el proceso soberanista, han informado fuentes jurídicas.

El día 19 de febrero declararán también como investigados la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal y la número dos en la lista de ERC Marta Rovira.

El 20 de febrero declarará expresidente de la Generalitat Artur Mas y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.

Pablo LLarena amplió en un auto del pasado 22 de diciembre la investigación contra estas seis personas por su participación "especial y destacada" en el proceso independentista al formar parte del Comité Estratégico para declarar unilateralmente la independencia de Catalunya.