La CNMC creará un registro con la propiedad de los medios y sus ingresos publicitarios

El Gobierno ha anunciado la creación de un registro de medios de comunicación, gestionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC), para garantizar la transparencia sobre la propiedad de los medios y la inversión publicitaria que reciben. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia, con el objetivo de asegurar una mayor independencia de los medios de comunicación.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que la CNMC será reformada para asumir nuevas competencias, como definir qué es un medio de comunicación y diferenciarlo de plataformas cuya finalidad no es informar. Además, se impondrá la obligación de que todas las administraciones públicas presenten anualmente su inversión publicitaria de manera clara y accesible.

El Ejecutivo también reformará la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de fondos, con el fin de evitar que se financien medios que promuevan desinformación o bulos. Estos cambios se desarrollarán en colaboración con expertos y grupos parlamentarios.

Urtasun ha añadido que la nueva ley incluirá medidas para garantizar la imparcialidad y veracidad en los sistemas de medición de audiencias, con el objetivo de evitar prácticas que alteren los datos reales. Además, se implementarán criterios de discriminación positiva para medios que escriban de manera íntegra en lenguas oficiales como el euskera o el catalán.

CLABE aplaude la estrategia, pero pide "concreción"

El director general de Club Abierto de Editores (CLABE), Juan Zafra, considera que las medidas "necesitan mayor concreción", aunque reconoce aspectos "positivos" que la organización ha apoyado desde hace tiempo. El responsable representa a 190 grupos y empresas editoriales responsables de casi un millar de publicaciones.

En relación con las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros, Zafra señala que, en términos generales, el plan "requiere más precisión", aunque valora como positivo el esfuerzo por alinear el sistema mediático con los principios de transparencia y gobernanza.

De este modo, Zafra señala que contiene algunos puntos que han defendido en CLABE. Es el caso del registro de medios en la CNMC, que "debería abrir un diálogo con las asociaciones profesionales y editoriales para establecer con qué criterios se va a generar ese registro", según ha indicado.

Los periodistas celebran la ley de secreto profesional

El plan del Gobierno también contempla una ley de secreto profesional para proteger a los periodistas y sus fuentes, y la transposición de la directiva europea para la protección de los periodistas de "acosos externos" y "las demandas abusivas e infundadas a las que se enfrentan de forma diaria por hacer su trabajo".

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha considerado positivo este impulso a la ley, pero ha querido dejar claro que velará para que no se produzcan "cortapisas en el libre ejercicio del periodismo". La organización quiere que se aplique "con rigor" las medidas relacionadas con la transparencia, la pluralidad de los medios, el sistema de financiación y la independencia de los periodistas.

La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) también ha celebrado la inclusión del secreto profesional en el plan porque, a su juicio, es un paso necesario para fortalecer la libertad de prensa y se ha unido a la petición de que todas estas medidas se consensuen con las organizaciones que representan a los profesionales de los medios.

Reforma de la 'ley mordaza'

Otra modificación importante será la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza "para acabar con las sanciones que profesionales de información están recibiendo por hacer su trabajo cuando esto implica cubrir las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha expresado Urtasun.

Además, se establecerán límites a la financiación pública de los medios de comunicación para evitar la creación de medios impulsados por administraciones públicas. También se revisará el marco regulatorio para asegurar el pluralismo político y combatir la concentración de medios, que podría amenazar el derecho a una información plural.

Finalmente, el Gobierno llevará a cabo una reforma integral del Código Penal para eliminar delitos que en el pasado se utilizaron para sancionar a artistas, garantizando así una mayor libertad de expresión y creación artística en el país.

Con estas medidas, el Ejecutivo pretende asegurar que los medios de comunicación en España sean transparentes, independientes y garanticen el derecho constitucional a una información veraz.