Rafael Isea, que fuera ministro de Finanzas de Venezuela con Hugo Chávez en 2008, ha reconocido que "en marzo o abril de 2016" viajó a la ciudad de Nueva York para entrevistarse con tres policías españoles en el consulado de España para que les ayudara en la guerra sucia de las clocas del Estado contra Podemos.

Isea ratifica punto por punto en una entrevista en La Sexta lo publicado hasta hora en España: afirma que los tres policías encabezados por José Ángel Fuentes Gago le dijeron que investigaban el pago de 7,1 millones de euros en 2008 de Venezuela a la Fundación CEPS para la que entonces trabajaron los fundadores de Podemos (seis años antes de su nacimiento) y le ofrecieron protección para él y su familia si podían contar con su testimonio para vincular la financiación de Podemos con el Gobierno venezolano.

El venezolano también asegura en la entrevista en La Sexta que los agentes españoles le dijeron si colaboraba tendría el respaldo del Gobierno español, entonces en funciones y presidido por Mariano Rajoy. "Fuentes Gago se dirige a mí y me dice: 'Yo soy alto funcionario de Interior y esto tiene el más alto respaldo de Gobierno español, esto solo va a ser supervisado por un juez, y podemos tratar con él la condición de testigo protegido. Sabemos su situación de persecución y nosotros podemos ayudarle con pasaporte español, nacionalidad y salir del país porque están perseguidos'".

Isea, que renegó del chavismo hace años, confiesa en esa entrevista en La Sexta sentirse utilizado por el Gobierno español del PP. "Pienso que me utilizaron. Creía en la seriedad de España. Creo que la institucionalidad española es seria. Nunca imaginé que hubiera personas que hablaran de eso sin que hubiera un respaldo detrás. Yo pedí explicaciones, no recibí explicación. Hubo una persona, creo que de apellido Rueda, que me escribió y que me dijo que estaba a ver si lo resolvía, que le enviara nombres de mis familiares… no hubo respuestas", apunta Isea.

Y añade que está convencido de que la intención última del Ejecutivo español era "influir en las elecciones" que se iban a celebrar en junio de 2016. Es más, ahora reconoce que el pago a la fundación CEPS no tenía nada de ilegal: "Se produjo en medio de un arreglo entre los ministerios para proponerle al presidente el pago de los servicios. Pero eso, cumplido con la ley, no tiene nada de ilegal en Venezuela".