Las claves de Tsunami Democràtic, el torpedo con que la judicatura intenta reventar la amnistía

La inminencia de la tramitación de la amnistía, enmarcada en las negociaciones entre los partidos independentistas y el PSOE para investir a Pedro Sánchez, está acelerando los movimientos de los que se oponen a ella. Es el caso de la derecha y la ultraderecha -el PP ya ha anunciado nuevas movilizaciones para el 12 de noviembre- y también de la judicatura, que está apretando para torpedear la nueva ley.

En menos de una semana, la Audiencia Nacional ha enviado a juicio a los 12 activistas de los Comitès de Defensa de la República (CDR) procesados en la denominada Operació Judes y también ha dado un nuevo giro a la causa de Tsunami Democràtic.

Este lunes se ha sabido que el juez Manuel García Castellón -el mismo que lleva la causa de los CDR- ha decidido imputar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por esta causa, y también ha incluido al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la lista de investigados. “¡A por ellos!, por no perder la costumbre. Es un golpe de estado permanente”, ha aseverado el expresident al saber la noticia. En ningún momento hasta ahora Puigdemont había sido acusado por Tsunami.

ERC ha respondido a la noticia diciendo que es la “reacción previsible y antidemocrática” de los “poderes reaccionarios” del Estado contra la ley de amnistía. En un comunicado, el partido señala la “intencionalidad política" de la causa y lo ve como un “indicador” de los acuerdos alcanzados con el PSOE.

¿Pero qué es exactamente Tsunami Democràtic, qué papel jugó durante el procés y por qué ahora la judicatura centra su estrategia en esto? Lo explicamos.

Tsunami Democràtic se presentó en septiembre de 2019 como un movimiento para responder a la sentencia del procés, que estaba previsto que saliera al cabo de poco. Así fue: el 14 de octubre se hizo pública la condena a los nueve exconsellers de la Generalitat, a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Ese mismo día Tsunami convocó su acción más multitudinaria a través de su canal de Telegram.

Bajo el lema Tothom a l'aeroport, llamó a bloquear la infraestructura y miles de personas se desplazaron hasta ahí, muchos de ellos a pie después de que las autoridades cortaran las comunicaciones. El resultado sería un día de caos, más de 150 vuelos cancelados, cargas policiales y repercusión internacional.

Entre octubre y diciembre de 2019, Tsunami se erigió como una plataforma anónima, sin portavoces, que coordinaba la respuesta a la sentencia. Primero por Telegram, y después a través de una app que debía activarse a través de unos códigos QR.

Sus principales acciones fueron, además del aeropuerto, el corte de la AP-7 en La Jonquera el 11 y el 12 de noviembre de 2019 y una acción dentro y fuera del Camp Nou durante el partido Barça-Madrid el 18 de diciembre. Por el corte de La Jonquera, que se alargaría después a Girona, hubo cerca de 200 investigados en una causa que finamente quedó archivada.

Tsunami Democràtic se investiga por delitos de terrorismo y por eso está en la Audiencia Nacional y no en un juzgado ordinario. En un inicio, esta acusación justificó la orden de cierre de la página web, ejecutada por la Guardia Civil en 2019.

Más tarde, a la investigación se sumaría parte de la causa enmarcada en el caso Volhov, por la que se detuvieron a una veintena de personas, entre ellas exaltos cargos y políticos de ERC, Junts y la antigua CDC. Una de las líneas de investigación era la financiación de Tsunami.

Por último, el juzgado de Barcelona decidió enviar esta carpeta también a la Audiencia Nacional por terrorismo, en contra del criterio de la Fiscalía, que sólo veía desórdenes públicos.

Marta Rovira ha figurado desde hace tiempo como elemento central de Tsunami en la investigación, y éste es uno de los motivos por los que no ha podido regresar del exilio en Suiza, donde reside. Como novedad, en el auto hecho público este lunes aparece Carles Puigdemont, quien nunca había figurado como investigado en la causa.

Según el juez, está “acreditado indiciariamente” que Puigdemont acudió “a las reuniones que se celebraron en Ginebra” el 29 y el 31 de agosto de 2019, donde “podría haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic”. Las malas relaciones que afectan a ERC y Junts desde el 2017 hacen improbable que dos de sus máximos dirigentes lideraran conjuntamente el movimiento.

Además, el auto judicial también imputa al secretario cuarto de la Mesa del Parlament y diputado de ERC Ruben Wagensberg, el ex secretario de organización de ERC Xavier Vendrell y el empresario Oriol Soler. El resto de citados como investigados son: Josep Lluís Alay, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani, Oleguer Serra y Nicola Flavio.

Además, el juez también acuerda citar como testigos a la entonces portavoz de ERC, Marta Vilalta, y al líder de Bildu, Arnaldo Otegi.

Hace pocas semanas, Vox y la entidad Dignidad y Justicia de víctimas de ETA -próxima al PP- fueron aceptadas como acusaciones particulares en el caso. Esto retuvo el caso en la Audiencia Nacional en un momento en el que, derogado el delito de sedición, se planteaba enviarlo al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). También pesaba el hecho de que, pese a contar cerca de cuatro años de investigación, no se han encontrado hasta ahora indicios de terrorismo.

La relación entre el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía ha sido muy tensa, con la obsesión del magistrado de mantener una imputación por terrorismo que el Ministerio Público ha rechazado siempre. La acusación de terrorismo no podía prosperar sin la acusación de la Fiscalía y paradójicamente fue entonces cuando aparecieron Vox y Dignidad y Justicia con su querella particular para permitir a García Castellón sacar adelante la causa.

La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá esta última resolución de la Audiencia Nacional porque no ve terrorismo. El Ministerio Público entiende que dado que ha desaparecido el delito de sedición la causa sólo puede seguirse por desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.

Fuentes del ente fiscal han señalado a la ACN que antes de que el juez de la Audiencia Nacional dictara el escrito, la Fiscalía ya preparaba un informe para que la causa fuera juzgada en Barcelona por este delito.

Tras años de investigación judicial, la causa cogió impulso la semana pasada. El jueves, horas después de que ERC cerrara su acuerdo por la amnistía con el PSOE, la Guardia Civil remitió al juez un nuevo informe sobre el caso.

Fuentes independentistas indican que estos movimientos del juez se enmarcan en el intento de torpedear la amnistía, un movimiento político que está diseñado para superar el examen del Constitucional, que además ahora cuenta con mayoría progresista.

El diseño de la causa de Tsunami Democrático forzando la imputación de terrorismo también buscaría la posibilidad de intentar dinamitar la amnistía incluso en el caso de que el Constitucional dé por buena la ley. Sería llevando la causa a la esfera europea, donde la exoneración por delitos de terrorismo genera mucho rechazo, mediante un recurso contra la amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Otra línea roja son las víctimas mortales, inexistentes durante el procés: en este sentido, El Nacional ha avanzado que el propio juez está investigando si la muerte de un ciudadano francés en el aeropuerto de Barcelona puede vincularse con la acción de Tsunami el 14 de octubre de 2019.