Una de las medidas estrella del Gobierno de coalición, el ingreso mínimo vital (IMV) para los hogares más vulnerables, está en la recta final de su diseño.

El Ejecutivo mantiene estos días conversaciones con las comunidades autónomas para decidir cómo compatibilizar esta prestación con las distintas rentas mínimas autonómicas, y con la vista puesta en el Congreso de Ministros ordinario del próximo martes 26, que debe dar luz verde a esta norma, en forma de real decreto ley. Será posible solicitarla inmediatamente después.

Fuentes del Gobierno explican a Público que, además de las conversaciones con las comunidades, el Gobierno está en contacto con la Agencia Tributaria, que transmite los datos para diseñar esta prestación. La idea es que llegue a 100.000 hogares al arranque de su andadura, previsiblemente en junio, si bien el objetivo es alcanzar el millón de hogares beneficiarios, aunque aún no haya pistas de cuándo se logrará.

El ingreso mínimo vital tendrá la misma cuantía para todo el país, y serán las comunidades quienes lo complementen a través de las distintas prestaciones similares que hoy tienen en vigor. Cada una de ellas cuenta con un sistema de renta mínima o ingreso mínimo, diferentes en cuanto a cuantías y a requisitos de acceso; de ahí la complejidad de su arquitectura.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 aceleraron la maquinaria hace apenas un mes, tras algunas fricciones por la voluntad de Unidas Podemos de implementar un ingreso mínimo puente, de aplicación casi inmediata, dada la gravedad de la emergencia del coronavirus.

El Gobierno optó finalmente por comprometerse a aprobar esta prestación durante el mes de mayo, mucho antes de lo previsto por el equipo económico del Gobierno, que pretendía elaborar un proyecto más sosegado para presentarlo en otoño en el Congreso.

Esta es una de las grandes iniciativas del acuerdo de coalición, si bien hasta hace un mes nadie en el Ejecutivo se atrevía a esbozar siquiera cuándo podría entrar en vigor.

Hoy se sabe que supondrá un coste de cerca de 3.000 millones de euros anuales para las arcas públicas; que se pagará mensualmente, y que la mitad de los hogares considerados potenciales beneficiarios, cerca de medio millón, cuentan con menores. Hasta una décima parte del total, entre 70.000 y 100.000, son hogares monoparentales, siempre según las estimaciones en manos del Ejecutivo.

Otras claves del ingreso mínimo

En concreto, el Gobierno fijará un umbral para cada tipo de hogar, teniendo en cuenta el número de integrantes, si es un hogar monoparental o no, etc. Seguidamente, el Ejecutivo estudiará las rentas de que disponga ese hogar, también las salariales.

Así, el IMV servirá para cubrir la distancia económica entre la renta existente y el umbral mínimo fijado para cada tipo de hogar. Desde el Gobierno aseguran que las cuantías definitivas por hogar aún no se han cerrado, y afirman que los detalles del borrador de la normativa ya publicado estaban desactualizadas.

Por otro lado, el ingreso mínimo también persigue ayudar a elaborar un test de riqueza. Esto es, una vez presentada la solicitud, se estudiará que quienes la reclamen no tengan un patrimonio superior al requerido para poder acceder, y en él no computarán las deudas ni la vivienda habitual -salvo que tenga "un valor excepcional", de momento sin que consten cifras-.