El Govern de la Generalitat tendrá nuevos presupuestos para este 2023. Tras una negociación que se ha eternizado durante más de dos meses, el Ejecutivo presidido por Pere Aragonès y el PSC han cerrado un acuerdo que garantiza la aprobación unas cuentas que ya tenían el visto bueno de En Comú Podem desde hace semanas. El pacto incluye medidas ya acordadas con los comuns como la puesta en marcha de un plan de choque social cifrado en 555 millones y que incluye cuestiones como el incremento en un 8% de las ayudas sociales calculadas a partir del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya
(IRSC), o la ampliación del parque de vivienda pública.

El documento acordado entre el PSC y el Govern de ERC pone el foco en temas como el aumento de la inversión en sanidad y educación, una apuesta clara por la reindustrialización del país o el fomento de la transición energética, aspectos también defendidos y asumidos por En Comú Podem, formación que ha celebrado la fumata blanca definitiva en las cuentas. Pero, sobre todo, supone una apuesta política por macroproyectos de infraestructuras de los que ha
hecho bandera el PSC durante las negociaciones con ERC, como el desarrollo del complejo de ocio y del juego Hard Rock, desatascar una vía rápida como la B-40 o Ronda Nord del Vallès y plantear la ampliación de "capacidad" del aeropuerto del Prat.

Para garantizar el cumplimiento del acuerdo, se creará una comisión de seguimiento formada por tres representantes del Govern y tres del grupo parlamentario del PSC. Aunque el pacto se firma este miércoles, la previsión es que las cuentas no sean una realidad hasta marzo, una vez terminada su tramitación parlamentaria. Desgranamos las claves del acuerdo de los
presupuestos catalanes.

Grandes infraestructuras

Cerrado el acuerdo, Govern y PSC lo han detallado en dos documentos, uno de ellos -de apenas dos páginas- centrado en "grandes infraestructuras de país". Y es ahí donde entran los macroproyectos que los socialistas han defendido con firmeza durante toda la negociación, es decir, B-40, Hard Rock y aeropuerto del Prat, y que aparecían como principales obstáculos para aprobar las cuentas. Mientras según el partido de Salvador Illa son proyectos que garanticen la
"generación de prosperidad", ERC no los ve con el mismo entusiasmo y, de hecho, es consciente de la firme oposición que generan en colectivos ecologistas y del territorio. Sin embargo, en la práctica ninguno de los tres macroproyectos implica una partida específica en los presupuestos de la Generalitat.

En concreto, sobre el Hard Rock nombre oficial Consorcio Recreativo y Turístico de Salou y Vila-seca- el acuerdo defiende que durante el primer semestre de este año debe aprobarse definitivamente el plan urbanístico que permita, posteriormente, materializar el complejo. Por lo que respecta a la vía rápida B-40, el documento habla de "hacer efectivo, dentro del primer trimestre de 2023, con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el convenio de acuerdo y financiación que garantice la redacción del proyecto de la Ronda Norte". La ejecución posterior de las obras debería correr a cargo de la Generalitat.

Y en relación con el aeropuerto del Prat se plantea avanzar hacia su "modernización", a través de un acuerdo durante este año con el Gobierno central para crear "una comisión técnica que permita acordar el nuevo modelo aeroportuario que necesita Catalunya con el objetivo de transformar el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para que gane capacidad y se convierta en un verdadero hub intercontinental".

No se habla explícitamente de ampliación de la infraestructura −como ha destacado Laura Vilagrà, consellera de la Presidència− y se defiende que la modernización deberá hacerse "con respecto a la biodiversidad, a la convivencia con vecinos y vecinas y a las directivas ambientales europeas, poniendo especial cuidado en la preservación del espacio natural protegido del Delta del Llobregat". Cabe recordar que el proyecto de ampliación que tenía el
Gobierno español descabalgó precisamente por el fuerte impacto ambiental que comportaba, incluida la destrucción de parajes naturales.

Otras cuestiones planteadas en este ámbito son "asegurar la ejecución de los trabajos necesarios para completar el Corredor Mediterráneo" y avanzar hacia un servicio de Rodalies "gestionado desde Catalunya", lo que pasaría por un acuerdo con el gobierno estatal para establecer el traspaso de "recursos económicos necesarios para la adecuada gestión de los servicios ferroviarios que sean de competencia del Govern de la Generalitat, a fin de que se
apruebe en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales".

Reindustrialización y fomento de las energías renovables

El documento específico sobre las medidas acordadas para aprobar los presupuestos tiene 26 páginas y se resume en tres bloques, bajo los encabezados de "prosperidad económica", "proteger a las personas" y "transparencia". En el primer apartado se hace hincapié en la reindustrialización de Catalunya, garantizando "la ejecución de la totalidad de los importes consignados en el Pacto Nacional para la Industria, que, para 2023, son 680 millones de euros, a fin acelerar la transformación del modelo industrial del país hacia la digitalización y la sostenibilidad". También se dobla la partida de medidas de apoyo a la industria −hasta los 105 millones– y se quiere intensificar las cifras de inversión extranjera en Catalunya.

A nivel de energías renovables, se defiende que las cuentas deben contener "los instrumentos y dotaciones económicas necesarias para que se comporten como un auténtico acelerador de la producción de energía de fuentes renovables en Catalunya". En este sentido, se habla de impulsar "todas las formas de generación y almacenamiento de energía renovable: desde la promoción del autoconsumo, hasta la instalación de grandes proyectos de generación de energía renovable, pasando por la creación comunidades energéticas".

Aumento del presupuesto de Salud

El incremento de la dotación presupuestaria era una cuestión que no generaba conflicto entre socialistas y Govern y, finalmente, el acuerdo detalla que será de 1.284 millones, con lo que la partida final alcanzará los 12.212 millones. Entre otros, el aumento de recursos debe permitir alcanzar objetivos como "incorporar especial sensibilidad y énfasis en colectivos vulnerables", "consolidar la implantación de medidas sobre el bienestar emocional y avanzar en el impulso presupuestario de la salud mental o "garantizar el nivel de la actividad ordinaria, tanto en el ámbito hospitalario como en la Atención Primaria".

El documento también recalca la voluntad de reducir las listas de espera –se destinan a ello 50 millones–, así como "mejorar las condiciones laborales y retributivas" de los profesionales sanitarios, justo al día siguiente que el Departament de Salut y el sindicato Metges de Catalunya cerraran un acuerdo que ha supuesto desconvocar la huelga prevista para esta semana. En la Atención Primaria, se habla de verter una dotación de 2.100 millones y en salud mental el presupuesto crecerá en 30 millones, lo que debe permitir "finalizar el despliegue del programa de atención a la crisis de los trastornos mentales en niños y jóvenes".

Más plazas en residencias

A nivel de derechos sociales, una de las claves es que se mantiene el proyecto de plan piloto de la renta básica universal, pactado en su día entre ERC y la CUP para conseguir la investidura de Aragonès como president y que el PSC cuestionaba. Lo ha confirmado la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà. Aparte del incremento de los subsidios sociales en un 8%, el acuerdo pone el foco en la atención a las personas mayores, con un incremento de las tarifas
que se pagan en el sector residencial, lo que debe permitir mejorar las condiciones salariales de un colectivo especialmente precarizado.

También se habla de reducir en un 50% el tiempo de espera para la valoración del grado de dependencia y discapacidad, así como de destinar 56 millones a incrementar durante 2023 en 2.000 el número de plazas residenciales y centros de días, eso sí "priorizando las de iniciativa pública".

Recursos extras para la CCMA y más Mossos

El documento incluye otras muchas medidas entre las que podemos destacar que se acuerda convocar anualmente 840 nuevas plazas de agentes de los Mossos d'Esquadra, gran parte de los cuales tendrán que ir destinados a la ciudad de Barcelona. También se incrementan los recursos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) –de la que dependen TV3 y
Catalunya Ràdio–, que dispondrá de otros 32 millones "para favorecer nuevos proyectos audiovisuales". Aparte también se realizará un estudio para estudiar la integración de la Agència Catalana de Notícies (ACN) en la CCMA.

La situación de sequía también se traslada a las cuentas y se materializa en el impulso de las infraestructuras para desalar agua o producir regenerada. Se habla de un pacto nacional del agua y, entre otros aspectos, se defiende doblar el volumen de agua regenerada en Catalunya fuera del Área Metropolitana de Barcelona en los próximos cinco años, además de impulsar el proyecto de una nueva planta de regeneración de agua del Besós, así como impulsar la
ampliación de la desaladora de la Tordera.

En transporte público el documento expone diversas actuaciones de mejora en el Metro de Barcelona, en las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), así como "seguir trabajando por el despliegue del servicio de cercanías ferroviarias de Lleida, negociando a tal efecto con el operador actual, RENFE, la mejora de la frecuencia de paso de los convoyes en el área mientras no se haga el cambio de operador a FGC, previsto para 2025".

El incremento de la partida de Cultura –que alcanzará el 1,5% del presupuesto de la Generalitat, acercándose al 2% que reclama al sector– o el aumento en 10,2 millones de los recursos de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament son otros aspectos que aparecen en el documento. Por el contrario, no se hace referencia al cierre de delegaciones de la Generalitat en el exterior, otra demanda del PSC que no se llevará a cabo.