Las federaciones de Podemos de Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja se han rebelado contra las actuaciones de la dirección del partido que lidera Pablo Iglesias para apartar a Olga Jiménez de la presidencia del Comité de Garantías.

El renovado código disciplinario que ha incluido la Ejecutiva de Podemos en los nuevos estatutos abrió un debate en el seno de la Comisión de Garantías Democráticas, que es el órgano que se encarga de velar por el buen funcionamiento de la organización y el buen comportamiento de sus miembros.

Este órgano acordó proponer la nulidad de los nuevos estatutos, que establecen un régimen disciplinario e incluso sanciones para quien filtre información interna, por no figurar en los documentos que se aprobaron en Vistalegre II. A raíz de esa resolución, tres miembros del comité, Argiro Giraldo, María del Rosario Rodero e Isabel Serrano, discreparon y denunciaron a la abogada laboralista Olga Jiménez por "excederse en sus funciones", por lo que la dirección de Podemos optó por abrir un expediente disciplinario a la presidenta del órgano.

Jiménez y parte del Comité dictaminaron que los nuevos estatutos contemplaban modificaciones no votadas en la última Asamblea Ciudadana Estatal (el congreso del partido, conocido como Vistalegre II), y que por ello estas deberían ser ratificadas por las bases. En concreto, la resolución del órgano rechazaba la nueva composición del mismo Comité propuesto por la dirección, que contemplaba pasar de cinco miembros titulares y cinco suplentes a diez miembros cuyo voto valga lo mismo, por no estar contemplado en el documento organizativo DesBorda elegido en Vistalegre II.

La resolución del tribunal también cuestiona, por la misma razón, el nuevo régimen disciplinario previsto por los estatutos, que prevén, en caso de difusión de "noticias falsas", inhabilitaciones para el desempeño de cargos en el partido o de representación pública por un periodo de entre seis meses y dos años.

Ahora, las cinco federaciones citadas se han alineado con Jiménez y el resto de miembros del tribunal que dictaminaron la nulidad de los nuevos estatutos. Así, la federación madrileña ha apoyado en un comunicado "la total autonomía e imparcialidad" del Comité de Garantías y ha exigido "el deber de inhibición" de los tres miembros denunciantes.

Podem Catalunya critica por su parte la "arbitrariedad" con la que la Ejecutiva "ha interpretado los documentos aprobados" en el último congreso, "eliminando la autonomía del Comité de Garantías", mientras que las otras tres federaciones nombradas se expresan en términos similares.

Fuentes del partido contrarias a la dirección de Pablo Iglesias han criticado "el golpe a la democracia interna" que supone "la persecución" de la presidenta del Comité de Garantías "por coordinar un órgano bajo los principios del derecho", ante lo que concluyen: "La Ejecutiva debe rectificar".

Por su parte, un documento difundido por la Secretaría de Organización recuerda que en "Podemos no hay aforados" y que "jamás un Consejo de Coordinación ha dejado de tramitar una solicitud de investigación de ninguna Comisión de Garantías Democráticas", por lo que este caso no será una excepción.

Igualmente, medio centenar de miembros de diferentes Comités de Garantías del partido, tanto del estatal como de una docena de comunidades autónomas, han publicado una nota en apoyo de Olga Jiménez, y contra el expediente disciplinario abierto por la Ejecutiva "por carecer totalmente de objeto y fundamento y por haberse instruido por un órgano incompetente".

Echenique: Permite que exista "seguridad jurídica"

En una reciente entrevista, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido que el nuevo código disciplinario permite que exista "seguridad jurídica" dentro de la organización, ya que da a los miembros la capacidad de apelar y de defenderse antes de ser sancionados. A su juicio, es importante que dentro de un partido haya una norma que indique a sus miembros "qué se puede hacer y qué no se puede hacer".

Echenique sostiene que en Podemos "la inmensa mayoría de la gente se comporta de una manera normal, amable, orgánica y constructiva", aunque admite que en un espacio político "de medio millón de inscritos y decenas de miles de militantes hay de todo".

La dirección de Podemos está a la espera de un dictamen definitivo de la Comisión de Garantías, donde existen criterios contradictorios: un sector es partidario de tumbar las nuevas normas y volver a las anteriores, y otro considera que la Ejecutiva ha actuado correctamente. "Cómo no hay nada definitivo y no queremos intervenir, estamos esperando a que oficialmente nos lo comuniquen", apuntó Echenique.

Puntos polémicos

Entre los puntos del nuevo código disciplinario que más polémica han generado figura, por ejemplo, la sanción de inhabilitación de entre 6 meses y dos años a la que se pueden enfrentar los miembros que filtren información interna que "comprometa" al partido.

En los nuevos estatutos, Podemos también amplia la infracción grave que castigaba la propagación "de noticias falsas que desprestigien a Podemos, sean descalificatorias de la organización o de sus órganos". Ahora, el partido de Pablo Iglesias incluye también la difusión de noticias "manipuladas".

Además, añaden como infracción grave la de "cometer indisciplina pública en relación con las legítimas decisiones de los órganos competentes de Podemos o desobedecer las instrucciones o directrices de los órganos de gobierno y representación del partido, o de los grupos institucionales del mismo, cuando no constituya una infracción muy grave".