La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha pedido este martes a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que adopte medidas urgentes para garantizar su funcionamiento. El CGPJ se encuentra en funciones tras el bloqueo político que le imposibilita efectuar nuevos nombramientos al igual que las necesidades "materiales y personales" que arrastra el órgano como consecuencia.

Desde el alto tribunal, han transmitido a la ministra que en octubre la falta de nombramientos derivada por la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, provocará que tenga un 20% de sus plazas vacantes.

En la reunión de ambas instituciones judiciales, los presidentes de Sala han solicitado y planteado reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo debido a la necesidad del órgano de aumentar la plantilla para su funcionamiento, que cuenta con un 14% inferior de magistrados de lo legalmente previsto.

Según el Supremo esta necesidad hace que el tribunal se vea "gravemente mermado" pese al nombramiento de 12 letrados para apoyar las tareas del Gabinete técnico, y por el que estima que necesitaría la designación de un funcionario de tramitación por cada cuatro letrados de refuerzo.

Asimismo, ha recordado que el Ministerio de Justicia ha rechazado la designación de otros cinco letrados solicitados por la Sala Primera para el Área Civil del Gabinete.

Un informe que separe las competencias de Justicia y las del CGPJ

Por su parte, Llop ha solicitado al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que redacte un informe en el que separe las peticiones relacionadas con "las competencias ordinarias del Ministerio de Justicia" y las derivadas con la falta de renovación del CGPJ.

"Desde el Ministerio de Justicia estamos haciendo un esfuerzo muy importante de carácter presupuestario para el Tribunal Supremo", aclara la ministra.

Llop explica que se trata de un paquete de unos 13 millones de euros en los que se incluye, entre otros, la renovación y restauración de la rehabilitación del edificio de Génova y el incremento retributivo de los funcionarios del alto tribunal para "asimilar sus salarios a la media de los funcionarios de territorios con competencias transferidas".

"Es necesario que el Tribunal nos indique cuáles son esas carencias, esas deficiencias que afectan, no solo presupuestariamente sino también al funcionamiento normal del alto tribunal por la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces", ha insistido Llop.

Además, la ministra ha añadido que apela al Partido Popular para que salga del momento en el que únicamente mira por sus propios intereses y que en su lugar se centre en la renovación del órgano de gobierno.

Reformas legislativas

La Sala de Gobierno ha planteado varias reformas legislativas como la de casación civil para introducir un nuevo modelo que prevea un único recurso de casación, de forma que no dependa del tipo o cuantía del proceso ni fortalezca su interés en la interpretación de las normas. Y que garantice la celeridad de su respuesta para que simplifique la fase de admisión.

También proponen el recurso de casación penal para eliminar el trámite de alegaciones del que ahora disponen los recurrentes para responder a los escritos del Ministerio Fiscal y el resto de las partes personadas impugnando su recurso.

Otra reforma que sugieren es ampliar la inadmisión por providencia a los recursos contra las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional e introducir la posibilidad de plantear la insostenibilidad de la pretensión en casación.

Además, se quiere reformar la regulación del recurso de casación en lo Contencioso-Administrativo para proporcionar instrumentos y cauces procesales eficaces para atender la litigiosidad masiva, y se quiere instaurar la doble instancia penal militar.