El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado un borrador de plan de choque ante la previsible avalancha de litigios que llegarán tras el fin del confinamiento donde pretende eliminar el derecho de los presos a recurrir en apelación contra una denegación de un permiso penitenciario.

Así figura en la propuesta que debaten actualmente los jueces españoles con este órgano de gobierno y que ha sido denunciada por la Red Jurídica de Abogad@s que lo considera “un auténtico recorte de derechos”.

El CGPJ pretende que se elimine de la ley la posibilidad que tiene un preso de quejarse o recurrir una denegación de permiso penitenciarios o actuaciones administrativas "salvo afectación de derechos fundamentales".

La propuesta se realiza con motivo de la crisis del coronavirus y del Estado de Alarma, pero supone un cambio permanente ya que habría que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en su disposición adicional 5, que es la que ampara este derecho de los presos.

"Eliminar el recurso de apelación contra la denegación de permisos no solo recorta el derecho a recurrir. Además, deja sin derecho a asistencia letrada a los internos, pues en las instancias anteriores no es preceptivo el uso de abogado", denuncia la Red de Abogas@s.

La pretensión del CGPJ figura dentro de las medidas destinadas a los “colectivos vulnerables en función de circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales".

Para el CGPJ, limitar el recurso de apelación ante las Audiencias Provinciales contra determinados autos de los jueces de Vigilancia Penitenciaria aligeraría la carga de trabajo y permitiría “concentrar los esfuerzos en asuntos de mayor trascendencia".

Distintos criterios en las audiencias provinciales

El CGPJ sostiene que de esta manera aumentaría la "seguridad jurídica dado que en materia de admisibilidad de recursos de apelación contra autos de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria no existe uniformidad actual en los criterios aplicados por las diferentes Audiencias Provinciales".

El plan de choque que ha propuesto el CGPJ comprende 436 páginas y es objeto de debate entre las asociaciones de jueces y el ministerio de Justicia cuyo titular, Juan Carlos Campo, es el encargado de abordar la crisis del coronavirus en el ámbito judicial.

Real Decreto frente a la avalancha

El ministro recaba opiniones para elaborar un Real Decreto con el fin de afrontar la avalancha de asuntos que llegarán a los juzgados tras su paralización, hace más de un mes.

Por un lado, Campo debe establecer una estrategia para afrontar los asuntos que quedaron pendientes y, por el otro, adoptar medidas para agilizar los procesos ante los despidos, concursos de acreedores y reclamaciones de cantidad que llegarán.

La Unión Progresista de Fiscales ha mostrado este viernes su "sorpresa y su más absoluta indignación ante el desprecio hacia el ministerio fiscal, los fiscales y las asociaciones que los representan, por parte de ministro de Justicia" ya que Campo sólo se ha reunido con las asociaciones judiciales. "Escuchar a todos los actores que intervenimos en la Administración de Justicia es una obligación y un deber del máximo representante" de Justicia.

A su vez, Campo se ha reunido este viernes por medio de videconferencia con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón.

El Gobierno tiene previsto aprobar dentro de quince días dicho Decreto que contendrá los ejes del plan de reactivación de la Justicia ante un previsible fin de las medidas de confinamiento.