El CGPJ da un paso al frente y propone que el rey sea aforado tras su abdicación

El Consejo General del propondrá al Gobierno que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) incluya el aforamiento del rey Juan Carlos I, de tal manera que sea juzgado ante el Tribunal Supremo tras su abdicación en caso de procesamiento.

Así figura en el borrador del informe que este órgano constitucional tiene que remitir al Gobierno y que será debatido en la Comisión Permanente de este jueves, para luego someterlo al Pleno del próximo 26 de junio.

En el texto del anteproyecto que aprobó el Gobierno incluía el aforamiento de los príncipes de Asturias y de la reina ante el Supremo. Sin embargo, el anuncio de la abdicación del rey ha pillado a los vocales del Consejo en plena elaboración de su informe, así que han optado por proponer en su informe que se amplíe el aforamiento a Juan Carlos I.

La reforma del Gobierno de Rajoy de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha provocado tal escalada de críticas entre jueces, fiscales, abogados y profesores, que el Consejo dio plazo a los jueces para recibir alegaciones y debatirlas con el fin de incluirlas en su informe.

El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los jueces decanos, las tres asociaciones mayoritarias de jueces... 1.400 jueces y magistrados han remitido al Consejo una larga lista de alegaciones, muchas de ellas críticas con esta reforma que pretende el Gobierno del PP. El modelo del PP crea una estructura judicial jerarquizada, con criterios de obligado cumplimiento y dirigida por una cúpula de jueces que serán designados por el CGPJ. Previamente, el Gobierno reformó el CGPJ para que todos sus miembros sean elegidos directamente por los partidos políticos del Parlamento.

Así, la reforma prohíbe a los jueces y a sus asociaciones opinar sobre cualquier aspecto del debate político y social del país, incluidos los asuntos que están judicializados. Sólo les permite hablar a través de publicaciones doctrinales.

Crea además una jurisprudencia vinculante que emanará del Tribunal Supremo, de tal forma que será de obligado cumplimiento por todos los jueces. Sin embargo, el juez de primera instancia es el que está más en contacto con la realidad social cambiante, pero estará obligado a obedecer lo que dicte el Supremo creando así una nueva fuente del derecho.

Por si fuera poco, la reforma del PP suprime los jueces decanos, los únicos elegidos democráticamente y de forma directa por los jueces de un partido judicial. Su actuación ha sido muy relevante en esta crisis, al convocar juntas de jueces para abordar aspectos como el sistema hipotecario español, los desahucios y las cláusulas abusivas, además de para liderar las protestas de los jueces ante la falta de recursos. En su lugar, será el CGPJ el que designe a los presidentes de los llamados tribunales de instancia.

También permite que el CGPJ ordene el cese de unas determinadas críticas a los jueces, orden que se puede extender a los medios de comunicación, so pena de incurrir en delito.