A poco más de un mes de la fecha tope que llevaría a la repetición de las elecciones generales, el 27 de noviembre, la investidura de Pedro Sánchez no tiene todavía fecha concretada o, al menos, que sea pública. Pero las negociaciones continúan de forma intensa, especialmente entre el PSOE y los independentistas de ERC y Junts, y se sitúan básicamente entorno a la amnistía para los afectados por procesos judiciales derivados del procés.

Hay otras condiciones en discusión, como la oficialidad del catalán en la Unión Europea por parte de Junts, o la exigencia de mantener la mesa de diálogo donde debatir sobre un posible referéndum en Catalunya por parte de ERC. Además de temas de gestión como los trenes de Rodalies o la financiación autonómica.

Pero diversos dirigentes de los dos partidos consultados coinciden en que el foco de la negociación está puesto ahora mismo en sacar adelante la amnistía.

"Si hay amnistía está prácticamente asegurado que habrá investidura", afirma un dirigente de Esquerra. "Eso no quiere decir que renunciemos al referéndum, y el PSOE deberá aceptar que este tema debe poder ser debatido y negociado durante la legislatura, pero, aunque en la negociación hay muchos aspectos a tratar, a nadie se le escapa que la amnistía es la piedra angular para una investidura", matiza esta misma fuente de los republicanos.

Mensajes diversos sobre la amnistía

¿Está encarrilada entonces la amnistía, que facilitaría la investidura a Pedro Sánchez? Después de la presentación pública de la propuesta de Sumar, que dio un empujón —al menos mediático— a la viabilidad de la amnistía, resulta difícil saber con certeza si la negociación avanza o está cerca de descarrilar.

La posición de los diversos actores negociadores resulta críptica e incluso dispar entre las declaraciones públicas y las privadas. Por parte del PSOE, el silencio y la discreción es absoluto, tanto en público como en privado, y los socialistas despacharon la propuesta de Sumar con una frase tajante del presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez: "Conocemos la propuesta de Sumar sobre la amnistía, como también conocemos la de otros partidos, y no es la propuesta del PSOE".

"Hoy continuamos lejos del compromiso histórico que se requiere para la investidura", asegura, por su parte, la jefa de filas en el Congreso, Míriam Nogueras, de Junts. Pero, en cambio, dirigentes del partido aseguran en privado que la amnistía "está muy encarrilada".

Esquerra ha optado por la estrategia contraria. Mientras importantes dirigentes como la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, aseguraba esta misma semana que "la amnistía está a la vuelta de la esquina" y la dan por hecho, miembros de la dirección de los republicanos alertan en privado que hay "flecos decisivos" aún por resolver.

La amnistía, pendiente de algún “fleco decisivo”

Según fuentes independentistas que participan en la negociación, uno de los principales "flecos decisivos" por resolver sería el de las personas imputadas por delitos de terrorismo. El PSOE sería reticente a incluir estas causas en la amnistía por el impacto social que tiene esta tipología delictiva.

Aunque no hay evidencia alguna de que en Catalunya haya operado ningún tipo de estructura u organización terrorista durante el procés, ni que se hayan realizado acciones violentas, el simple hecho de la imputación por terrorismo que ha forzado la Justicia española en algunos casos preocupa a la dirección socialista a la hora de su inclusión en el perímetro de la amnistía.

El caso más explícito sería el de los miembros de los CDR detenidos en la llamada Operación Judas. Pesa sobre ellos los delitos de terrorismo y posesión de explosivos. Pero también podría incluir a los organizadores de las protestas de Tsunami Democràtic, que bloquearon con manifestaciones la frontera con Francia y el aeropuerto de El Prat-Barcelona, en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo.

En este último caso, se investiga como presuntos miembros de la dirección de Tsunami Democràtic a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, actualmente exiliada en Suiza, y otras personalidades vinculadas tanto a ERC como a Junts. Por ejemplo, el empresario y exdirigente de ERC, Xavier Vendrell, el también empresario y editor Oriol Soler, o Josep Campmajó. Además de intentar implicar al empresario David Madí, exdirigente de CDC y persona vinculada a la cúpula de Junts.

La opacidad judicial con que se lleva el caso impide conocer a ciencia cierta los delitos que se les imputa, aunque las múltiples filtraciones judiciales apuntan a la opción del terrorismo. Una opacidad duramente criticada por Rovira y el resto de afectados por la indefensión que genera. La no inclusión en la amnistía de todos ellos sería un golpe difícil de digerir para los dos partidos independentistas, especialmente para los republicanos.

La operación Judas contra los CDR

La operación Judas contra algunos miembros de los Comités de Defensa de la República —colectivos locales creados durante la celebración del referéndum del 2017 y que se dedican a organizar actos de protesta— se remonta al 23 de septiembre de 2019, pocas semanas antes de que se hiciera pública la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas acusados de rebelión y sentenciados por sedición.

La Guardia Civil movilizó a 500 agentes, que realizaron 10 registros en siete localidades y detuvieron a nueve personas, siete de las cuales fueron trasladadas a Madrid, acusadas de terrorismo. Fueron a prisión preventiva y no quedaron libres hasta unos meses después, cuando la Audiencia Nacional consideró que no había pruebas suficientes que justificaran mantenerlos cerrados.

En junio del 2020, la Audiencia Nacional añadió otros cuatro investigados al caso. Para uno la causa quedó archivada el pasado año. Ahora, la Fiscalía acusa a un total de 12 personas, ocho de ellas por tenencia de explosivos, pese a que la Guardia Civil no encontró ninguno.

Tsunami Democràtic

En cuanto a la investigación judicial contra Tsunami Democràtic, que también se ve en la Audiencia Nacional, podría dar un vuelco, porque la Fiscalía duda ahora de si el caso puede ser juzgado por terrorismo o no. Este factor es importante porque, en función de su consideración, la investigación podría ser trasladada a un juzgado de Barcelona y, además, sería mucho más fácil su inclusión en la amnistía.

Si decae la imputación de terrorismo, los delitos estarían relacionados con desórdenes públicos, ya que el de sedición ha desaparecido con la reforma del Código Penal. El fiscal encargado de la causa pedía mantenerla en Madrid, pero, poco después, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional le corregía y matizaba que todavía no se ha tomado la decisión, y cabe esperar unos informes policiales finales.

La decisión todavía podría alargarse, porque la fase de instrucción se amplió hasta enero del 2024. "La amnistía debe servir para anular absolutamente todas las resoluciones judiciales injustas que se han realizado contra el independentismo, con invenciones y retorciendo la legalidad", afirman desde la dirección de Esquerra. Añaden que "dejar gente fuera de la amnistía por delitos que no han cometido es una línea roja para la investidura".

"No buscamos soluciones personales a la persecución judicial contra el independentismo, sino colectivas", asegura de parte de Junts el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La delicada solución para la malversación

El de los imputados por terrorismo parece ser el fleco más espinoso para cerrar la amnistía. Aunque ello no quiere decir que no haya otros. Por ejemplo, el de los acusados por malversación. Un tema que afectaría directamente al propio Puigdemont o al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, además de a otros dirigentes de ERC y Junts.

Fuentes del PSC aseguran que hay que ir con cuidado con los cargos que en Europa pueden ser vistos como delitos de corrupción —a pesar de que en ningún caso se ha demostrado una apropiación de fondos de los imputados o para terceros—.

Tanto ERC como Junts aseguran que se está elaborando una solución, y dan por hecho el encaje jurídico para incluir estos casos en la amnistía junto al resto de encausados que están relacionados con altercados en las manifestaciones o por desobediencia al Tribunal Constitucional.

La justificación de la amnistía divide en la negociación

El otro gran escollo discutido en la negociación para la amnistía es, sin duda, el llamado preámbulo o justificación de la ley. Mientras los independentistas —especialmente Junts— ven con buenos ojos la propuesta de Sumar, donde se justifica la amnistía por "la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales", el PSOE no quiere oír hablar de descualificaciones a la Justicia española ni de la corrección de una supuesta represión judicial, como defienden los independentistas.

Para los socialistas, se trata de justificar la amnistía no porque no se cometieran los delitos, sino por una necesidad de pasar página del procés consiguiendo un bien mayor, como sería una supuesta recuperación de la concordia y la paz social en Catalunya mediante el compromiso de no reeditar los actos del 2017. Además de alegar que el encaje jurídico para que la ley de amnistía pase el filtro del Tribunal Constitucional no puede incluir el cuestionamiento de decisiones judiciales.

Un debate complicado sobre el preámbulo, donde pesan tanto o más los posicionamientos políticos e intereses electorales que las consideraciones jurídicas. Pero todas las fuentes implicadas en la negociación apuntan que, mediante determinadas filigranas léxicas y un esfuerzo de comprensión política por ambas partes, la cuestión parece estar encarrilada.

En este sentido, la amnistía se abre paso como piedra angular de la investidura de Pedro Sánchez, pero sin poder dar nada por hecho y a la espera de encontrar solución a los "flecos decisivos" pendientes. Las próximas dos semanas serán decisivas en el trabajo de los negociadores para conseguir atar los cabos sueltos y despejar el camino de la investidura probablemente para la primera quincena de noviembre, si los "flecos decisivos" no se resisten más de la cuenta.