MADRID.—La Generalitat de Catalunya ha incrementado notablemente en las últimas semanas su actividad diplomática en busca de apoyos internacionales. Si primero fue Israel —algo que no gustó nada al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo—, ahora el diario La Vanguardia publica que el Govern presidido por Carles Puigdemont ha recurrido a la ONU para recabar apoyo a su pretensión de convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya.

El diario barcelonés publica las cartas que el director general de Afers Multilaterals i Europeus del Departament d’Exteriors de la Generalitat, Manuel Manonelles, envió a el pasado 31 de agosto a Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; a Gianni Magazzeni, responsable del mismo comisionado para América, Europa y Asia Central; y a Nils Muiznieks, Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa.

En dichas cartas, Manonelles no sólo pide ayuda para su causa, sino que también denuncia "la persecución judicial" que sufren los independentistas, en clara referencia a la causa judicial abierta contra el anterior presidente de Catalunya, Artur Mas, el diputado Francesc Homs y la exconsellera Irene Rigau por la convoatoria de una consulta el 9 de noviembre de 2014. 

En concreto, Manonelles denuncia la "persecución a los representantes electos que apoyaron la Resolución I/XI del Parlament de Catalunya, por la que la institución declaraba "solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán en forma de República".

Las misivas anuncian también "las medidas que el futuro gobierno catalán aplicará con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales afectados por las decisiones del Estado español". La Generalitat se lamenta de que el Estado haya suspendido una ley de medidas urgentes para paliar situaciones de emergencia social, de vivienda y de necesidades energéticas. Una ley que, explica Manonelles, tenia por objeto "garantizar suministro de agua potable, gas y electricidad a personas en riesgo de exclusión social".