El Gobierno ha suprimido parte del entramado soberanista del Govern, como el Consejo asesor para la Transición Nacional, así como las delegaciones diplomáticas catalanas. Además, ha anulado la comisión sobre violación de derechos fundamentales durante el referéndum del 1 de octubre que se iba a crear para vigilar el trabajo del Poder Judicial en la investigación de los más de un centenar de procesos abiertos por las cargas policiales y agresiones ocurridas aquella jornada.

Esta comisión fue creada por un acuerdo del Ejecutivo catalán e iba a ser destinada a recabar las supuestas violaciones de derechos fundamentales el 1-O y a "velar porque el sistema judicial sea, en este caso, igual de diligente y utilice todos los recursos que ha sido capaz de utilizar y de demostrar para perseguir otros hechos, con la finalidad de garantizar que también haya equidad y justicia para los que denuncian crímenes contra los derechos fundamentales".

La Comisión especial tenía por objeto documentar, determinar y difundir las violaciones de derechos fundamentales de las personas "como consecuencia de las acciones y omisiones imputables a las instituciones y órganos del Estado y, de forma particular, de las actuaciones del Gobierno del Estado, de la Fiscalía, del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de aclarar los hechos y evitar la impunidad de los órganos y las personas que sean responsables de los mismos".

Los representantes de los jueces y fiscales de todo el espectro ideológico suscribieron un comunicado conjunto en el rechazaban esta Comisión y recordaban al Govern que es el Poder Judicial el que garantiza los derechos fundamentales y las libertades públicas; los decanos la tildaron de "esperpento sobrecogedor", y el Consejo General del Poder Judicial la definió como "una flagrante, insólita e injustificable violación" de la independencia judicial.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el Real Decreto 945/2017 que suprime aquellos órganos "que resulten innecesarios en este contexto o que hayan sido creados con la única finalidad de responder al desarrollo del proceso secesionista, puesto que el mismo ha sido prohibido por sucesivas sentencias judiciales" del Tribunal Constitucional, pero no anula los órganos que han sido creados por leyes impugnadas ante el alto tribunal: la Agencia de Ciberseguridad, la Agencia Catalana de Protección Social o la Agencia Tributaria.

Por ello, anula la Oficina del presidente de la Generalitat; Oficina del vicepresidente de la Generalitat; Consejo Asesor para la Transición Nacional, ahora llamado Instituto de Estudios de Autogobierno; Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Catalunya; Patronato Catalunya Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (DIPLOCAT); delegaciones del Gobierno de la Generalitat en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Austria, Italia, Marruecos, Santa Sede, Portugal, Dinamarca, Polonia y Croacia, así como las delegaciones abiertas ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena.

Este Real Decreto cesa a todos los titulares de estos órganos y oficinas, así como al delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell; el representante permanente ante la UE, Amadeu Altafaj; el secretario general del Departamento de Interior, César Puig y el director general de los Mossos, Pere Soler.