El exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar sobre los contratos que durante cerca de 13 años la entidad que presidía Francisco González suscribió con empresas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo a cambio de cantidades millonarias.

Cano, investigado por un presunto delito de cohecho, ha acudido a la Audiencia Nacional minutos antes de las diez de la mañana y se ha mostrado "muy tranquilo". A su salida, media hora después, solo ha añadido que no ha aportado documentación alguna al instructor y los fiscales Anticorrupción y ha preferido guardar silencio.

De igual modo, ha decidido no prestar declaración el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo, citado a la par que Cano dado que ambos se encontraban fuera del país cuando fueron convocados la primera vez.

Es la misma estrategia que han seguido el resto de altos cargos del BBVA que han pasado hasta ahora ante el juez, que se han venido acogiendo al derecho a no contestar al interrogatorio dado que la causa sigue secreta y no tienen así acceso a las actuaciones.

Sólo uno de los directivos rompió esta línea, y fue para comentar brevemente a preguntas de su abogado que existían contratos con la empresa de Villarejo para localizar morosos pero él personalmente no tenía constancia de que el comisario estuviera detrás. Situó los contratos entre 2010 y 2013.

Precisamente, este jueves Moncloa.com y El Confidencial difunden una batería de audios en los que el ex jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano traslada a Villarejo un encargo cuyo origen atribuye a Francisco González y del que sería conocedor un tal "Ángel", en fechas en que Cano era el número 2 del banco, 2009. Se trataba de conseguir que Martinsa afrontase la deuda que tenía con la entidad, evitando que ocultasen bienes.

En 2004 el encargo fue conseguir que la constructora Sacyr no entrase en el Consejo de Administración del banco y se recurrió para ello a los servicios del comisario, quien este miércoles contaba a fiscales Anticorrupción y juez que además de un trabajo "defensivo" para el banco, estaba acometiendo una labor en defensa de la soberanía económica de España. Desplegó seguimientos a políticos, empresarios y periodistas por aquello.